El tribunal lo consideró responsable de conducir un esquema de desvío de fondos públicos y uso indebido de recursos estatales, a través de 30 erogaciones millonarias gestionadas por el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep).
La sentencia fue dictada por la jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, quien presidió el tribunal y acogió el pedido realizado tanto por el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera como por el abogado querellante del Estado, Sergio Funes. Ambos habían solicitado la pena finalmente impuesta a Barraza.
EL CASO
Durante el juicio, se acreditó que Barraza encabezó un mecanismo mediante el cual se desviaron bienes y fondos estatales destinados a programas sociales. Según la acusación, el dirigente utilizó recursos del Estado para fines ajenos a su función, configurando los delitos de fraude contra la administración pública y peculado.
La investigación abarcó más de una treintena de desembolsos irregulares por parte del Estado provincial, que involucraron montos millonarios y maniobras consideradas por la Justicia como parte de un «esquema sistemático» de administración fraudulenta.
En la investigación penal preparatoria la fiscala del Equipo Fiscal 10, Lilian Irala y el de Cámara del Crimen 3, Sergio Cáceres Olivera, acreditaron que, entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza se apoderó ilegítimamente de los fondos del erario público asignados a través del Iafep y de Lotería Chaqueña y los utilizó para beneficio personal.
Además, como jefe del Sector Pozo 5 de Sameep, empleó en provecho propio, trabajos o servicios pagados por dicha empresa estatal.
Los fiscales remarcaron que durante los allanamientos realizados secuestraron numerosos bienes que, a primera vista, corresponden al erario público.
Al respecto, en la pieza acusatoria, señalaron: «Quizá el hallazgo de cuarenta y ocho bicicletas en estado de abandono en el domicilio de Barraza, juguetes y alfajores que debían ser destinados al Día del Niño, tenga una carga simbólica única e imborrable en materia de corrupción en nuestra provincia».
DESPEDIDO
El Directorio del Servicio de Agua y Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial (Sameep) despidió a Carlos Iván Barraza, exdirigente social y empleado estatal, acusado de delitos de corrupción.
La medida, adoptada por justa causa, pone fin a su relación laboral debido a las numerosas irregularidades que involucraron tanto al erario público como a la empresa estatal.
Cáceres Olivera destacó la contundencia del fallo
El fiscal de Cámara del Crimen 3, Sergio Cáceres Olivera, analizó el veredicto dictado por el Tribunal que condenó a Carlos Iván Barraza por una serie de hechos de corrupción vinculados a la Asociación Civil Humildad, al Iafep y a Sameep.
Tras la lectura del fallo, Cáceres Olivera destacó en declaraciones a La Radio, que el Tribunal acompañó plenamente el planteo fiscal. «Creemos que la Cámara entendió lo solicitado por la fiscalía. Estamos ante hechos de una enorme gravedad, porque se trata de delitos de corrupción», afirmó.
Recordó que durante la investigación se realizaron múltiples allanamientos, secuestro de dinero y bienes relevantes, y se comprobó un mecanismo delictivo sostenido.
También comparó este fallo con otros procesos recientes: «Así como ocurrió en el juicio por jurados del caso Sena, donde el pueblo dio un mensaje claro, hoy los jueces técnicos también enviaron otro: Hay que ser contundentes y firmes en las condenas si queremos un Chaco mejor».
Cáceres Olivera explicó que el juicio inicialmente tuvo baja exposición pública debido a la gran cantidad de testigos de identidad reservada, cuyo testimonio era clave.
«Estos testigos dieron cuenta de que Barraza, presidente de la Asociación Civil Humildad y con un cargo jerárquico en Sameep, actuaba con un grupo de personas que colaboraban en la comisión de los ilícitos», detalló.
Además, expresó que se detectaron otras irregularidades vinculadas al Iafep, la Asociación Civil Humildad y Sameep.
«Dentro del Iafep se verificó cómo se hacían erogaciones millonarias de manera discrecional. Esto ya fue informado al equipo fiscal especial y existe un requerimiento de elevación a juicio en otra causa relacionada que llegará pronto a la Cámara Segunda», anticipó.
«Barraza es solo uno de los grupos que se autodenominaban piqueteros y cometían este tipo de delitos. Hay otros y el Tribunal fue claro en solicitar que se continúen las investigaciones sobre todas las agrupaciones», dijo.
MáS PRESUNTOS IMPLICADOS
El fiscal confirmó que pidió investigar al padre del condenado y a otros integrantes del entorno.
«Quedó muy claro en el juicio que, si bien el cargo formal lo tenía Carlos Iván Barraza, el padre también daba órdenes directas al personal de Sameep y utilizaba bienes del organismo para fines personales», afirmó.
Como ejemplo, mencionó: «Se utilizaron personal y maquinarias que debían estar al servicio de la ciudadanía para construir el quincho con pileta del padre de Barraza. Esto grafica el nivel de corrupción».
Respecto a la posible responsabilidad de quienes dirigían Sameep en ese momento, sostuvo: «Se deberá verificar si hubo omisiones por parte de las autoridades, porque los empleados declararon que el clan Barraza se manejaba con impunidad, violencia y amenazas dentro de la empresa».
Además, añadió que una testigo declaró haber sufrido acoso sexual por parte de Barraza, lo que complejiza aún más el cuadro.
Cáceres Olivera explicó que las irregularidades del Iafep ya estaban bajo investigación desde la etapa preliminar.
«Estamos hablando de al menos 30 erogaciones millonarias hacia Barraza. Incluso hubo una directora del Iafep que le advirtió al presidente que no siguiera otorgando fondos porque la Asociación Civil Humildad no rendía un solo gasto», remarcó.
La interventora del organismo, Clelia Ávila, declaró en el juicio que varios grupos piqueteros exigían erogaciones mediante presiones y prepotencia, para luego manejarlas con absoluta discrecionalidad.