El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura provincial el proyecto de ley que dispone la expropiación del predio conocido como la chanchería perteneciente a la familia Sena.
La medida fue formalizada tras la firma del gobernador Leandro Zdero y presentada oficialmente por el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, junto al subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro.
El proyecto fue remitido ayer al cuerpo legislativo para su tratamiento y eventual aprobación, en el marco de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo provincial.
La iniciativa establece que el inmueble, de más de 27 hectáreas de superficie, sea destinado a la construcción de espacios públicos vinculados a la reinserción social y a la formación laboral.
Según los fundamentos del texto, el objetivo es recuperar un bien del Estado que había sido adjudicado para un fin productivo y reorientarlo hacia un uso social y comunitario. El predio está ubicado en el área metropolitana del Gran Resistencia y posee las condiciones necesarias para el desarrollo de infraestructura destinada a programas sociales.
La propuesta fue elaborada en cumplimiento del anuncio realizado por el gobernador Zdero el viernes anterior, durante una conferencia de prensa en la que anticipó el envío del proyecto.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar en la recuperación del inmueble y dar un nuevo destino al espacio, conforme a las políticas provinciales orientadas a la inclusión, el trabajo y la salud comunitaria.
OBJETIVOS Y DESTINOS DEL PROYECTO
El proyecto de ley detalla que el predio será destinado a la edificación de centros de reinserción social en el marco del programa provincial Fortaleza, enfocado en el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias.
Asimismo, prevé la creación de centros de experiencia y formación laboral, con el propósito de generar oportunidades de capacitación y empleo para personas en proceso de rehabilitación o en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, se busca fortalecer las políticas públicas de inclusión mediante la articulación de recursos estatales y comunitarios.
Por otro lado, Ferro explicó que «de esta forma se da cumplimiento al anuncio realizado el viernes pasado por el gobernador; se espera que el proyecto tome estado parlamentario lo antes posible y cuente con el acompañamiento legislativo».
El expediente contempla los pasos técnicos y jurídicos necesarios para garantizar la transparencia de la operación.
Se recuerda que el Fortaleza, que depende del Ministerio de Salud Pública, trabaja en la prevención, tratamiento y reinserción de personas con consumos problemáticos.
La decisión de destinar el predio a la ampliación de este programa responde a una política de Estado orientada al fortalecimiento de redes comunitarias y a la promoción de la salud integral.
Los centros previstos incluirán espacios de formación, talleres laborales y actividades terapéuticas que contribuyan a la reintegración social de los beneficiarios.
ANTECEDENTES
DE LA PROPIEDAD
El inmueble en cuestión fue adjudicado en 2015 a Emerenciano Sena con el objetivo de desarrollar un emprendimiento productivo de tipo agropecuario. La adjudicación se realizó bajo un régimen de uso y ocupación destinado a proyectos sociales y cooperativos.
Sin embargo, el uso posterior del predio y las circunstancias judiciales que rodean a la familia Sena motivaron la revisión del otorgamiento original. Con el nuevo proyecto, la provincia busca recuperar la titularidad plena del terreno para destinarlo a fines públicos.
La expropiación implica, según el procedimiento previsto, la transferencia del título de propiedad a favor del Estado provincial mediante una compensación económica. Esta compensación se deposita en una cuenta judicial, de modo que la Justicia determine su titularidad en caso de presentarse reclamos posteriores.
Gutiérrez indicó que «para el proyecto se efectuó un estudio de dominio del campo; una vez que el proyecto se convierta en ley, interviene la Fiscalía de Estado, quien informa a la Junta de Evaluación para que realice la correspondiente valoración del inmueble».
De esta manera, el Ejecutivo asegura que se cumplan todos los procedimientos técnicos previos a la inscripción definitiva del terreno a nombre del Chaco.
La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el gobierno provincial orientadas a recuperar y regularizar bienes inmuebles estatales.
Proceso legislativo
Con el ingreso formal del expediente a la Cámara de Diputados del Chaco, se inicia el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa deberá ser girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Legislación General, donde se analizarán los fundamentos técnicos y jurídicos.
Una vez obtenidos los dictámenes favorables, el proyecto será puesto a consideración del pleno legislativo para su debate y votación. El Poder Ejecutivo expresó su confianza en que el trámite avance sin demoras.
En caso de aprobarse, la ley facultará a la Fiscalía de Estado a realizar todas las gestiones necesarias para la inscripción del inmueble a nombre de la provincia.
Posteriormente, la Junta de Evaluación determinará el valor del bien expropiado, conforme a los criterios establecidos por la normativa provincial. El monto resultante será depositado en una cuenta judicial a la espera de las resoluciones correspondientes en materia de titularidad y compensación.
El proyecto también prevé la intervención de organismos técnicos vinculados a la planificación urbana y al desarrollo social, con el objetivo de definir el diseño y la localización de los nuevos centros.
De acuerdo con las autoridades provinciales, el predio ofrece una ubicación estratégica que permitirá articular acciones con otras instituciones del Estado y organizaciones sociales. La construcción de las nuevas instalaciones se realizará en etapas, conforme a la disponibilidad presupuestaria y a la planificación del programa.
El gobierno provincial destacó que la medida forma parte de un proceso de reorganización y aprovechamiento de terrenos estatales y expropiados. Este proceso busca garantizar que los inmuebles con potencial comunitario se destinen a políticas públicas sostenibles. La recuperación de tierras con fines sociales es considerada una herramienta fundamental para mejorar el acceso a servicios y promover la integración territorial.
La Legislatura chaqueña cuenta ahora con la responsabilidad de analizar el proyecto y debatir su aprobación en el marco del procedimiento democrático.
De aprobarse, el Ejecutivo podrá avanzar con los estudios técnicos, la licitación de obras y la implementación de los programas previstos. Las autoridades provinciales señalaron que la ejecución del proyecto permitirá no solo recuperar un predio de alto valor, sino también fortalecer las redes institucionales de inclusión social y formación laboral en la provincia.