- El Gobierno libertario habría intentado firmar un acuerdo para aceptar inmigrantes deportados desde Estados Unidos, según el medio estadounidense.
- La idea sería que una vez en Argentina, puedan volver a sus países de origen.
- Javier Milei rechazó la versión desde las redes sociales.
Estados Unidos y Argentina se encontrarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que le permitiría a la administración de Donald Trump deportar a territorio argentino a inmigrantes de otras nacionalidades, a pesar de la enorme distancia que los separa de más de 8 mil kilómetros o unas diez horas de vuelo.
La información fue revelada este viernes por el diario The New York Times, que habló con dos personas al tanto de las negociaciones. El acuerdo -que todavía no está cerrado- permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina para que desde Buenos Aires tengan la posibilidad de tomar vuelos para regresar a sus países de origen.
Sin embargo, el presidente Javier Milei negó esta noche esa versión al darle circulación a un texto de su tuitero principal, el Gordo Dan, que señalaba que «es FALSO que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera».
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Según el diario neoyorkino, Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera, de acuerdo a un testimonio de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que encabeza Kristi Noem.
Y, afirmaba que en documentos a los que accedió el diario, el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de año una propuesta para cerrar el acuerdo. Según los documentos, el canciller Pablo Quirno se habría comprometido con las autoridades norteamericanas para firmar el documento.
Ante esa situación, Clarín consultó a fuentes de la Cancillería en Buenos Aires que se limitaron a indicar: «No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas».
Una respuesta similar recibió la corresponsalía de este diario en Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, cuando dijeron: «No hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos».
Agentes federales sujetan a una persona mientras continúan las medidas de control migratorio. Foto: Reuters.
«La implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado. Como ha dicho el secretario (Marco) Rubio, seguimos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos», agregaron las fuentes desde Washington.
Según pudo averiguar Clarín, efectivamente hubo conversaciones para que Argentina reciba deportados de los Estados Unidos, pero no es un acuerdo cerrado y es un tema que se maneja con máxima discreción.
Los detalles sobre la implementación del acuerdo siguen en discusión, añadieron las fuentes citadas por el periódico neoyorkino.
Según las mismas fuentes, la administración Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de una reacción pública negativa y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina. Otros obstáculos son la posible carga financiera para Argentina en medio de los recortes presupuestarios implementados por Milei y la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes, según muestran los registros.
Aunque el gobierno de Milei ha fomentado una estrecha relación con el gobierno norteamericano -recientemente Argentina se unió a la Junta de la Paz, una especie de ‘ONU paralela’ de Trump-, las negociaciones contrastarían con los esfuerzos del Ministerio de Seguridad para frenar la inmigración ilegal.
De llegar a concretarse esa iniciativa, Argentina se uniría a la lista de países como Paraguay y Ecuador -también aliados de la Administración Trump en la región- que suscribieron acuerdos similares.
En agosto, el gobierno del paraguayo Santiago Peña firmó un Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA, por sus siglas en inglés) que le ofrece a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, realizar los trámites en Paraguay, «lo que permite a nuestros países compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país», según un comunicado de la embajada estadounidense en Asunción.
El gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa también firmó un acuerdo similar en julio de 2025.
También en marzo, la Administración Trump expulsó a más de 200 personas, -la mayoría venezolanos en procesos migratorios judicializados- que terminaron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Según documentos judiciales que emergieron más tarde, Estados Unidos había accedido a pagar 4,76 millones de dólares para que el gobierno de Nayib Bukele reciba a los detenidos. Una de las exigencias del acuerdo era que los fondos no fueran utilizados para darle asesoría legal a los solicitantes de asilo.
Según distintos informes de prensa en Estados Unidos, el gobierno de Trump se ha acercado en voz baja a decenas de gobiernos para que acepten deportados. «Ya sea por concesiones arancelarias -o en el caso de países africanos que están bajo amenaza de ser sometidos a una prohibición de viaje o que sus diplomáticos serán impedidos de venir de Estados Unidos. estos son los factores que se están utilizando para conseguir estos acuerdos», dijo al portal Político Muzaffar Chishti, investigador principal en el Migration Policy Institute.
La lucha contra la inmigración ilegal es una prioridad para Trump
Al comienzo de su mandato su política fue muy popular pero ahora enfrenta cuestionamientos por su “mano dura”, por arrestos indiscriminados y excesos de las fuerzas de seguridad. Los centros de detención en Estados Unidos están atestados y ya han habido decenas de vuelos de repatriación a los respectivos países de origen.
Pero la política de “terceros países” sucede porque muchos gobiernos no aceptan recibir a sus ciudadanos de regreso y Trump quiere expulsarlos igual. Alega, sin pruebas ni juicios, que son “delincuentes”, “terroristas” y “asesinos”.
La experiencia de inmigrantes deportados desde Estados Unidos ha sido en muchos casos muy difícil. Panamá, por ejemplo, recibió varios vuelos con cientos de migrantes deportados desde Estados Unidos de diversas nacionalidades (Afganistán, China, India, Irán, Nepal, Turquía, Uzbekistán, entre otros) como parte de un acuerdo con Washington.
Muchos de ellos no tenían conexión previa con Panamá y fueron trasladados a albergues cerca de la peligrosa región del Darién antes de intentar la repatriación a sus países de origen. La mayoría estuvo en un “limbo legal” sin estatus claro ni posibilidad inmediata de trabajar o residir en Panamá y tampoco tuvieron un programa de integración. El gobierno panameño actuó principalmente como un país puente para deportaciones, no como lugar de integración permanente, pero no hubo información hasta ahora de cuántos han sido trasladados a sus países de origen.
En 2025, el gobierno de Estados Unidos deportó unos 200 inmigrantes (incluidos 81 niños) a Costa Rica bajo un acuerdo muy criticado por organizaciones de derechos humanos. Las personas deportadas provenían de países como Afganistán, Irán, China, Rusia, y otros, y muchos iban a pedir asilo antes de ser deportados.
Según reportes de Human Rights Watch, en un principio fueron retenidos en un centro de detención en Costa Rica (Centro de Atención Temporal de Migrantes) y tras varias semanas en esa situación, menos de la mitad aceptaron regresar voluntariamente a sus países de origen (como Armenia, Irán o India). Muchos quedaron en un limbo legal: algunos con permisos humanitarios, otros aún tratando de encontrar opciones de asilo o reasentamiento con incertidumbre legal y barreras de idioma.
Clarín
El posteo de Milei en X
La publicación del diario norteamericano
