La discusión sobre el futuro tarifario del transporte urbano del Gran Resistencia se intensificó ante la proximidad de las audiencias públicas que definirán los ajustes para 2026.
El gobierno provincial anticipó que la tarifa técnica rondará los $2.500, mientras que las empresas del sector sostienen que los costos reales superan los $3 mil.
En la jornada de ayer, Facundo Sartore, titular de Transporte San Fernando SRL, explicó que «la tarifa técnica que realizó la Cámara da más o menos entre $3.100 y $3.300. Después hay que ver qué tipo de escala salarial toma la provincia para su estudio».
El empresario subrayó que la diferencia entre ambos estudios impacta directamente en la sustentabilidad del servicio y en la capacidad de cubrir los costos operativos. «Si hoy $1.300 ya es complicado, imagínese si se vuelca mayor cantidad al pasajero. Tenemos la soga al cuello y dos patitas del banquito prácticamente quebradas», advirtió Sartore.
Los cálculos empresariales consideran los gastos de combustible, mantenimiento de unidades, salarios y costos administrativos, factores que se incrementaron durante el último año.
El contraste con el valor preliminar difundido por la provincia genera expectativas de tensión entre usuarios, empresas y autoridades, y marca un escenario complejo para la planificación del sistema en el corto plazo.
La Cámara de Transporte mantiene reuniones internas para analizar el impacto de los posibles ajustes y coordinar estrategias frente a la audiencia pública. Los empresarios destacan que la definición de la tarifa es un elemento clave para garantizar la continuidad del servicio y evitar situaciones de insolvencia financiera que podrían afectar a los usuarios.
CRISIS PROLONGADA
Y CAÍDA DE INGRESOS
El empresario recordó que el sector enfrenta un descenso sostenido del flujo de pasajeros durante 2025, situación que se acentúa en los meses de verano.
Asimismo, Sartore confirmó que «seguimos en baja, más en estas fechas donde terminan las clases y empieza la temporada de vacaciones. Enero y febrero van a ser totalmente desfavorables para el sector».
Según señaló, a la reducción de usuarios se suma la ausencia de aportes nacionales, salvo los reintegros por atributos sociales del Sube, lo que limita la capacidad financiera de las empresas.
El empresario detalló que las compañías afrontan un preventivo de crisis, al igual que TCM y Ersa, cuyo vencimiento opera a fin de mes, mientras que la caída del Índice Pasajero por Kilómetro afecta directamente la recaudación diaria. «Venimos en una bajada tremenda en los números desde que nos quitaron los subsidios nacionales», afirmó Sartore.
En ese sentido, recalcó que la reducción de ingresos complica la planificación operativa y la ejecución de políticas salariales, al tiempo que pone en evidencia la dependencia del sistema de los subsidios y aportes estatales.
Reunión con la UTA
El martes, las empresas mantuvieron una reunión con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en la que se analizó un reclamo por la equiparación de salarios al convenio del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Sartore detalló que «reclaman poner el básico a $1.700.000 y subir el viático a $13 mil diarios. Y expresaron su negativa a aceptar despidos o suspensiones contemplados en el preventivo de crisis».
De las cuatro firmas que integran el Instituto del Transporte Automotor del Mercosur (Itam), tres, incluida San Fernando, se encuentran en situación crítica.
La negociación salarial se configura como un elemento central para definir la estabilidad laboral de los trabajadores y la operatividad de las empresas durante la temporada de verano.
Desde el sector remarcaron que el diálogo busca definir los parámetros salariales, las condiciones laborales y los mecanismos de prevención de despidos.
Audiencias públicas y tiempos oficiales
La provincia realizará las audiencias públicas para definir la nueva tarifa el 10 de diciembre en Casa de Gobierno y el 12 en Fontana.
Sartore cuestionó los tiempos establecidos: «Legalmente tienen diez días hábiles para publicar el estudio. Pero ya es tarde: esto se hace en diciembre, y recién aparecerá en enero, donde no hay absolutamente nada de pasaje».
El empresario advirtió sobre la dificultad de trasladar un aumento al usuario en un período con circulación reducida. «Hay que ver qué porcentaje pondrá el Gobierno y qué porcentaje el pasajero. Si hoy es difícil, imagínese con un aumento mayor», señaló.
La distribución de la carga financiera entre el Estado y los usuarios será un elemento decisivo para la viabilidad del sistema durante los primeros meses del año.
En paralelo, el gobierno provincial adelantó que la tarifa técnica podría rondar los $2.500, aunque el programa Chaco Subsidia permitiría que los usuarios no enfrenten ese valor directamente, mitigando el impacto sobre la demanda y asegurando la continuidad del servicio.