El Chaco oficializó la promulgación del Presupuesto General 2026 mediante la Ley 4194-F, tras su aprobación legislativa y posterior publicación por parte del Poder Ejecutivo.
La norma habilita la entrada en vigencia del cálculo de gastos y recursos para el próximo ejercicio fiscal, fijando erogaciones globales por $4.407,7 billones para toda la administración pública provincial no financiera.
Se trata del instrumento central de planificación financiera del Estado chaqueño, que detalla la asignación de partidas para los distintos poderes, organismos y áreas ejecutivas, así como las metas de resultado financiero y proyecciones de inversión pública para el año entrante.
ESTRUCTURA DEL GASTO Y DISTRIBUCIÓN POR PODERES
El artículo 1 de la Ley 4194-F establece un gasto total de $4.407.713.468.845, incluyendo tanto a la Administración Central como a los organismos descentralizados.
En esta estructura, el Poder Ejecutivo concentra la mayor porción del presupuesto, con $3,7 billones asignados a sus áreas administrativas, operativas y de gestión.
El Poder Judicial dispone de $267.262 millones para su funcionamiento, mientras que el Poder Legislativo cuenta con $97.821 millones. Los organismos descentralizados, por su parte, reciben $275.067 millones para financiar programas, servicios y actividades específicas.
Las erogaciones corrientes ascienden a $3.71 billones, destinadas a gastos operativos y de funcionamiento, mientras que las erogaciones de capital alcanzan $693.554 millones, orientadas principalmente a proyectos de obra pública e inversiones estratégicas en infraestructura.
RECURSOS, SUPERÁVIT Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El artículo 2 del presupuesto estima recursos totales por $4.407.870.057.146, conformados por $4.228.555 millones en recursos corrientes y $179.314 millones en recursos de capital. El cálculo oficial determina un superávit financiero de $156.588.301, según lo establecido en el artículo 4, que será destinado a financiar parcialmente las Fuentes y Aplicaciones Financieras.
Estas fuentes incluyen, conforme al artículo 5, un total de $385.566 millones, de los cuales $77.971 millones corresponden a endeudamiento público, $140 mil millones a emisión de Letras del Tesoro y $167.649 millones a otras cuentas por pagar.
En cuanto a las aplicaciones financieras, se prevén $385.723 millones, que se destinarán a amortización de deuda por $138.123 millones, cancelación de deuda de corto plazo por $192 mil millones y aumento de cuentas a cobrar por $55.600 millones.
PLANTA DE PERSONAL, PRESUPUESTO AMBIENTAL Y LÍMITES PARA SENTENCIAS
El artículo 6 fija la planta de personal para 2026 en 74.626 cargos, de los cuales 68.814 corresponden a empleados permanentes y 5.812 a temporarios, además de 282.623 horas cátedra.
El Poder Ejecutivo concentra 63.546 cargos, mientras que el Poder Judicial dispone de 4.219 y el Poder Legislativo de 2.272. El artículo 7 declara nula cualquier designación de personal que se realice sin la existencia de un cargo vacante y sin crédito presupuestario suficiente.
En materia ambiental, el presupuesto incorpora una etiqueta específica en cumplimiento de la Ley 3687-A, asignando un total de $35.493.969.425 distribuidos entre diversas jurisdicciones, entre ellas Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, con $25.353 millones; el Ministerio de Gobierno, con $6.813 millones; y Producción y Desarrollo Económico Sostenible, con $1.953 millones.
También se incluyen partidas para el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, con $729 millones, y la Administración Provincial del Agua, con $644 millones. El artículo 24 faculta al Poder Ejecutivo a modificar estos montos en función de necesidades programáticas.