La Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio oral por los graves hechos de violencia policial ocurridos en 2022 contra una familia de comerciantes madereros de Machagai. Así lo resolvió la jueza Fanny Zamateo.
La resolución se dictó tras el pedido del abogado querellante, Ramiro Cabaña, y representa un paso clave para avanzar hacia un juzgamiento en un plazo razonable en una de las causas más sensibles por apremios ilegales en el interior provincial.
El proceso involucra a cuatro policías del Departamento de Seguridad Rural de Machagai, acusados del delito de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas en perjuicio de la familia Vergara y sus colaboradores, en un hecho ocurrido en mayo de 2022.
EL HECHO
Según el expediente – que publica el portal judicial Litigio -, el 13 de mayo de 2022, la familia Vergara —dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera— envió un cargamento de muebles desde la localidad de Machagai alrededor de las 23:30. El vehículo, que tenía como destino la provincia de Santa Fe, era conducido por Brian Vergara, de 20 años, quien iba acompañado por dos ayudantes.
Mientras atravesaban la Ruta Nacional 16, camino a Colonia Aborigen, fueron sobrepasados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Unos kilómetros más adelante, se encontraron nuevamente con la misma camioneta, esta vez realizando un control. Los agentes detuvieron el vehículo y pidieron la documentación correspondiente.
Brian presentó la guía de transporte, pero al ser consultado por el tiquet de balanza, explicó que no contaban con uno porque en la localidad de Presidencia de la Plaza —de donde provenía la guía— no se contaba con ese artefacto. Aclaró además que la guía tenía plena validez legal, ya que había sido emitida de forma regular.
Los policías, al parecer en un tono prepotente, según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai. Durante el trayecto, el vehículo —que días antes había sufrido un accidente— comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio. Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que “arreglar” la situación directamente con el comisario.
A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho. Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al llegar, uno de ellos preguntó en tono de amenaza: “¡¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?!”.
GAS Y GOLPIZA
Intentaron esposarlos de manera arbitraria. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.
En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta, lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.
La golpiza posterior fue brutal. Incluyeron golpes con la culata de la escopeta en la cabeza, puñetazos en la cara y patadas en las costillas.
La agresión le causó a Daniel una fractura en la muñeca de la mano izquierda, por la cual debió ser operado, quedando con una incapacidad permanente. Permanecieron aproximadamente media hora en el suelo, recibiendo golpes e insultos por parte de los efectivos.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda.
Daniel pidió que le quitaran las esposas debido a la inflamación y el dolor insoportable en la mano. Recién cerca de las cinco de la mañana, el comisario Báez comenzó a llamarlos uno por uno y, según el relato de las víctimas, aseguró que los iban a dejar en libertad a cambio de que no denuncien el accionar policial. El pedido fue más una amenaza que una invitación: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.
LA CAUSA
La fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, elevó la causa a juicio al considerar acreditados los apremios ilegales. “No hay dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a los imputados en la producción del evento criminoso (…) por lo que cabe concluir que deberán responder en juicio por su accionar delictivo”, añadió la fiscal.
Las imputaciones contra los policías son graves. Para el comisario Báez y el subcomisario Luis Fernández la imputación es de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor, según el caso. Mientras que el sargento ayudante Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo también están imputados por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.