El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor del Chaco, Raúl Abraham, confirmó que comenzaron a llegar cartas documento a trabajadores del transporte público notificando suspensiones por 30 días, principalmente en las empresas ERSA y TCM. La situación afecta a unos 90 empleados y generó una inmediata reacción del gremio, que convocó a asambleas y anunció el rechazo formal de la medida.
Abraham explicó ayer en declaraciones radio Natagalá que «Comenzaron a recibir los muchachos la carta documento donde les comunicaban la suspensión por el término de 30 días» y cuestionó que las empresas no hayan retomado el camino del diálogo, como ocurrió meses atrás con el procedimiento preventivo de crisis.
«Nos sorprendió esta actitud, porque en septiembre llegamos a un acuerdo entre las partes y eso concluyó a fines de noviembre», recordó.
Desde la UTA señalaron que ya realizaron presentaciones ante la cámara empresaria y ante la Dirección Provincial del Trabajo. «Nosotros rechazamos y no aceptamos estas suspensiones, y los trabajadores también lo van a hacer en forma individual», sostuvo el dirigente sindical.
Además, advirtió que las empresas no respetaron criterios legales básicos: «la ley establece que las suspensiones deben comenzar por los trabajadores con menor antigüedad y menor carga de familia y acá se suspendió a compañeros con 15 o 20 años de servicio».
Abraham alertó que, de no revertirse la situación, el conflicto podría escalar. «Si esto continúa de esta manera, va a derivar en acciones gremiales», afirmó y apuntó contra el rol del Estado provincial. «El transporte es un servicio público y le corresponde al Estado sostenerlo; lo que está en riesgo no es solo el salario, es la fuente de trabajo y la familia de cada compañero», concluyó.
«No nos queda otra alternativa»,
aseguraron desde la CETACH
La Cámara del Transporte Automotor del Chaco, que agrupa a las empresas prestatarias, en conferencia de prensa expusieron el escenario que atraviesa el servicio en el área metropolitana. Desde la entidad sostienen que la crisis se explica por la falta de actualización de los costos operativos desde hace más de un año, la caída sostenida en la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre medios alternativos de transporte. Advirtieron además que este panorama podría derivar en nuevas consecuencias, tanto en la continuidad de los servicios como en el empleo. Hasta el momento, la Subsecretaría de Transporte no emitió declaraciones oficiales sobre las suspensiones ni sobre eventuales medidas para contener la situación.
«Un año difícil»
El titular de la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco, Gustavo Larrea, advirtió que la crisis del transporte público del área metropolitana derivó en la suspensión de alrededor de 90 trabajadores, como consecuencia directa de la reducción de servicios y de la imposibilidad económica de sostener el sistema.
Larrea explicó que las empresas agotaron todas las alternativas para seguir funcionando, incluyendo preventivos de crisis, inversiones con recursos propios y endeudamiento. «Llegamos a un fin de año muy complicado, muy difícil, y la verdad que estamos en un estado de imposibilidad de continuar», afirmó, al remarcar que se trata de compañías con décadas de trayectoria en la región que hoy enfrentan un escenario crítico.
En ese marco, apuntó contra la reducción de los aportes estatales y el traslado del costo del sistema a la tarifa. «Tuvimos un 50% menos de aporte provincial con un 600% de aumento de tarifa, y eso implicó una caída del 50% de pasajeros», detalló. Según precisó, el sistema pasó de transportar cerca de un millón y medio de pasajeros mensuales a poco más de 700 mil, lo que agravó aún más la ecuación económica y profundizó la crisis del sector.
Larrea advirtió que, de no mediar cambios urgentes en la política de transporte, la situación seguirá deteriorándose. «No nos queda otra alternativa que reducir los servicios cada vez más y eso impacta directamente en los trabajadores y en los usuarios», sostuvo.
También denunció el incumplimiento de normativas vigentes vinculadas al transporte metropolitano y a la compensación por discapacidad y alertó que el actual esquema «está llevando a la destrucción del sistema de transporte público de pasajeros».
