El Presidente habló en Corrientes, durante el 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad, sobre los fundamentos de su propuesta. Basó su planteo en el concepto de prelación, que establece jerarquías entre acuerdos laborales, y en la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo para adecuarlo a la productividad regional. Destacó que la región sería uno de los principales beneficiarios, con un potencial aumento del 17% en el empleo si se habilitaran acuerdos regionales. Asimismo, vinculó salarios y productividad, proyectó la expansión del sector servicios y cuestionó la vigencia de un sistema que mantiene al 50% de los trabajadores en la informalidad.
El presidente Javier Milei afirmó ayer en su exposición que las condiciones laborales unificadas generan efectos negativos sobre las provincias del Norte Argentino, al explicar que la productividad regional presenta brechas significativas respecto de otras zonas del país.
Fundamentó su posición en un estudio de la Universidad de San Andrés, elaborado por alumnos de «macro» avanzada del profesor Sturzenegger, donde se establece que la productividad en la zona Pampeana es 20% superior a la del Noroeste.
Sostuvo que, al fijarse reglas homogéneas basadas en los estándares de la región más competitiva, «usted destruye puestos de trabajo en la zona del Noroeste», y advirtió que la actual estructura laboral no reconoce las diferencias productivas.
En ese marco, remarcó que, de permitirse esquemas regionales de negociación, «el empleo en la zona del noroeste subiría un 17%», lo que -según su análisis- ofrecería un alivio inmediato a la situación económica y social del norte argentino.
El mandatario indicó que la posibilidad de realizar acuerdos laborales diferenciados por región permitiría a los gobernadores del Noroeste liberar recursos actualmente destinados a sostener empleo público, al que definió como una forma de «seguro de desempleo permanente». Destacó que, si pudiera avanzarse hacia un esquema laboral con mayores grados de autonomía local, las provincias del norte podrían reorientar fondos hacia actividades esenciales vinculadas a la educación, la seguridad y la salud.
Milei remarcó que estos cambios no solo mejorarían la eficiencia administrativa, sino también la productividad provincial, dando lugar a una estructura más dinámica que permita fortalecer la actividad privada en territorios históricamente rezagados.
Asimismo, subrayó que esta redefinición de competencias en materia laboral significaría una ventaja para las jurisdicciones con menor desarrollo relativo, puesto que facilitaría la adecuación de los acuerdos a las condiciones económicas específicas de cada región.
Según su perspectiva, la existencia de un régimen homogéneo no contempla las asimetrías de productividad y genera distorsiones que afectan especialmente al Norte Argentino. Consideró que un sistema flexible permitiría dar respuesta a las necesidades reales de cada provincia, alentando la creación de empleo genuino y reduciendo la dependencia de estructuras estatales sobredimensionadas.
ESTRUCTURA LABORAL Y PRELACIÓN
Milei explicó que su propuesta se basa en un sistema de siete bloques organizados bajo el concepto de «prelación», al que definió como un orden de jerarquía en el que «el acuerdo más chico mata acuerdo más grande».
Asimismo, especificó que, bajo este mecanismo, «un acuerdo de empresa mata a un acuerdo, digamos, municipal», mientras que este último prevalece sobre un acuerdo provincial, y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel nacional. Señaló que este principio permitiría establecer reglas más eficientes, ya que cada convenio se ajustaría a las condiciones económicas reales de la unidad productiva involucrada. Sostuvo que este esquema resolvería las distorsiones derivadas de un marco unificado que desconoce la heterogeneidad estructural del país.
El Presidente argumentó que el modelo vigente de negociación laboral se encuentra desfasado respecto de las dinámicas económicas actuales y que su modificación podría generar un impacto inmediato en términos de competitividad.
En este sentido, afirmó que la prelación permitiría corregir errores generados por normas que priorizan acuerdos generales por encima de realidades productivas específicas. Aseguró que, al regirse por condiciones más cercanas a las capacidades concretas de cada empresa o región, se favorecería un entorno propicio para el empleo formal y el desarrollo sectorial. Consideró que la rigidez normativa es uno de los principales obstáculos para la expansión económica sostenida.
