El Ministerio de Seguridad puso en marcha el plan Paraná como una estrategia integral destinada a intensificar la vigilancia y el control en la hidrovía Paraná–Paraguay ante el incremento de delitos transnacionales que afectan a la frontera fluvial.
La iniciativa surge en respuesta al avance del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos, actividades que en los últimos años se consolidaron en uno de los corredores logísticos más importantes de la región.
Las autoridades destacaron que «la combinación de una extensa traza fluvial y la falta de tecnología suficiente fue aprovechada por redes criminales para montar operaciones de alto impacto», por lo que el Estado busca recuperar capacidad de control.
La hidrovía que conecta Asunción con Buenos Aires constituye un eje central para el comercio exterior argentino y regional, con un flujo diario de hasta 300 barcazas según la resolución 1307/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La densidad operativa del corredor y la coexistencia de instalaciones portuarias públicas y privadas convierten a este espacio en un punto con alto valor estratégico para el transporte de mercancías, pero también en un ámbito vulnerable a maniobras ilegales.
El Gobierno considera que la complejidad de la zona requiere una intervención coordinada y sostenida, con capacidad para anticipar, detectar y neutralizar hechos delictivos.
La medida alcanza a seis provincias y se estructura como un plan escalonado, sustentado en tecnología de última generación, cooperación internacional y un esquema operativo distribuido por etapas geográficas.
Con este despliegue, el Ministerio de Seguridad busca reforzar la presencia estatal en áreas sensibles, mejorar la trazabilidad de los movimientos fluviales y fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas crecientes. El objetivo es consolidar un sistema de control continuo y articulado, capaz de adaptarse a la dinámica delictiva de uno de los corredores fluviales más transitados del continente.
OBJETIVOS
DEL PLAN PARANÁ
El eje central del plan Paraná es ampliar la presencia estatal y fortalecer los sistemas de control sobre la actividad fluvial, con especial foco en las zonas donde se detectó un aumento de operaciones del crimen organizado.
El Ministerio de Seguridad subrayó que la finalidad es garantizar un monitoreo permanente, desarticular redes ilícitas y establecer estándares más estrictos de supervisión en puertos y zonas de navegación. La estrategia incorpora una planificación integral que combina vigilancia aérea, fluvial y terrestre, diseñada para cubrir todos los puntos críticos del corredor.
Entre los recursos previstos se destacan radares, drones, cámaras térmicas, escáneres para contenedores y sistemas de vigilancia en tiempo real, herramientas destinadas a incrementar la capacidad de detección en sectores donde tradicionalmente existieron limitaciones operativas.
Las autoridades informaron que esta tecnología permitirá obtener información más precisa sobre el tránsito de embarcaciones, identificar patrones sospechosos y mejorar la evaluación de riesgo, reduciendo así las posibilidades de maniobras encubiertas en áreas de intenso movimiento comercial.
El plan incluye como metas centrales la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte, que involucra al Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, además del refuerzo de controles en los puertos del sur del corredor, en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Para ello, se profundizará el trabajo conjunto con organismos multilaterales y agencias internacionales especializadas en la lucha contra el narcotráfico, entre ellas Euda, Onudd, DEA y Cicad-OEA. La articulación con actores globales se considera clave para abordar delitos que operan con estructuras transnacionales.
El Gobierno destacó también la necesidad de una «articulación estrecha» entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Justicia Federal y las policías provinciales, de modo de garantizar una cobertura integral de la vía navegable y una detección temprana de posibles ilícitos.
Esta coordinación apunta a facilitar la circulación de información y acelerar los mecanismos de intervención, con el fin de impedir que organizaciones criminales aprovechen vacíos jurisdiccionales o demoras administrativas.
La implementación del plan Paraná se organizará en fases delimitadas por polígonos específicos de intervención a lo largo de la hidrovía. El primer tramo abarcará desde Puerto Bermejo, en el Chaco, hasta Corrientes; el segundo incluirá Corrientes, Resistencia y Bella Vista; el tercero se extenderá entre Bella Vista y La Paz, en Entre Ríos; el cuarto conectará La Paz con Paraná; el quinto abarcará Paraná hasta San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, y el sexto se desplegará entre San Nicolás y Paraná Guazú. La autoridad de aplicación estará habilitada a sumar nuevos sectores si la dinámica delictiva lo requiere.
Coordinación
La conducción general del operativo quedará en manos de la Secretaría de Seguridad Nacional, que estará facultada para designar responsables de planificación, logística y evaluación de cada una de las fases operativas.
Esta estructura jerárquica busca garantizar que las decisiones estratégicas mantengan coherencia con la política general de seguridad y que los recursos se asignen de manera eficiente, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada tramo del corredor.
El plan establece, además, la creación del Comando Unificado Plan Paraná, integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Este comando tendrá la misión de coordinar las acciones de las fuerzas federales, evitar superposiciones, unificar criterios operativos y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta frente a situaciones de riesgo.