El proceso judicial por el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos concluyó con una resolución que sorprendió tanto a los actores políticos como a los vinculados al ámbito deportivo.
El Tribunal Oral Federal 1 decidió absolver a todos los acusados, entre ellos el ex gobernador del Chaco y actual senador nacional Jorge Capitanich y el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quienes enfrentaban cargos por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.
La decisión adquirió relevancia institucional al cerrar un juicio que se extendió durante años y que mantuvo en expectativa a diversos sectores sobre el eventual alcance de sus implicancias.
Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grumberg y Juan Michilini fundamentaron su fallo en la incorrecta formulación de la acusación fiscal. Según el tribunal, «la acusación fiscal estaba mal formulada», un aspecto que consideraron determinante para descartar los señalamientos de presunta defraudación al Estado.
El pronunciamiento judicial sostuvo que el fiscal Miguel Osorio «incumplió su deber de acusar adecuadamente», lo que afectó la validez de las imputaciones y debilitó la base jurídica de todo el proceso, al punto de llevar a la absolución total de los imputados.
El juicio había comenzado a partir de denuncias presentadas en 2014, cuando tomó estado público la sospecha de un presunto mal manejo de más de $7 mil millones destinados al programa estatal. Estas acusaciones involucraban a exfuncionarios y a dirigentes del fútbol argentino, quienes habrían administrado recursos que, según la denuncia inicial, no fueron destinados a los fines previstos.
A lo largo del proceso, la fiscalía intentó demostrar que los fondos no habían cumplido con su propósito original, pero el tribunal consideró que la presentación del caso no fue suficiente para sostener ninguna responsabilidad penal.
CONTEXTO DEL PROGRAMA Y POSICIONES DE LAS PARTES
El programa Fútbol para Todos fue diseñado para garantizar la transmisión gratuita de los partidos del fútbol argentino, así como para contribuir al saneamiento financiero de los clubes.
La acusación señalaba que estos objetivos no se habían cumplido y que, en cambio, los fondos se habrían utilizado de manera discrecional.
Sin embargo, la sentencia determinó que no existieron pruebas contundentes que demostraran la existencia de una administración fraudulenta.
Uno de los puntos centrales del juicio fue la participación de dirigentes de la AFA, quienes también fueron señalados por su presunto rol en el desvío de recursos.
Entre ellos se encontraba Luis Segura, ex presidente de la entidad, quien también fue absuelto. La resolución judicial dispuso que las imputaciones carecían de sustento suficiente y que no podía acreditarse un perjuicio económico concreto al Estado.
De esta manera, la sentencia alcanzó tanto a exfuncionarios gubernamentales como a autoridades del fútbol argentino, todos ellos finalmente desligados de los cargos.
La defensa de los principales acusados argumentó en varias oportunidades que los pagos del programa fueron realizados conforme a los acuerdos establecidos entre el Estado y la AFA.
Sostuvieron que, aunque el programa no logró cumplir plenamente con sus metas originales, «no existió una malversación de fondos», una posición que terminó alineándose con la conclusión final del tribunal.
Esta postura fue clave para contextualizar el alcance de los actos administrativos analizados, que según los defensores estaban comprendidos dentro de las facultades legales vigentes al momento de la ejecución del programa.