Al ampliar su explicación sobre la prelación, Milei remarcó que esta estructura daría lugar a un proceso más racional en la asignación de recursos humanos y materiales.
Expresó que la imposición de convenios generalizados limita la capacidad de innovación de las organizaciones y reduce su margen de acción ante cambios de mercado. Sostuvo que permitir que acuerdos menores prevalezcan sobre los mayores impulsaría la competitividad, ya que cada actor podría adaptar sus condiciones laborales a la productividad alcanzada. Destacó que este enfoque descentralizado es fundamental para acompañar un modelo económico basado en eficiencia y dinamismo.
Salarios y reasignación de recursos
El mandatario afirmó que es fundamental que «los salarios mapeen con la productividad», planteando que el funcionamiento eficiente del mercado depende de la correspondencia directa entre los resultados económicos y las remuneraciones.
El Presidente enfatizó que este principio es indispensable en un contexto en el que la Argentina atraviesa una transformación estructural profunda. Advirtió que la reasignación de recursos será una característica central del proceso, por lo que se requieren «mercados laborales más flexibles» que permitan absorber cambios con mayor velocidad. Consideró que la articulación entre productividad y salarios es clave para lograr una economía más sólida y orientada al crecimiento.
Milei sostuvo que, de concretarse la reforma laboral, la movilidad entre sectores podría acelerarse y convertirse en un factor fundamental para la recuperación económica. En este marco, explicó que un incremento importante de divisas en el sector transable generará una apreciación inevitable de la moneda, lo que derivará en una reasignación de recursos hacia el «sector no transables».
Según su análisis, este proceso es característico de economías en expansión y representa una oportunidad para dinamizar áreas vinculadas a los servicios. Señaló que esta redistribución de recursos requiere un sistema laboral adaptado a nuevas demandas productivas.
El Presidente destacó que, a partir de este escenario, se produciría una expansión significativa de la actividad vinculada al consumo interno, en particular del «sector de servicios se va a expandir mucho». Enfatizó que este segmento es intensivo en empleo y que su crecimiento permitiría la generación de puestos de trabajo de manera sostenida, contribuyendo a elevar los niveles salariales reales.
Además, destacó que el desarrollo de servicios asociados a actividades recreativas, gastronómicas y culturales podría fortalecerse en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. Según su visión, la reforma laboral brindaría a la población mejores oportunidades laborales y acceso a empleos con remuneraciones más competitivas.
Asimismo, aseguró que la expansión del sector servicios repercutiría directamente en la calidad de vida de la población, ya que habilitaría el acceso a bienes y actividades que forman parte de un estilo de vida más equilibrado. Sostuvo que la posibilidad de que las personas accedan rápidamente a un empleo permitiría consolidar una dinámica económica más estable y previsible.
El mandatario remarcó que la clave de este proceso radica en la capacidad de adaptación del mercado laboral, que, bajo su propuesta, ofrecería un marco acorde a la evolución productiva. Planteó que esta flexibilidad es esencial para acompañar la transición hacia un modelo económico más eficiente.
Por otra parte, insistió en que la reforma permitiría corregir problemas estructurales del mercado laboral argentino, entre ellos la alta informalidad. En su exposición afirmó que «el 50% está en la informalidad», lo que a su criterio evidencia que el sistema actual «no puede venir a decir que se pierden derechos».
Argumentó que quienes cuentan con contratos vigentes mantendrían sus condiciones actuales, mientras que quienes se desempeñan en el mercado informal accederían por primera vez a derechos laborales. Señaló que la reforma busca reducir inequidades existentes y garantizar un marco legal más equilibrado para todos los trabajadores.
En su defensa del proyecto, Milei sostuvo que la reforma representa una oportunidad para avanzar hacia un régimen laboral más inclusivo y orientado al empleo formal. Planteó que la clave está en generar condiciones que faciliten la creación de puestos de trabajo y permitan la movilidad entre sectores productivos.
Aseguró que este enfoque contribuiría al fortalecimiento de la estructura económica del país y a la consolidación de un sistema más competitivo.