El diputado provincial Atlanto Honcheruk, entrevistado por Radio Libertad, se refirió a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), aprobada en Chaco en 2024, tras las nuevas exigencias internacionales y la controversia judicial que la mantiene en espera.
Cabe recordar que la normativa volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que exige mayores niveles de previsibilidad y trazabilidad en materia ambiental y productiva, particularmente en regiones con fuerte dependencia de los recursos naturales.
Honcheruk, actual presidente del interbloque Frente Chaqueño junto a Katia Blanc desde fines de 2025, fue uno de los legisladores de la oposición que acompañó la sanción de la ley. En ese marco, explicó que la OTBN tiene como objetivo central ordenar el sistema de manejo de los bosques nativos en la provincia, donde la actividad forestal tiene una presencia extendida y una relevancia económica significativa en múltiples localidades.
El legislador detalló que la actividad forestal se desarrolla de manera diversa en distintos puntos del territorio chaqueño, con presencia de carpinterías y emprendimientos vinculados a la madera en localidades como Machagai, Presidencia de la Plaza, Quitilipi y Juan José Castelli, entre otras. Según señaló, la ley busca establecer reglas claras que permitan compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo productivo, evitando un escenario de parálisis total.
Honcheruk sostuvo que la normativa apunta a establecer un ordenamiento general que contemple la protección de las zonas de mayor valor ambiental, sin impedir el desarrollo de actividades económicas legales. «Esta ley venía a ordenar el sistema de montes nativos, de ampliación de la agricultura, cuidar las zonas rojas para que tengamos de alguna manera un ordenamiento general, pero no parar la actividad», afirmó, al tiempo que advirtió que la judicialización actual genera un clima de incertidumbre creciente.
LA ACTIVIDAD
FORESTAL Y SU
IMPACTO SOCIAL
El Diputado remarcó que la actividad forestal constituye una de las principales fuentes de sustento para miles de familias en el Chaco, una provincia que, según indicó, no cuenta con explotaciones mineras o energéticas de gran escala como otras regiones del país. En ese sentido, subrayó la necesidad de analizar la situación desde una perspectiva productiva y social, más allá de las disputas políticas.
Honcheruk describió un entramado económico que involucra a camioneros, motosierristas, trabajadores de carpinterías, aserraderos y tanineras, así como a personas dedicadas a tareas complementarias dentro de la cadena de valor de la madera. A su entender, la paralización de la actividad tendría consecuencias directas sobre el empleo y la economía local, en un contexto nacional ya marcado por dificultades económicas.
«Hay muchísimas familias que viven de esto y es preocupante», expresó, y agregó que la suspensión de nuevos permisos, producto de las medidas judiciales, está generando un escenario en el que los permisos vigentes ven reducidos sus plazos, sin contar con instrumentos legales para el traslado de la madera o la provisión de materia prima a los distintos establecimientos industriales.
El legislador insistió en que la situación requiere una definición clara por parte del Estado provincial, en articulación con los distintos sectores involucrados. «Es una cuestión del Estado y de los chaqueños que tenemos que fijarnos de qué es lo que vamos a hacer con nuestra provincia», afirmó, al advertir que la falta de decisiones podría derivar en una paralización total de la actividad forestal.
AMBIENTE, JUSTICIA
Y DEBATE PÚBLICO
En relación con los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, Honcheruk estableció una diferenciación entre el desmonte ilegal y la actividad de aprovechamiento forestal regulada por la ley. Señaló que el corte de madera en montes nativos, cuando se realiza conforme a los requisitos legales, no implica una destrucción del ecosistema, ya que se seleccionan ejemplares aptos para uso industrial y se preservan los árboles más jóvenes.
«El desmonte es una cosa y la actividad del corte de madera en los montes nativos cumpliendo una ley y los requisitos que dice esa ley es otra», explicó, y agregó que el desafío central radica en definir con precisión las zonas habilitadas para la expansión productiva, respetando la clasificación en zonas verdes, naranjas y rojas establecida por el ordenamiento territorial.
El Diputado consideró que no resulta viable «cortar de cuajo todas las actividades y paralizar todo», y llamó a buscar un punto de equilibrio que permita proteger el medio ambiente sin afectar de manera irreversible a la economía regional. En ese sentido, sostuvo que toda actividad productiva implica algún nivel de impacto y que la clave reside en una gestión responsable y sostenible.
Honcheruk también hizo referencia a su experiencia personal como productor forestal y empresario del transporte vinculado al sector, actividad que abandonó hace tres años. Indicó que, tras votar la ley, recibió cuestionamientos públicos e incluso quedó incluido en una denuncia judicial. Sin embargo, relativizó esa situación al afirmar que su accionar se limitó al ejercicio de su rol legislativo. «Lo que hice fue votar una ley», sostuvo, y agregó que no manifiesta una preocupación especial por el proceso judicial en curso.
Recaudación
El legislador se refirió a la actual intervención del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que dispuso la paralización de las actividades y la suspensión de nuevos permisos vinculados a la explotación forestal. Esta decisión, según explicó, impide la emisión de guías de transporte y habilitaciones legales, lo que afecta de manera directa el normal funcionamiento del sector.
Honcheruk brindó cifras estimativas para dimensionar el impacto social de la medida, al señalar que miles de personas dependen de la actividad forestal, tanto en grandes establecimientos industriales como en pequeñas y medianas carpinterías distribuidas en el interior provincial. Destacó el caso de Machagai, donde mencionó la existencia de alrededor de cien carpinterías que generan empleo directo.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar el destino de los fondos recaudados por el Estado a través del aforo de la madera, un impuesto aplicado al traslado del recurso. Según indicó, esos recursos podrían destinarse a políticas de reforestación, una práctica que consideró insuficientemente desarrollada en la provincia. «Ese dinero se podría volcar a la reforestación», afirmó.
Finalmente, Honcheruk sostuvo que el Chaco enfrenta un desafío estructural al depender en gran medida del agro y de actividades como la industria forestal. En ese marco, consideró indispensable retomar el diálogo entre todos los poderes del Estado y los sectores involucrados, una vez concluida la feria judicial, para definir un rumbo claro. «Yo estoy del lado del trabajo y de la producción», afirmó, al cerrar su intervención.