En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, el senador nacional por el Chaco lanzó fuertes críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que se trata de una iniciativa que “no resuelve ningún problema y agrava muchos”.
“Nuestra visión es extremadamente crítica del pomposo nombre de ‘modernización laboral’, porque bajo esa cobertura se esconden dos grandes componentes: una reforma laboral propiamente dicha y una reforma tributaria encubierta”, sostuvo el senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich en diálogo con Radio 10.
Capitanich alertó que el proyecto impactará negativamente en las finanzas provinciales y municipales. “Las provincias y los municipios se van a ver sustancialmente perjudicados, porque se reduce el impuesto a las ganancias para las grandes sociedades comerciales, lo que significa menos recursos coparticipables”, explicó, y estimó que la pérdida podría rondar los 4,7 billones de pesos.
En ese sentido, también cuestionó la eliminación de impuestos internos sobre bienes suntuarios y servicios específicos. “Se están excluyendo impuestos a la telefonía celular, satelital, seguros, aeronaves y embarcaciones, lo que implica un costo fiscal teórico de casi 5.480 millones de dólares”, detalló.
Otro de los ejes de su crítica estuvo puesto en el financiamiento del sistema de salud sindical. “Se desfinancian las obras sociales. Un punto menos de contribuciones patronales representa cerca de 1.500 millones de dólares. Con insumos y medicamentos que aumentan y salarios que bajan, esto tiende a quebrarlas”, advirtió, y denunció que el objetivo es “intervenirlas para debilitar a las organizaciones sindicales”.
Asimismo, Capitanich señaló que el proyecto limita las negociaciones colectivas. “Se pretende eliminar el agente de retención de las cuotas sindicales y solidarias, reducir la capacidad de negociación de los sindicatos y cercenar principios básicos del derecho laboral, como el de justicia social o el ‘in dubio pro operario’”, remarcó.
El trabajo en Argentina
Al analizar el mercado laboral argentino, el senador subrayó que el problema central es la informalidad. “De casi 47 millones de argentinos, hay 9 millones de trabajadores informales. La ley no ofrece mecanismos claros para formalizar el empleo, especialmente en microempresas, que explican el 70% del empleo informal”, afirmó.
En ese marco, fue tajante sobre los objetivos de la iniciativa oficial: “Esta ley se hace con el claro objetivo de debilitar a los sindicatos, destruir los derechos de los trabajadores y desfinanciar a provincias, municipios y obras sociales”.
En el plano político, Capitanich cuestionó la actitud de algunos gobernadores que podrían respaldar el proyecto. “Tienen una actitud poco responsable en la defensa estratégica de sus recursos. Están avalando un modelo que destruye empleo, industria y economías regionales”, sostuvo, y apuntó contra el impacto de la apertura de importaciones y la paralización de la obra pública.
“Más de 20 mil pymes están cerrando y más de 200 mil trabajadores formales perdieron su empleo. La obra pública paralizada no solo destruye trabajo, también deteriora rutas y servicios básicos”, agregó.
El rol de los gremios
Finalmente, el senador llamó a la resistencia social y sindical. “El rol de la CGT, las CTA y de los trabajadores organizados es resistir, no solo con comunicación sino con movilización social”, planteó, y propuso que el debate se centre en reducir la informalidad laboral y combatir la evasión fiscal. “La evasión equivale como mínimo al 7,1% del PBI, pero el Gobierno elige hacer sufrir a los más pobres y excluir a los más débiles”, concluyó.