La Cámara de Diputados del Chaco aprobó el miércoles el Presupuesto General 2026 en una sesión ordinaria que se caracterizó por la intensidad del debate y la confrontación de posturas entre los distintos bloques legislativos.
La norma fue sancionada con 29 votos a favor, dos en contra y una abstención, otorgando al Poder Ejecutivo provincial la herramienta financiera fundamental para planificar el próximo ejercicio fiscal.
El proyecto, remitido por el gobierno chaqueño, prevé erogaciones totales por $4.4 billones y proyecta un resultado financiero positivo de $156.5 millones. Este superávit será destinado a equilibrar las cuentas públicas, en un contexto económico nacional marcado por la inflación y las restricciones presupuestarias.
Desde el oficialismo se remarcó que el Presupuesto 2026 «refleja una administración ordenada y con equilibrio fiscal», mientras que los sectores opositores, si bien acompañaron la sanción general, advirtieron que mantendrán una postura crítica durante la ejecución de los fondos.
El documento, según el Ejecutivo, busca garantizar el funcionamiento del Estado provincial y sostener los principales programas sociales, sanitarios y educativos.
La votación tuvo lugar en la sesión número 16 del año, y su desarrollo estuvo marcado por fuertes intercambios entre los bloques. Las diferencias se concentraron en la asignación de partidas, el nivel de endeudamiento y las previsiones salariales, aunque la mayoría de los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con un presupuesto aprobado antes de fin de año.
Con esta sanción, el gobierno provincial cuenta ya con el marco legal que permitirá iniciar la planificación económica de 2026, estableciendo los lineamientos financieros, de inversión y de gasto público que guiarán la política provincial durante el próximo período.
POSICIONES POLÍTICAS
Durante la sesión, los bloques expresaron posturas divergentes sobre el destino de los recursos públicos. El oficialismo defendió la propuesta original del Ejecutivo, subrayando la importancia de mantener un equilibrio presupuestario sin comprometer la inversión en sectores prioritarios.
«Este es un presupuesto equilibrado, responsable y necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales», sostuvieron desde la bancada oficial.
Por su parte, la oposición acompañó el proyecto en general «para no paralizar la gestión», pero manifestó objeciones en la votación artículo por artículo. Los legisladores opositores reclamaron mayor transparencia en la ejecución de los fondos y pidieron una revisión más profunda de las asignaciones destinadas a salud, educación y obra pública.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, adelantó que su espacio mantendría la redacción original del proyecto «al margen de cualquier modificación que se plantee desde la oposición», una postura que terminó imponiéndose en la votación particular.
Desde el Frente Chaqueño, el diputado justicialista Nicolás Slimel presentó una serie de propuestas de modificación orientadas a reforzar partidas específicas y atender reclamos de distintos sectores laborales y sociales. Estas mociones fueron debatidas y, en su mayoría, rechazadas por la mayoría parlamentaria.
Propuestas de modificación de la oposición
El diputado Nicolás Slimel presentó modificaciones en varios artículos del proyecto. En el artículo 7, planteó «la situación de congelamiento de la planta permanente y de regularización de los contratados», subrayando la necesidad de ofrecer estabilidad laboral y reconocer los años de servicio de los trabajadores estatales.
En el artículo 8, el Frente Chaqueño propuso «la incorporación de la cláusula gatillo para los docentes» y la «actualización salarial de los trabajadores», una medida destinada a garantizar que los ingresos acompañen el ritmo inflacionario. Slimel recordó que este reclamo «fue mencionado en cada una de las alocuciones que tuvimos los legisladores».
Otro de los planteos más debatidos se concentró en el artículo 9, donde se solicitó un incremento presupuestario para algunas jurisdicciones específicas, entre ellas el Comité Provincial Contra la Tortura, cuyo presupuesto «se redujo un 50% interanual sin ningún tipo de justificación».
Esta moción obtuvo el voto favorable del diputado radical Carim Peche, convirtiéndose en la única modificación parcialmente aprobada.
El Frente Chaqueño también propuso asignaciones adicionales para los Consorcios de Servicios Rurales y partidas específicas para las comunidades de los pueblos originarios, planteando destinar «1% de los gastos del Ministerio de Capital Humano» a estos fines.
Asimismo, se solicitó que a partir del artículo 20 se asignen recursos para programas de infancia, equivalentes al «25% del presupuesto del Ministerio de Capital Humano», además de incorporar artículos vinculados al cumplimiento de los etiquetados presupuestarios con perspectiva de género y ambiente, «que también sufrieron recortes».
Finalmente, se propusieron artículos destinados a la reorientación de la asistencia alimentaria y al establecimiento de un tope en las retenciones del Fondo de Participación Municipal, «que hoy no se están cumpliendo», según denunciaron los legisladores del Frente Chaqueño.
Detalles financieros
El Presupuesto 2026 contempla recursos totales por 4,4 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones corresponden a ingresos corrientes y $179.314 millones a recursos de capital. Esta estructura permitirá sostener el funcionamiento operativo del Estado provincial y financiar obras de infraestructura y programas de inversión.
El documento establece un superávit financiero de $156.5 millones, destinado a compensar desbalances y asegurar un ejercicio fiscal equilibrado.
En materia de gastos, el total previsto asciende a $4.407.713 millones, mientras que los recursos estimados alcanzan $4.407.870 millones.
Las fuentes de financiamiento ascienden a $385.566 millones, provenientes de endeudamiento público, emisión de Letras del Tesoro y otras cuentas por pagar.
El detalle incluye $77.917 millones de endeudamiento público, $140 mil millones por emisión de Letras y $167.649 millones en otras obligaciones.
Las aplicaciones de financiamiento, por su parte, totalizan $385.723 millones, de los cuales $138.123 millones se destinarán a amortización de deudas, $192 mil millones a la cancelación de pasivos de corto plazo y $55.600 millones al aumento de cuentas a cobrar.
ENFOQUE SOCIAL, AMBIENTAL Y DE GÉNERO
El Presupuesto 2026 incorpora un enfoque transversal de políticas con perspectiva de género, ambiental y de niñez, con asignaciones específicas para cada una de estas áreas.
En materia ambiental, se destinarán $35.493 millones a obras públicas, infraestructura y salud, en el marco de proyectos orientados al desarrollo sostenible.
El enfoque de género se consolida con una asignación de $109.555 millones, orientada a promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En cuanto a las políticas de niñez y adolescencia, se destinarán $1.16 billones a programas de protección, educación y asistencia social.
En materia laboral, el presupuesto fija en 74.626 el total de cargos del personal estatal y 282.623 las horas cátedra, estableciendo que «serán nulas las designaciones sin cargo vacante ni crédito presupuestario».
En el plano de los programas especiales, se prevé la continuidad del plan Chaco Subsidia, con una inversión de $32.319 millones destinada a sostener las tarifas de transporte y energía, así como beneficios tributarios por $12.483 millones en concepto de promoción económica y exenciones fiscales.