La cooperativa de motomandados de Resistencia expresó su “profunda preocupación” por la ordenanza que analiza el Concejo Municipal para regular el transporte privado mediante plataformas digitales, al advertir que el proyecto no contempla la modalidad moto-huber o moto-taxi, pese al crecimiento del traslado de pasajeros y delivery en moto.
El planteo se realizó mientras concejales de distintos bloques avanzan en una normativa consensuada para ordenar el funcionamiento de las aplicaciones, con una audiencia pública prevista para mediados de diciembre.
El sector consideró “inaceptable” que se avance con una regulación que no incluya su actividad y cuestionó que la iniciativa se haya elaborado “sin diálogo previo con quienes trabajamos todos los días en las calles”, según expresaron en un comunicado.
Desde la cooperativa señalaron que la omisión normativa representa “un claro abandono por parte del Estado hacia un colectivo que sostiene buena parte de la movilidad urbana”.
También advirtieron que la exclusión se produce en un contexto de creciente inseguridad y falta de controles sobre quiénes operan mediante apps. “La falta de regulación permite que personas sin carnet profesional ni antecedentes verificados trabajen mediante aplicaciones, lo que facilita situaciones de riesgo para usuarios y conductores”, indicaron.
“Exigimos el cumplimiento de las ordenanzas ya vigentes y que el sector de los motociclistas deje de ser la caja recaudatoria del municipio de Resistencia”, declaró Fabio Zerpa, presidente de la cooperativa, quien insistió en que la normativa debe incluir de manera explícita a todos los actores que hoy prestan servicios mediante aplicaciones.
Un reclamo en pleno debate
El Concejo Municipal avanzó en la primera lectura de la ordenanza para regular el transporte privado de personas mediante plataformas digitales. La iniciativa, que viene siendo consensuada entre todos los bloques, incluye requisitos para choferes, empresas y vehículos, así como el registro municipal obligatorio, pero no menciona de momento a quienes trasladan pasajeros en moto.
La exclusión generó malestar en el sector, cuya representación sostiene que miles de trabajadores dependen exclusivamente de esta actividad. “Al dejarnos fuera de la ordenanza, el Estado niega derechos laborales básicos y empuja a muchos a permanecer en la informalidad”, denunciaron.
Por este motivo, exigieron una “convocatoria inmediata” a cooperativas, trabajadores y representantes de motohubers para ser incorporados a la normativa que se discute. Reclaman reglas claras, habilitación específica, seguro obligatorio, control estatal, condiciones laborales dignas y políticas que garanticen la seguridad vial.
ser escuchado
La cooperativa de motomandados insistió en que su exclusión del proyecto atenta contra la igualdad de condiciones en el mercado de la movilidad urbana. En el comunicado advirtieron que, mientras se avanza en regular a quienes trabajan con automóviles, ellos continúan sin reconocimiento normativo.
Consideran que incorporar la modalidad moto-huber/moto-taxi a la ordenanza permitiría:Establecer condiciones de seguridad vial para conductores y pasajeros.Garantizar seguros adecuados.Formalizar la actividad y evitar sanciones arbitrarias. Mejorar la calidad del servicio. Facilitar la identificación de trabajadores habilitados. Reducir conflictos y competencia desleal.
“Exigimos reglas claras y la ampliación de la ordenanza para que contemple a todos los que trabajamos en moto”, afirmaron. Entre sus pedidos incluyen la habilitación municipal correspondiente, control estatal efectivo y condiciones laborales básicas.
Un reclamo sostenido
La organización recordó que esta demanda no surge de manera aislada ni improvisada. En octubre, la cooperativa había emitido un comunicado en el que advertía la creciente inseguridad derivada de la falta de regulación municipal, señalando que las aplicaciones funcionan sin verificación de antecedentes, sin control de licencias profesionales, sin inspección técnica obligatoria y sin protocolos para situaciones de riesgo.
En ese entonces también mencionaron como ejemplo la denuncia de una joven que había informado ser víctima de abuso sexual durante un viaje contratado a través de una aplicación de “moto-uber”. El caso —señalaron entonces— expuso la vulnerabilidad de las usuarias y la ausencia de requisitos mínimos para los conductores que operan mediante apps.
Para la cooperativa, ese antecedente “mostró de manera contundente las consecuencias de la falta de supervisión estatal” y refuerza la urgencia de una regulación que no deje por fuera a quienes trasladan pasajeros en moto.
Actividad precarizada
La cooperativa de motomandados explicó que la actividad diaria se desarrolla en condiciones de marcada precarización, donde los ingresos por envío suelen rondar los $1.500 —y muchas veces incluso menos— y dependen por completo de la demanda del día. Señalaron que quienes trabajan en moto realizan su tarea sin cobertura de salud, sin aportes jubilatorios, sin seguro contra accidentes, sin vacaciones pagas ni aguinaldo, y sin ningún tipo de estabilidad laboral. A esto se suman los costos que cada trabajador debe afrontar de su propio bolsillo: combustible, mantenimiento permanente del vehículo, repuestos, arreglo de averías, casco, indumentaria adecuada, conexión de datos móviles y el riesgo físico inherente a transitar la ciudad bajo lluvia, calor extremo o situaciones de inseguridad, mientras las plataformas tercerizan toda la responsabilidad y trasladan sus servicios sin asumir obligaciones.