Tras más de una década de debate, la Legislatura chaqueña aprobó la implementación de controles toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos.
El diputado provincial Rubén Guillón explicó los alcances de la norma, destacando que se trata de «una herramienta para fortalecer la transparencia y garantizar que quienes ejercen cargos públicos estén en plenas facultades».
«La semana pasada hemos llegado a un consenso con todos los bloques y logramos sancionar esta normativa que establece un control obligatorio para los funcionarios en ejercicio de la actividad pública», señaló Guillón.
Según recordó, el proyecto demandó 11 años de discusión, con informes técnicos, posiciones a favor, objeciones y múltiples instancias de análisis.
En declaraciones a Radio Facundo Quiroga, el legislador insistió en que el propósito de la norma no es criminalizar el consumo individual, sino asegurar la idoneidad en el ejercicio de la función pública. «No tenemos ninguna dificultad con el consumo de sustancias como derecho individual.
Si una persona decide consumir, puede hacerlo; es su decisión. Pero el problema aparece cuando esa persona ejerce una función pública, porque representa a una parte de la comunidad», explicó.
Un control más amplio que la rinolaringoscopía
Guillón aclaró que la ley no establece únicamente la conocida «rinoscopía», sino un examen toxicológico completo.
«La rinoscopía es solo un control parcial que sirve para descartar el consumo de ciertas sustancias. Lo que se aprobó es mucho más amplio: un control toxicológico que incluye análisis de orina y sangre», puntualizó.
La obligatoriedad alcanzará a los tres poderes del Estado: desde el gobernador y ministros hasta subsecretarios, legisladores, jueces, fiscales y defensores. También incluye a organismos constitucionales como Fiscalía de Estado, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
A los municipios se les cursará una invitación formal para adherir, extendiendo el control a los 70 intendentes y más de 360 concejales del territorio provincial.
Plazos, aplicación y consecuencias
Guillón recordó que la ley aún debe ser promulgada por el Ejecutivo. «El gobernador está en plazos legales: puede vetarla o promulgarla. Una vez vigente, todos los funcionarios tendrán un máximo de dos meses para someterse al control toxicológico», detalló.
Respecto de las consecuencias administrativas, el diputado explicó que la norma contempla protocolos diferenciados según el caso: Si el funcionario da positivo, el organismo deberá informarle y ofrecerle iniciar un proceso de rehabilitación voluntario. «Si acepta, la ley garantiza sus derechos laborales, licencias y permisos mientras dure su recuperación», dijo.
Si el funcionario se niega a hacerse el control, se deberá impedir que continúe ejerciendo el cargo. «Sentido común indica que debe neutralizarse su actividad pública. Es un resguardo para su salud física, mental y psíquica, y también para los derechos de la ciudadanía», sostuvo.
Asimismo, Guillón ejemplificó citando un caso reciente de Bahía Blanca: «Un concejal se negó a una alcoholemia y luego renunció. Mal ejemplo al negarse, pero buen ejemplo al renunciar».
«No es un estudio costoso»
Consultado sobre el valor de los análisis, el diputado aseguró que no representan una erogación elevada. «No es un estudio costoso», afirmó.
A modo de referencia, mencionó que la semana en que se aprobó la ley, el diputado Lazzarini presentó en la sesión una rinoscopía reciente «para testimoniar su compromiso», cuyo costo fue de $25 mil, realizada por orden de llegada. En tanto, el control de sangre y orina en laboratorio ascendió ese día a $92 mil.
«Es una cifra irrisoria comparada con el compromiso que queremos demostrar y con la necesidad de resguardar una situación que cada día avanza y destruye tantas familias», expresó.
Durante la entrevista, el diputado profundizó sobre el impacto social del consumo problemático de sustancias, una de las razones que motivó la insistencia legislativa. «Es un infierno, un calvario», definió. «Muchas veces los padres no encuentran mecanismos para ayudar a un hijo, una hija, un familiar.
A veces hasta le exigen a fiscales y jueces que los detengan porque no dan más, o piden ayuda a los periodistas diciendo: ‘Yo no sé más qué hacer’».
El legislador advirtió sobre los efectos irreversibles que generan las drogas en el organismo. «La neurona que se quema no se regenera más.
Si pierdo mi neurona, pierdo mi conciencia; cada día me vuelvo más tonto, dicho con respeto y sin estigmatizar a nadie», señaló y agregó: «Cuando más quemo mis neuronas, más pierdo la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Todo me da lo mismo».
En ese sentido, subrayó que la exigencia del control toxicológico se vuelve aún más relevante en quienes ejercen funciones públicas. «La capacidad de discernir distintas cuestiones es la que necesitamos para que un funcionario aplique bien su labor», sostuvo.
Por otra parte, Guillón agradeció el acompañamiento de los distintos bloques para alcanzar el consenso final.
«La semana pasada logramos sancionar esta normativa que establece un control obligatorio para los funcionarios en ejercicio», destacó.
También valoró el respaldo social: «Sé que desde la emisora han tratado el tema varias veces, y siempre con la preocupación por esta situación que golpea a tanta gente».
Finalmente, expresó su expectativa respecto a los pasos administrativos finales: «Confío en que el gobernador promulgará la ley en estos días.
El narcotráfico no se detiene y busca pervertir mentalidades de funcionarios, porque ahí se toman decisiones: buscan impunidad, zonas liberadas y que su negocio prospere sin control. Por eso, la lucha debe continuar».
«El avance del narcotráfico»
El diputado remarcó que la medida busca enviar un mensaje claro frente a una problemática creciente. «El avance del narcotráfico por los pasillos del poder es innegable. Todos los días vemos casos, incluso a nivel nacional, de presuntos financiamientos millonarios para campañas políticas», advirtió.
También destacó la percepción social sobre el vínculo entre drogas y estructuras estatales: «A veces basta con salir a la vereda: doña Rosa te dice que en la esquina tal venden droga y que la Policía no hace nada, y que si no actúa es porque algún político o algún juez está metido. Ese es el reflejo de la ciudadanía, y no podemos hacernos los distraídos», afirmó.
Guillón sostuvo que el control toxicológico es una forma concreta de responder a ese reclamo social. «La gente espera que sus funcionarios estén en plenas facultades físicas y mentales para dar lo mejor de sí», aclaró.
«Nunca vi algo sospechoso en la Legislatura»
Consultado sobre si en algún momento observó conductas sospechosas entre legisladores, Guillón fue categórico: «Nunca vi una actitud que me permitiera sospechar consumo. Incluso dije en el recinto que los sanitarios de la Cámara no huelen a porro. Descarto totalmente esas versiones».
Sin embargo, lamentó la demora legislativa: «Pasaron 11 años. Me hubiera gustado que no se esperara tanto. Eso demuestra que el tema generó polémica: posiciones a favor, en contra y reparos por falta de información».
Entre los respaldos al proyecto destacó el dictamen de la Comisión Provincial de Bioética, que recomendó su aprobación «porque reconoce la problemática real».