El abogado Juan Arregín analizó el debate sobre la posible baja de la edad de imputabilidad en la Argentina y advirtió que la discusión excede largamente una simple modificación del Código Penal. Según sostuvo, se trata de un cambio profundo de paradigma que entra en tensión con compromisos internacionales asumidos por el país y con la propia lógica del sistema penal.
«Cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad no estamos hablando solo de una ley, sino de cómo entendemos la responsabilidad penal en una sociedad», explicó Arregín. En ese sentido, recordó que en la Argentina -como en la mayoría de los países occidentales- el derecho penal se basa en la existencia de factores de atribución de responsabilidad, es decir, en la capacidad de una persona para comprender la ilegalidad de sus actos y actuar con madurez suficiente.
«Responsabilidad penal significa que una persona puede entender que lo que hace está mal, que es un delito. Parece algo sencillo, pero en realidad es una discusión compleja, porque tiene que ver con la madurez, la comprensión y el contexto social en el que se desarrolla ese individuo», detalló.
Actualmente, la legislación argentina establece que la responsabilidad penal rige a partir de los 16 años. Sin embargo, distintos proyectos impulsan reducir ese umbral a los 14, 13 o incluso 12 años. «En los proyectos que hoy se discuten, especialmente algunos impulsados por el doctor Bompadre, se habla de 12 o 13 años. Eso es lo que realmente está sobre la mesa», precisó.
En declaraciones a Radio Natagalá, Arregín advirtió que avanzar en ese sentido implicaría un retroceso en términos de derechos humanos. «La Convención Internacional de los Derechos del Niño es muy clara: toda persona menor de 18 años es considerada un niño. Ya es discutible que a los 16 exista responsabilidad penal; llevarla a los 12 o 13 años directamente no parece razonable», afirmó.
El abogado explicó que, en la actualidad, cuando un menor de 16 años comete un delito, no puede ser sometido a un proceso penal ni tratado como un adulto. «Eso no es una rareza argentina, es lo que rige en gran parte del mundo», señaló. La propuesta oficial, en cambio, apunta a habilitar procesos penales para niños y adolescentes cada vez más pequeños.
Para Arregín, el debate está planteado de manera «tramposa», porque se corre el eje del problema real. «La discusión de fondo debería ser cómo hacemos para que la gente no cometa delitos y cómo evitamos llenar las cárceles de personas. Pero el tema se reduce a una falsa dicotomía entre abordaje social o abordaje punitivo», cuestionó.
En ese marco, reconoció la preocupación social por la inseguridad, pero rechazó que la respuesta sea ampliar el derecho penal. «Es entendible que haya gente que no puede salir a la calle después de determinada hora y que reclame soluciones inmediatas. Pero eso no se resuelve bajando la edad de imputabilidad. No hay ningún ejemplo serio que demuestre que más castigo genera menos delito», remarcó.
Asimismo, Arregín citó experiencias internacionales que apuntan a la prevención y la reinserción. «En algunos países de Europa y en ciertos estados de Estados Unidos se aplican programas de intervención temprana, incluso experiencias como la llamada ‘terapia de shock’, donde jóvenes que tienen su primer conflicto con la ley visitan cárceles. Más de la mitad desiste sin necesidad de institucionalización», explicó.
Sin embargo, advirtió que la realidad argentina es mucho más compleja. «Acá muchos chicos ya conocen la cárcel desde adentro porque fueron a ver a sus padres. Eso naturaliza la privación de la libertad y genera el efecto contrario al que se busca», sostuvo.
Además, remarcó las limitaciones estructurales del Estado. «No tenemos cárceles adecuadas, no tenemos instituciones especializadas, no tenemos personal capacitado ni presupuesto para tratar a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo realmente?», se preguntó.
El abogado también alertó sobre el riesgo de aplicar soluciones uniformes a realidades sociales muy distintas. «Lo que pasa en algunos barrios del conurbano no es lo mismo que ocurre en otras ciudades del país. Pretender una única respuesta punitiva para todos los contextos es un error», afirmó.
Finalmente, insistió en la necesidad de que el Estado actúe de manera preventiva. «Si hay alertas tempranas -consumo problemático, violencia, delitos incipientes- hay que intervenir ahí, con políticas sociales, educativas y de contención. No cuando el problema ya explotó y la única respuesta que queda es el castigo», concluyó.
