La cooperativa de motomandados de la provincia alertó sobre la inconstitucionalidad del Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que integra el paquete de reformas laborales que el Gobierno nacional espera llevar al Congreso.
Según indicaron, la iniciativa, propone reclasificar a los repartidores de plataformas como “prestadores independientes”, lo que significaría un retroceso en materia de derechos laborales y expondría al colectivo de trabajadores a un esquema de mayor vulnerabilidad.
El texto proyectado prevé la registración obligatoria de los repartidores en ARCA, la realización de aportes, la apertura de una cuenta bancaria para la percepción de ingresos, el cumplimiento de normas de tránsito y el acceso a un seguro de accidentes personales. También contempla derechos individuales como rechazar pedidos, conocer los motivos de bloqueos o suspensiones y recibir el ciento por ciento de las propinas generadas en las aplicaciones.
Para la cooperativa, estos elementos no alcanzarían para compensar la exclusión de los marcos legales laborales tradicionales.“
fuera de la legislación
El proyecto presentado define a los trabajadores de reparto de plataformas como “repartidores independientes de plataformas”, es decir, prestadores de servicios sin relación de dependencia. Bajo esta figura, las plataformas y los repartidores podrían pactar “libremente” los términos contractuales, al margen de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y de otros regímenes protectores.
La nueva categoría jurídica desplazaría la presunción de laboralidad, un principio central del derecho del trabajo argentino, y establecería un vínculo de naturaleza comercial. Para la cooperativa, este punto constituye una de las principales señales de alarma, porque alteraría la finalidad protectoria que la Constitución y las leyes laborales asignan a la regulación del empleo.
Entre las obligaciones previstas para las plataformas, el texto plantea brindar información sobre los pedidos, garantizar la “libertad de conexión”, facilitar elementos de seguridad vial, ofrecer un seguro de accidentes personales y establecer mecanismos de trazabilidad. Sin embargo, los voceros de la organización señalaron que estas obligaciones no reemplazarían las garantías de un vínculo laboral formal.
vulneración de derechos
La cooperativa advirtió que varios aspectos del proyecto podrían contradecir principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo. Entre los puntos cuestionados mencionaron en primer lugar la evasión del amparo laboral. La entidad sostuvo que el proyecto intentaría dejar fuera de la aplicación de la LCT a miles de trabajadores al definir su vínculo como un contrato comercial. Esta clasificación podría violar el derecho a un trabajo digno, a condiciones justas y a la protección estatal, todos ellos consagrados en la Constitución.
Asimismo entendieron que contribuye a la d esigualdad y precarización. Aunque el régimen prevé un seguro de accidentes y algunas garantías básicas, negaría derechos esenciales como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias médicas, aportes previsionales plenos y estabilidad. Esto generaría una diferencia sustancial frente al resto de los trabajadores formalizados, lo cual, según la cooperativa, atentaría contra el principio de igualdad ante la ley.
Además advirtieron sobre el riesgo de fraude laboral, al permitir que las partes “definan libremente” la naturaleza del vínculo facilitaría la externalización de relaciones laborales encubiertas. Esto sería incompatible con los principios del derecho laboral que privilegian la realidad efectiva por sobre las formas contractuales.
También alertaron sobre el debilitamiento sindical y desprotección colectiva, ya que el régimen dejaría a los repartidores fuera de los convenios colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales formalmente reconocidas. Para la cooperativa, esto vulneraría la libertad sindical y afectaría la negociación colectiva como herramienta central de defensa de derechos.
Para la cooperativa de Motomandados esto también genera mayor asimetría frente al poder de las plataformas:“las empresas tecnológicas poseen un fuerte poder de mercado. Según la cooperativa, en un escenario sin regulación laboral efectiva, los repartidores quedarían expuestos a condiciones abusivas sin herramientas reales de defensa.
debate parlamentario
Los referentes del sector reclamaron que el Congreso revise integralmente el régimen antes de avanzar con su tratamiento legislativo. Enfatizaron la necesidad de un debate público amplio, donde participen organizaciones de trabajadores, sindicatos, especialistas en derecho laboral y entidades de la sociedad civil.
La cooperativa exigió que cualquier regulación de plataformas garantice que no derive en un esquema de precarización encubierta y reconozca el carácter laboral de la relación cuando existan elementos de dependencia, tal como prevé la normativa vigente.
En el documento difundido, la entidad remarcó que la presunción de laboralidad, la protección social y la estabilidad son pilares que deben mantenerse como garantías mínimas.
Una actividad esencial
Los representantes de la cooperativa recordaron que el trabajo de reparto se consolidó como un servicio esencial desde la pandemia, pero aún opera con elevados niveles de informalidad. Muchos trabajadores dependen casi exclusivamente de los ingresos generados por las aplicaciones, y la indefinición jurídica del vínculo agrava la inestabilidad económica y la inseguridad social del sector.
También advirtieron que la redefinición del trabajo de reparto como un contrato de servicios diluye la frontera entre autonomía y subordinación. “La dependencia no se mide solo por la presencia física de un jefe, sino también por el control algorítmico, la asignación de tareas, la geolocalización y las sanciones unilaterales”, señalaron en el comunicado.
En ese sentido, remarcaron que cualquier regulación moderna debería reconocer estas nuevas formas de subordinación tecnológica y establecer herramientas para evitar abusos.
Derechos insuficientes
Aunque el proyecto promete ciertos derechos individuales, como rechazar pedidos sin penalidades, conocer las razones de bloqueos y recibir el total de las propinas, la cooperativa afirmó que estas garantías no suplantarían derechos básicos como la seguridad social integral, la negociación colectiva y la protección ante enfermedades o accidentes laborales.
Señalaron que la actividad se caracteriza por una fuerte dependencia del algoritmo de asignación, las calificaciones internas y las sanciones automáticas, por lo que los trabajadores no se encontrarían en igualdad de condiciones para negociar con las plataformas.
Además, desde la cooperativa de motomandados explicaron que la actividad diaria se desarrolla en condiciones de marcada precarización. Señalaron que quienes trabajan en moto realizan su tarea sin cobertura de salud, sin aportes jubilatorios, sin seguro contra accidentes, sin vacaciones pagas ni aguinaldo, y sin ningún tipo de estabilidad laboral. A esto se suman los costos que cada trabajador debe afrontar de su propio bolsillo: combustible, mantenimiento permanente del vehículo, repuestos, arreglo de averías, casco, indumentaria adecuada, conexión de datos móviles y el riesgo físico inherente a transitar la ciudad bajo lluvia, calor extremo o situaciones de inseguridad. Según expresaron, mientras las plataformas tercerizan toda la responsabilidad y trasladan sus servicios sin asumir obligaciones, son los repartidores quienes ponen el cuerpo, la herramienta de trabajo y su propia integridad para sostener un sistema que funciona sin protección laboral mínima. “Exigimos respeto y derechos para quienes desarrollamos una actividad esencial y altamente riesgosa”, sostuvo Fabio Zerpa, referente del sector
una reforma estructural
La cooperativa insistió en que cualquier reforma laboral vinculada a la economía de plataformas requiere una construcción participativa. Pidieron la conformación de mesas de trabajo entre el Gobierno, las plataformas, las organizaciones de trabajadores y especialistas para avanzar hacia un marco normativo equilibrado.“Es fundamental que la voz de los repartidores sea escuchada y tenida en cuenta”, destacaron en el texto. Según plantearon, la elaboración de un régimen justo debe contemplar las diversas modalidades de trabajo que conviven dentro del sector.