El Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre, informaron fuentes de la Presidencia este mediodía. La decisión contempla posibles extensiones para el mes de enero y febrero, como ha sucedido en los dos últimos años con las respectivas discusiones de paquetes de leyes enviadas por el oficialismo.
La Casa Rosada tiene decidido aprovechar el recambio legislativo para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026. Así, busca dejar atrás las dos prórrogas presupuestarias que realizó el Presidente en años anteriores y tener -por primera vez en la gestión- una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, algo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos, los gobernadores y amplios sectores de la oposición.
A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno de Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas afines. En el Senado, el número será de 18 legisladores violetas, teniendo a varios bloques minoritarios con intenciones de acordar con ellos.
A pesar de que consiguieron un dictamen de mayoría ayer por la tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en La Libertad Avanza decidieron que esperarán a que se realice la renovación legislativa para estar en mejor posición para negociar con otros espacios.
La aprobación del Presupuesto 2026 es extremadamente probable, pero no dejará el tiempo suficiente como para que el oficialismo pueda tratar las tres reformas principales que impulsará en extraordinarias: la tributaria, la laboral y la penal. Es por eso que en Casa Rosada descuentan que habrá prórrogas para los primeros dos meses del año, dado que el volumen de las discusiones excederá a los plazos previstos hoy en día.
“Con eso podés cubrir obras públicas y ciertas partidas de transporte, así como algunas deudas que hoy en día mantiene la Nación con las provincias”, marcó una altísima fuente.
Para estas semanas, el Gobierno está dispuesto a negociar aspectos más finos del Presupuesto con los gobernadores de todo el país. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene decidido hacer una convocatoria a la mayor cantidad de provincias posibles como para continuar con el sendero dialoguista que Milei pidió que tenga esta nueva etapa de la gestión. El operativo todavía está en ciernes y no se inició, pero podría haber novedades la semana próxima con un llamado amplio.
La demostración inicial del Gobierno debe ser contundente, opinan desde varias provincias. “Tienen que recuperar la credibilidad perdida en el último año. Si en Rosada siguen convencidos de que nosotros tenemos que acatar, les va a ir mal. Tienen que terminar con el esquema de validaciones que hacía imposible que un pedido provincial prosperara y facilitar las cosas. A nosotros nos mearon varias veces y no necesitamos gestualidad sino gestos concretos. Con eso va a ir bien la relación”, esgrimen desde una de ellas.
Las negociaciones también incluyen la cancelación de deudas con las provincias, un tema que gestiona el ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, el Ejecutivo descarta por ahora realizar concesiones a los mandatarios dialoguistas respecto al esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La responsabilidad de las negociaciones recae en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A ellos se suma el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, encargado de la organización nacional de La Libertad Avanza, todos bajo la órbita directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.