El titular de Cetach y secretario de Fatap, Gustavo Larrea, analizó la primera audiencia pública convocada por el gobierno provincial para revisar la estructura de costos y la tarifa técnica del transporte urbano e interurbano.
El empresario remarcó la baja participación ciudadana y aseguró que la jornada dejó en evidencia «la enorme brecha» entre los ingresos del sistema y los costos reales del servicio.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, Larrea calificó como «llamativa» la baja participación en la audiencia. «Hace mucho tiempo no veía tan poca gente.
Más allá de las críticas, muchas de ellas compartidas por los empresarios, la escasa asistencia demuestra el poco interés que hoy genera el transporte público de pasajeros», señaló.
Según explicó, esta falta de involucramiento también se refleja en la calle: «Hoy las plazas céntricas tienen más espacio para motos que para el transporte público. Los colectivos deben detenerse en paradas saturadas por motovehículos o zonas de estacionamiento medido. El sistema está en decadencia y eso se ve todos los días».
tarifa técnica: $2.900 para el Gobierno, $3.300 para las empresas
Durante la audiencia se presentaron dos estudios de costos: uno del gobierno provincial y otro de las empresas. Ambos coinciden en la existencia de un fuerte desfasaje entre los costos y los ingresos del sistema, pero difieren en el cálculo de la tarifa técnica.
«El Estado reconoció una tarifa técnica de $2.900, con una base salarial de $1.370.000. Nuestro estudio arroja $3.300. La diferencia está en el valor del dólar que utiliza el Gobierno para el cálculo del chasis. Están tomando un valor que no existe en el mercado. Esa variable impacta en todos los costos dolarizados», explicó.
Larrea adelantó que presentarán un pedido de revisión: «Son reglas claras y variables sin secretos: salario, gasoil y valores actualizados del mercado. No debería haber diferencias tan grandes entre estudios».
«Sin subsidios, la gente debería pagar $2.900 o $3.300»
El dirigente recordó que la tarifa técnica surge del costo por kilómetro dividido por la cantidad de pasajeros. «Después el Estado decide cuánto paga el usuario y cuánto aporta en concepto de compensación», explicó.
Además, señaló que a principios de año el Estado reconocía una tarifa técnica de $1.913, por lo que «la diferencia de mil pesos fue absorbida durante gran parte del año por las empresas».
Ese desfasaje, aseguró, derivó en medidas extremas: «Las empresas absorbieron costos para mantener los servicios, acordaron reducciones salariales con los trabajadores y varias debieron presentarse en concursos preventivos. Cuatro empresas locales están hoy en esa situación».
Caída histórica en la cantidad de pasajeros
Uno de los datos más preocupantes expuestos por Larrea es la drástica caída en la cantidad de pasajeros transportados por kilómetro.
«En 2023 hablábamos de 2,2 pasajeros por kilómetro, ya era bajo. En septiembre del año pasado estábamos en 1,7. Hoy estamos en 1,2. Es imposible sostener un sistema tan costoso con tan pocos pasajeros», enfatizó.
Además, destacó que el 52% del costo total del sistema son salarios, una proporción «inusualmente alta» para cualquier actividad económica. «Ninguna empresa puede funcionar así sin una estructura tarifaria ajustada», alertó.
Tensión con la UTA y posible suspensión de trabajadores
Larrea confirmó que el gremio UTA no participó de la audiencia y adelantó un escenario conflictivo: «UTA presentó escritos en los expedientes de los preventivos de crisis diciendo que no acepta la continuidad de los acuerdos.
Las empresas no están en condiciones de pagar la totalidad de los salarios. Si el gremio no acepta los acuerdos, no habrá otro camino que suspender entre el 20% y el 25% del personal».
Explicó que hoy los trabajadores perciben $1.200.000, pero con una carga laboral reducida: «Trabajan 18 turnos cuando deberían trabajar 24. Descansan 12 días y trabajan 18. Esto ocurre porque el servicio cayó, hay menos unidades en circulación y no hay suficiente oferta de trabajo».
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