El gobernador Leandro Zdero encabezó en Villa Ángela la entrega de 50 títulos de propiedad y centró su mensaje en la regularización dominial como una responsabilidad indelegable del Estado hacia las familias que cumplieron con sus obligaciones de pago durante décadas.
En ese marco, sostuvo que la política de escrituración apunta a reparar incumplimientos históricos y a completar el proceso habitacional con la documentación definitiva que acredita la propiedad de las viviendas.
Tras el acto, el mandatario subrayó que una de las beneficiarias aguardó 45 años para acceder al título de su vivienda, situación que utilizó para ejemplificar el alcance del problema en la provincia.
«Esto nos pasa a lo largo y ancho de la provincia y por eso estamos trabajando para reparar ese daño donde el Estado no cumplió cuando la gente pagaba sus cuotas», sostuvo, en referencia a demoras acumuladas en anteriores gestiones.
En esa línea, Zdero vinculó la entrega de títulos con la necesidad de saldar una deuda institucional con quienes sostuvieron el pago mensual de sus viviendas sin recibir la documentación correspondiente. «Las familias cumplieron mes a mes pagando su cuota y el Estado tenía la responsabilidad de otorgar ese título», afirmó, al remarcar que la escrituración constituye el cierre formal de un compromiso asumido por el propio Estado.
El jefe del Ejecutivo también planteó que la construcción de viviendas, aun siendo un eje central de la política habitacional, resulta insuficiente si no se completa con la titularización de las propiedades. «Cuando se tiene mucha plata es fácil hacer muchas viviendas, pero queda algo inconcluso si no se entrega el título», expresó, destacando que la seguridad jurídica es un componente esencial del derecho a la vivienda.
Finalmente, el gobernador señaló que la regularización dominial se convirtió en una prioridad de su administración, con el objetivo de restablecer la confianza entre la ciudadanía y el Estado.
«Tomamos esa responsabilidad de regularizar y en dos años de gestión llevamos 5 mil títulos de propiedad puestos en manos de chaqueños que cumplieron con el Estado», destacó, al presentar cifras acumuladas de su gestión.
ALCANCE DE LA POLÍTICA HABITACIONAL Y CIFRAS OFICIALES
La entrega de los 50 títulos en Villa Ángela permitió alcanzar, según datos oficiales, un total de 5 mil títulos otorgados en los primeros dos años de la actual gestión provincial. Este número fue expuesto por el Gobernador como un indicador del ritmo de regularización impulsado por el Ejecutivo, en un contexto marcado por expedientes pendientes de larga data.
Zdero sostuvo que el proceso de escrituración no solo responde a una cuestión administrativa, sino que impacta directamente en la estabilidad patrimonial de las familias.
La posesión del título de propiedad formaliza derechos, facilita trámites sucesorios y habilita el acceso a créditos, aspectos que, según la visión oficial, consolidan el arraigo y fortalecen la estructura económica de los hogares.
El mandatario enfatizó que la política de entrega de títulos apunta a revertir situaciones extendidas en distintos puntos del territorio provincial, donde familias cumplieron durante años con el pago de sus cuotas sin recibir la documentación definitiva. «Esto nos pasa a lo largo y ancho de la provincia», reiteró, al señalar la dimensión estructural del problema.
En el mismo sentido, destacó que la regularización dominial se inscribe dentro de una estrategia más amplia de ordenamiento administrativo, orientada a cerrar etapas inconclusas en materia habitacional.
La entrega de títulos fue presentada como el paso final de un proceso que comienza con la adjudicación y el pago de la vivienda y culmina con la escrituración.
Además, el Zdero vinculó la política de regularización con la sostenibilidad financiera del sistema habitacional provincial, al afirmar que la confianza recuperada permitió avanzar en nuevas construcciones con recursos propios. «Gracias a esa confianza recuperada, hoy todas las viviendas que estamos entregando en la provincia se realizan con recursos propios», explicó.
Felicidad y emoción
El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Fernando Berecoechea, también se refirió al alcance de la medida y al impacto en las familias beneficiadas.
Señaló que fueron 50 las familias que aguardaron durante décadas para cerrar una etapa relevante de sus vidas vinculada a la vivienda propia.
«Vemos la felicidad y la emoción que significa para la familia recibir mucho más que un papel. Es el cierre de una etapa muy larga, cargada de recuerdos y, en muchos casos, de personas que ya no están», expresó el titular del organismo, al describir el valor simbólico y jurídico del título de propiedad.
Berecoechea recordó, además, que días atrás se concretó la entrega de 32 viviendas en Quitilipi, en el marco de la continuidad de la política habitacional. Al mencionar ese antecedente, diferenció la etapa de acceso a la vivienda de la instancia final de regularización dominial que atravesaron las familias de Villa Ángela.
«Las familias de Villa Ángela recorrieron ese camino durante 45 años y recién hoy pudieron tener el título en sus manos», afirmó, subrayando la extensión temporal del proceso que concluyó con la entrega de las escrituras.
El funcionario añadió que el objetivo es acortar esos plazos para quienes hoy reciben una vivienda. «Vamos a hacer todo lo posible para que las familias que hoy reciben su vivienda no tengan que esperar tanto tiempo para disponer de algo tan importante», concluyó.
Responsabilidad, cumplimiento y reparación
Zdero remarcó que la regularización de títulos constituye una forma de reparación frente a incumplimientos previos del Estado. «Estamos trabajando para reparar ese daño donde el Estado no cumplió cuando la gente pagaba sus cuotas», expresó, situando la política actual como una respuesta a demoras históricas en la entrega de escrituras.
El gobernador insistió en que el pago mensual de las cuotas por parte de las familias implicó el cumplimiento de una obligación contractual que debía tener su correlato en la entrega del título. «Las familias cumplieron mes a mes pagando su cuota y el Estado tenía la responsabilidad de otorgar ese título», reiteró, reforzando la idea de reciprocidad en el vínculo entre ciudadanos y administración pública.
En esa misma línea, planteó que la regularización no es un acto discrecional, sino el cumplimiento de un deber institucional. «Tomamos esa responsabilidad de regularizar», afirmó, al explicar que la decisión política fue avanzar sobre expedientes demorados y concluir procesos que habían quedado inconclusos durante décadas.
El caso de la beneficiaria que esperó 45 años fue expuesto como un ejemplo paradigmático de la magnitud de las demoras.
La referencia temporal permitió dimensionar la extensión de los plazos que enfrentaron numerosas familias para acceder a la documentación definitiva de sus viviendas.