La Cámara de Comercio de Resistencia expresó formalmente sus objeciones a cinco artículos del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que introducen retrocesos en materia de negociación colectiva, afectan la representación empresarial y generan un escenario de mayor incertidumbre jurídica. El planteo fue realizado durante una reunión con la senadora nacional por Chaco, Silvana Schneider, en la antesala del tratamiento de la iniciativa en el Senado, previsto para el 11 de febrero, en un contexto de fuerte tensión social y sindical por el paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA.
A través de su presidente, Juan Martín Alfonso, la entidad mercantil manifestó su acompañamiento general al proyecto en tanto “garantice estabilidad, previsibilidad, certezas y equidad”, en línea con la postura sostenida por sus entidades madre, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, advirtió que la inclusión de los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 genera “retrocesos institucionales, inseguridad jurídica y mayor conflictividad”, por lo que solicitó su eliminación del texto definitivo que será puesto a consideración de la Cámara alta.
La reunión se desarrolló en la capital chaqueña y contó, además, con la participación de integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Comercio de Resistencia, entre ellos el vicepresidente Nicolás Aguiar; el secretario Iván Bonzi; y el tesorero Martín Giménez. También estuvieron presentes funcionarios del Gobierno provincial, como el ministro de Gobierno, Julio Ferro; la subsecretaria de Trabajo, María Noel Ibarra; y el titular de la Agencia Chaco, Martín Braillard Poccard, quienes siguieron de cerca el intercambio entre la entidad empresaria y la legisladora nacional.
Acompañamiento con reparos
Desde la Cámara de Comercio aclararon que su posición no fue de rechazo integral a la reforma laboral, sino de acompañamiento condicionado. Alfonso sostuvo que el sector comercial comparte la necesidad de modernizar el marco normativo laboral para promover el empleo genuino y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. No obstante, remarcó que “cualquier cambio debe respetar principios básicos de seguridad jurídica, equilibrio entre las partes y previsibilidad”, ya que de lo contrario se corre el riesgo de profundizar la conflictividad y desalentar la inversión.
En ese sentido, la entidad mercantil coincidió con los lineamientos generales impulsados por la CAC y la CAME, que vienen señalando la necesidad de reglas claras y estables para el desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, advirtió que los cinco artículos objetados se apartan de ese objetivo y podrían generar efectos contrarios a los buscados por la propia reforma.
negociación colectiva
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la Cámara de Comercio de Resistencia estuvo dirigido al artículo 126 del proyecto, que introduce cambios en el sistema de negociación colectiva al limitar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Según explicaron, esta disposición desnaturaliza el carácter integral de los convenios, debilita la autonomía de las partes y genera un escenario de mayor inseguridad jurídica. Desde la entidad sostuvieron que la ultraactividad cumple un rol central en la estabilidad de las relaciones laborales, ya que garantiza la vigencia de las condiciones pactadas hasta tanto se acuerde un nuevo convenio. “Limitarla implica abrir la puerta a vacíos normativos y a una mayor conflictividad”, advirtieron, al tiempo que señalaron que la medida resulta incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al introducir una regresión en derechos laborales consolidados.
representación empresarial
Otro de los puntos objetados fue el artículo 128, que, según la Cámara, afecta la representación empresarial y rompe el principio de paridad entre las partes. De acuerdo al planteo realizado ante la senadora Schneider, la norma mantiene los aportes obligatorios para las organizaciones sindicales, pero prohíbe un esquema equivalente para el sector empresario. Esta asimetría, consideraron, genera un trato inequitativo que debilita la capacidad institucional de representación de las cámaras empresarias, particularmente de aquellas que nuclean a pymes y comercios. “Sin recursos adecuados, se dificulta la participación efectiva del sector empresario en los ámbitos de diálogo social y negociación colectiva”, advirtieron desde la entidad mercantil.
fragmentación normativa
En relación con los artículos 130 y 131, la Cámara de Comercio de Resistencia señaló que alteran el sistema de articulación entre convenios colectivos al otorgar prevalencia a acuerdos de ámbito menor —como los convenios por empresa— por sobre los convenios de actividad. A criterio de la entidad, esta modificación fragmenta el marco normativo laboral y habilita desigualdades salariales y de condiciones de trabajo entre trabajadores que realizan las mismas tareas. Asimismo, advirtieron que la medida afecta el principio de “igual remuneración por igual tarea” y puede derivar en una competencia desleal entre empresas, en la medida en que algunas podrían reducir costos laborales a partir de acuerdos con menores derechos. “Lejos de ordenar el sistema, se introduce una lógica de fragmentación que genera incertidumbre y conflictos”, sostuvieron.
discrecionalidad estatal
El quinto artículo cuestionado fue el 132, que otorga a la autoridad administrativa la facultad de convocar la renegociación de convenios vencidos y suspender de oficio los efectos de su homologación. Para la Cámara de Comercio, esta disposición introduce un alto grado de discrecionalidad estatal y afecta la previsibilidad necesaria tanto para empleadores como para trabajadores.
Desde la entidad señalaron que la intervención administrativa en convenios ya homologados vulnera la seguridad jurídica y puede desalentar la negociación colectiva. “Las reglas del juego deben ser claras y estables; de lo contrario, se genera un clima de incertidumbre que impacta negativamente en la actividad económica”, afirmaron.
diálogo y pedido de eliminación
Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Resistencia adelantó que se sumará al trabajo conjunto con cámaras empresarias de todo el país para dialogar con legisladores nacionales y solicitar la eliminación de los artículos objetados. El objetivo, según remarcaron, es contribuir a una reforma laboral “equilibrada, previsible y promotora del empleo genuino”, que contemple las necesidades del sector productivo sin generar retrocesos institucionales.
La senadora Silvana Schneider, por su parte, escuchó los planteos de la entidad y se comprometió a analizar las objeciones en el marco del debate legislativo que se dará en los próximos días en el Senado.
sesión clave
en el Senado
El Senado de la Nación sesionará el 11 de febrero para tratar la reforma laboral, en lo que será una jornada clave para el futuro del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Según explicó la senadora oficialista Patricia Bullrich, se aceptaron modificaciones al texto original con el objetivo de alcanzar los votos necesarios para la media sanción.
Mientras el Senado se prepara para debatir la reforma laboral, el clima social se encuentra marcado por la protesta sindical. Las dos CTA definieron un paro nacional y movilización al Congreso para el día en que se trate el proyecto en la Cámara alta, el miércoles 11 de febrero.