El procurador general del Chaco, Jorge Canteros, dictaminó a favor de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno provincial contra el fallo que ordenó restablecer la cláusula gatillo salarial para el sector docente, al advertir omisiones en el análisis legal del régimen salarial vigente.
La opinión fue emitida en el dictamen 02/2025 al que accedió Libertad, en el marco del expediente Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco c/ Ministerio de Educación del Chaco s/ acción de amparo», actualmente bajo estudio del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Canteros sostuvo que la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, dictada en octubre de 2025, no analizó un argumento decisivo introducido por la parte demandada: la vigencia de la Ley 724-A, que establece que las escalas salariales de los empleados públicos solo pueden ser aprobadas o modificadas por ley formal.
«El planteo no es accesorio, sino central», remarcó el procurador, al señalar que el tribunal ordenó judicialmente la restitución de un mecanismo de actualización salarial sin examinar si el Poder Judicial puede disponerlo en ausencia de una ley que lo autorice.
En ese sentido, advirtió que el control de constitucionalidad no habilita a fijar salarios ni a sustituir decisiones propias del Poder Legislativo, y cuestionó que la Cámara haya omitido un tratamiento expreso y razonado sobre la compatibilidad de su decisión con el régimen legal vigente.
Crítica al fallo por arbitrariedad
Si bien la Cámara había fundamentado su resolución en la tutela reforzada del salario docente, la afectación del poder adquisitivo y la continuidad de los decretos de actualización entre 2019 y 2025, Canteros entendió que el fallo incurre en arbitrariedad por silencio, al no responder un agravio conducente planteado por la provincia.
«El pronunciamiento satisface solo en apariencia el deber de motivación suficiente», sostuvo y citó doctrina del Máximo Tribunal Nacional y precedentes del propio STJ del Chaco para respaldar la admisibilidad del recurso extraordinario cuando se omiten cuestiones sustanciales.
Qué recomendó al Superior Tribunal
En su conclusión, el procurador general aconsejó admitir el recurso de inconstitucionalidad y ordenar el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen, para que se dicte una nueva sentencia que analice de manera integral todas las cuestiones del caso, en especial la reserva legal en materia salarial.
El dictamen no resuelve el fondo de la cuestión, pero marca un giro relevante en el expediente, ya que deja bajo revisión el fallo que había ordenado al Ejecutivo provincial aplicar los ajustes salariales correspondientes a julio y octubre de 2025, en el marco del reclamo impulsado por la Federación Sitech.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien deba definir si hace lugar al planteo del procurador o si confirma la sentencia que obligó al Gobierno a restablecer la cláusula gatillo docente.