Graciela Aranda describió un escenario de fuerte expectativa y preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial, atravesados por el cobro del aguinaldo y una situación económica que calificó como «muy crítica», tanto a nivel provincial como nacional.
«Estamos como todos los trabajadores, expectantes por el cronograma de pago del aguinaldo», señaló Aranda, al confirmar que el cronograma oficial ya fue definido: el próximo 22 cobrarán los jubilados y el 23 lo harán los trabajadores en actividad.
En ese marco, destacó una particularidad del esquema adoptado: «Los funcionarios no van a cobrar su aguinaldo en diciembre, sino recién en enero del año próximo, siguiendo una metodología similar a la aplicada en Misiones».
No obstante, la dirigente sindical advirtió que el anuncio llegó luego de días de confusión e incertidumbre, alimentados por versiones extraoficiales que circulaban en redes sociales. «Se esperaba el cobro para el 18 o 19 pasados y eso generó una expectativa tremenda, teniendo en cuenta la necesidad real del trabajador», explicó.
Salarios bajos y dependencia de bonificaciones
En declaraciones a Radio Natagalá, Aranda también se refirió a la estructura salarial del sector judicial, remarcando que los sueldos presentan serias limitaciones. «Nosotros no tenemos un básico claro, sino una bonificación que tiene incidencia sobre el sueldo básico y la compensación jerárquica, pero hay que aclarar que esos básicos y compensaciones son bajos», detalló.
En ese sentido, estimó que, si se compara estrictamente el básico, los incrementos reales rondarían entre un 15% y un 20%, aunque aclaró: «No quiero mentir ni exagerar. Lo que más se incrementa es el porcentaje de la bonificación, pero eso no alcanza para revertir la situación».
Aguinaldo esperado, pero ya comprometido
Si bien el pago del aguinaldo llega en la antesala de las fiestas, Aranda fue clara al advertir que no representa un alivio real para muchos trabajadores. «Muchos compañeros ya sacaron adelantos, por lo que el saldo que les queda es mínimo y están pensando en qué les alcanza realmente», afirmó.
«La plata rinde cada vez menos. Aunque se diga que la inflación fue del 2,5%, eso no se refleja en la realidad cotidiana», sostuvo, y enumeró el impacto del aumento en alimentos, servicios y gastos esenciales. «La carne, las verduras, las frutas, el agua, la luz, el internet -que hoy no es un lujo- están carísimos. Hablamos de servicios mínimos que cualquier hogar necesita».
Endeudamiento y una realidad que golpea al sector judicial
Aranda desmintió la idea instalada de que los trabajadores judiciales no atraviesan dificultades económicas. «Tenemos compañeros, sobre todo en las categorías de empleados, y también algunos funcionarios, muy endeudados: con tarjetas, créditos y adelantos», afirmó.
«La situación es crítica incluso para quienes tenemos salario y estabilidad laboral. Imagínense lo que viven quienes no tienen un ingreso fijo o están en la informalidad», agregó, al tiempo que advirtió que el 85% de los asalariados estatales no llega al millón de pesos, una cifra que refleja la gravedad del contexto social.
Preocupación
por la reforma laboral
Consultada sobre el cierre del año y el escenario sindical, Aranda puso el foco en la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, actualmente en debate en el Senado. «Es muy preocupante y muy triste lo que se pretende hacer. Las leyes laborales deben ser progresivas, no regresivas», sostuvo.
Si bien destacó que en el Poder Judicial del Chaco se han logrado sostener conquistas históricas -como ascensos, concursos y pases a planta- advirtió que el proyecto nacional amenaza derechos básicos.
«No se puede modificar nada que tenga que ver con la jornada limitada, el convenio colectivo, el derecho a sindicalizarse», enfatizó.
«La reforma apunta a demonizar al sindicalismo y a debilitar al trabajador frente a la patronal. Sabemos que en una negociación individual el trabajador está en total desigualdad», remarcó.