El diputado provincial Samuel Vargas presentó en la Legislatura del Chaco el proyecto de ley expediente 170/25, que propone la creación del programa provincial de capacitación y certificación laboral, destinado a vigiladores y personal de limpieza.
La iniciativa busca establecer la obligatoriedad de la formación profesional para quienes se desempeñan en estas actividades, con el propósito de jerarquizar el trabajo, dotarlo de mayor seguridad y profesionalismo, y delimitar con claridad las funciones de cada tarea.
En diálogo con Radio Facundo Quiroga, Vargas explicó que el proyecto surgió de una propuesta de la Cámara de Empresarios de Seguridad Pymes del Chaco, cuyos representantes «analizaron las debilidades y fortalezas del rubro» y plantearon la necesidad de una capacitación formal.
«Ellos demandan la obligatoriedad de la capacitación del recurso humano que va a estar tanto en la actividad de seguridad privada como en la limpieza real», sostuvo el legislador.
origen en
el sector
El diputado relató que la propuesta llegó a la Legislatura tras el trabajo conjunto con la presidenta de la Cámara de Empresarios de Seguridad. «Se acercaron a conversar con la presidenta, quien inicialmente introdujo el proyecto para que tome estado parlamentario. Luego me contactaron, le consulté si podíamos desarrollar el proyecto para su aprobación, me dijo que sí y nos pusimos a trabajar», explicó Vargas.
De acuerdo con el legislador, la intención es que todo el personal que preste servicios en empresas grandes o pequeñas esté debidamente capacitado.
El proyecto contempla la formación tanto en aspectos técnicos y operativos como en contenidos vinculados al comportamiento social, primeros auxilios y manejo de emergencias.
«Ellos ven que los desafíos del mercado laboral cada vez son más exigentes y quieren poner en valor este trabajo tan noble que se desarrolla en el norte grande de la Argentina», expresó.»
Contenidos de
la capacitación
El programa de capacitación laboral apunta a definir claramente las misiones y funciones de los trabajadores, evitando que se los destine a tareas ajenas a su rol profesional.
Asimismo, Vargas advirtió que actualmente «en algunos supermercados o rubros similares, el vigilador no cumple con su tarea de prevención, sino que más que nada es un asistente o repositor, o muchas veces chofer de un camión».
La formación propuesta incluye nociones de psicología aplicada, atención ante emergencias, manejo de matafuegos y prevención de riesgos, con el objetivo de que el trabajador «esté a la altura de las circunstancias» hasta la llegada de la autoridad correspondiente.
«El recurso humano debe saber intervenir en milésimas de segundo si alguien se descompone, manejar un matafuego o discernir si alguien merodea un sector», precisó el diputado.
Asimismo, señaló la importancia de establecer un manual de misiones y funciones para cada categoría laboral. «Cuando uno le otorga las misiones y funciones, ellos saben hasta dónde pueden llegar. Hemos visto vigiladores que intentan cumplir tareas que por potestad tiene la Policía del Chaco, y eso es lo que no hay que confundir», remarcó.
Complementariedad con la seguridad
Uno de los ejes centrales del proyecto es dejar claramente delimitado el ámbito de acción del personal de seguridad privada y el de la Policía del Chaco.
Vargas aclaró que la iniciativa no busca superponer competencias ni reemplazar funciones del Estado. «Los vigiladores deben discernir muy bien hasta dónde pueden llegar y pedir siempre el apoyo de la Policía del Chaco. Para eso necesitamos personal capacitado», subrayó.
En ese sentido, explicó que la seguridad privada cumple una tarea preventiva dentro de los límites de la empresa o institución que contrata el servicio, mientras que la policía tiene la potestad de custodiar y prevenir el bienestar general del pueblo del Chaco.
«Muchas veces las empresas privadas necesitan hacia adentro custodiar los intereses de la empresa, y la potestad de la Policía es custodiar el bienestar general. Estas dos cuestiones deben estar bien claras», afirmó.
Estado parlamentario
El legislador informó que el proyecto ya cuenta con estado parlamentario y que comenzó una etapa de socialización y debate con los distintos sectores involucrados. «Recién hemos arrancado. Ya tiene estado parlamentario, pero empezamos con un primer conversatorio donde sociabilizamos el proyecto, lo pusimos a consideración y seguramente lo seguiremos haciendo», explicó.
La intención, según Vargas, es abrir el diálogo con empresarios, sindicatos y trabajadores del sector para recoger opiniones y propuestas que enriquezcan la normativa. «Vamos a avanzar en una serie de consideraciones, opiniones, y dejar bien establecido que no se contrapone con las leyes de seguridad pública, como la Ley 2011-J», indicó.
De esa manera, el legislador busca despejar posibles confusiones y resistencias dentro del ámbito de la seguridad pública. «Queremos que se entienda que esto no tiene nada que ver con tomar la potestad de la Policía del Chaco. Una cosa es la seguridad privada y otra, la seguridad pública», puntualizó.
Profesionalización y dignificación
El proyecto también apunta a reconocer la importancia social y económica de los rubros de vigilancia y limpieza, actividades que suelen desempeñarse en condiciones precarias o sin formación formal. «Queremos poner en valor un trabajo noble y cada vez más exigente», sostuvo Vargas.
La certificación prevista por la ley no solo acreditará la capacitación técnica, sino que también permitirá jerarquizar la tarea ante las empresas y el Estado, abriendo la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de quienes desempeñan estas funciones.
«Capacitar no es solamente enseñar técnicas, sino reconocer la importancia del rol que cumplen. Ellos son quienes garantizan el orden, la limpieza y la seguridad cotidiana en muchísimos ámbitos. Si están bien formados, toda la sociedad gana en calidad y en prevención», expresó el diputado.
Impacto esperado
De aprobarse, el programa beneficiará a cientos de trabajadores que actualmente prestan servicios en empresas privadas de seguridad y limpieza, shoppings, supermercados, hospitales, instituciones públicas y eventos masivos.
El proyecto también prevé la participación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo en el diseño de los programas formativos, así como la creación de registros provinciales de personal capacitado.
Esto permitirá a las empresas contratar exclusivamente a trabajadores certificados, garantizando estándares mínimos de calidad y profesionalismo. «Queremos que cada vigilador o trabajador de limpieza tenga un certificado que acredite su formación. Eso le da más valor a su tarea, más oportunidades y más respeto», manifestó Vargas.
Una apuesta al desarrollo
Finalmente, el diputado destacó que la iniciativa se enmarca en una política provincial de fortalecimiento del capital humano. «En un contexto de transformaciones laborales, necesitamos personal preparado, con herramientas y conocimientos actualizados. El futuro del trabajo también pasa por la capacitación permanente», afirmó.
Por otro lado, Vargas sostuvo que la profesionalización del trabajo es clave para generar empleo de calidad y consolidar sectores productivos. «Si logramos que las empresas cuenten con personal capacitado y certificado, vamos a mejorar la competitividad y la seguridad de todos», concluyó.