El gobernador Leandro Zdero dispuso la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el martes 9, a las 18, en cumplimiento de las facultades previstas por la Constitución provincial.
La medida se fundamenta en la necesidad de abordar «asuntos de interés público, urgentes e impostergables», orientados a garantizar el funcionamiento financiero y estratégico del Estado provincial en un contexto que demanda soluciones inmediatas y previsibles.
La convocatoria fue oficializada este viernes y busca asegurar un tratamiento legislativo específico para dos iniciativas consideradas claves por el Poder Ejecutivo.
El gobierno provincial destacó que la decisión de avanzar con una instancia legislativa extraordinaria responde a la prioridad de establecer un marco de ordenamiento y actualización normativa que permita afrontar desafíos financieros y operativos.
En este sentido, se subrayó la importancia de generar condiciones institucionales que aseguren estabilidad en la gestión pública, particularmente en materia fiscal y de infraestructura estratégica.
Desde el oficialismo provincial se remarcó que la agenda extraordinaria responde a criterios de oportunidad y urgencia vinculados con el cierre del ejercicio fiscal y con la necesidad de actualizar instrumentos legales para el desarrollo de sectores clave.
La convocatoria, en consecuencia, se enmarca en una estrategia más amplia destinada a fortalecer la capacidad del Estado para planificar, ordenar y sostener políticas públicas que requieren definiciones en tiempo inmediato.
CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS
El principal punto del temario será el tratamiento del proyecto de ley de consolidación de deudas al 31 de diciembre de 2025, una iniciativa cuyo objetivo es unificar obligaciones mediante la emisión de Bonos de Consolidación 2025.
Según lo expresado por el gobierno provincial, la propuesta busca reducir la carga financiera acumulada y otorgar mayor previsibilidad presupuestaria en un contexto de presión fiscal y necesidad de reordenamiento administrativo. La herramienta contempla agrupar distintos compromisos en un mecanismo que permita administrar los pasivos con mayor flexibilidad y horizonte temporal.
La consolidación de deudas se presenta como un instrumento destinado a mejorar el perfil financiero de la provincia, ofreciendo la posibilidad de renegociar obligaciones bajo parámetros más sostenibles. De acuerdo con la información suministrada, este esquema de unificación permitiría disminuir el impacto de vencimientos inmediatos y asegurar una planificación más ordenada de los recursos disponibles.
Además, la iniciativa se posiciona como un mecanismo que acompañaría la transición hacia un nuevo ciclo presupuestario, fortaleciendo la capacidad de pago y la estabilidad fiscal.
El proyecto también incorpora la intención de dotar al Estado provincial de un instrumento técnico y financiero que facilite la proyección de gastos, evitando tensiones presupuestarias derivadas de la dispersión de compromisos.
En este marco, la emisión de bonos de consolidación 2025 sería un recurso para garantizar mayor previsión y control sobre la evolución de los pasivos, contribuyendo a un esquema fiscal que priorice el orden y la sostenibilidad en el mediano plazo.
La iniciativa se alinea con las estrategias adoptadas por otras jurisdicciones para proteger el equilibrio de las cuentas públicas.
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PUERTOS
El segundo proyecto en agenda contempla la modificación de la Ley 1115-T, con el propósito de incorporar nuevas herramientas de gestión orientadas al desarrollo de la actividad portuaria provincial. La propuesta incluye la incorporación de figuras de iniciativa privada y esquemas de participación público-privada, con el fin de incentivar inversiones que permitan ampliar la infraestructura y mejorar la competitividad logística.
El gobierno provincial considera que estas modificaciones habilitarán un marco de mayor dinamismo para atraer capitales y acompañar el crecimiento productivo regional.
La iniciativa plantea que la actividad portuaria requiere un marco normativo actualizado que facilite la articulación entre el sector público y el sector privado, y que promueva una mayor eficiencia en la administración de los recursos estratégicos.
En este sentido, se propone un esquema de incentivos acompañado por mecanismos de transparencia y control, orientados a garantizar que los procesos de inversión se desarrollen bajo reglas claras. Las modificaciones buscan, además, asegurar que toda iniciativa esté sujeta a licitación pública, promoviendo la libre concurrencia y la competencia.
El Gobierno sostiene que la actualización del régimen portuario permitirá fortalecer la infraestructura estratégica vinculada al comercio exterior, un sector clave para la economía regional.
La incorporación de la participación público-privada se presenta como una vía para ampliar la capacidad operativa, modernizar instalaciones y asegurar condiciones favorables para el desarrollo productivo. El proyecto, al ser tratado en la instancia extraordinaria, apunta a ofrecer un marco regulatorio oportuno que permita acelerar procesos vinculados con el crecimiento económico.