El transporte público de la provincia permaneció paralizado durante toda la jornada de ayer, debido a un paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco en reclamo por el pago del 50% restante de los salarios correspondientes a enero.
El secretario general del gremio, Raúl Abraham, explicó que las empresas solo abonaron la mitad de los haberes en el cuarto día hábil y que, ante la falta de cancelación del saldo, los trabajadores resolvieron suspender el servicio en toda el área metropolitana.
La protesta impactó de lleno en miles de usuarios que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, estudio y distintas actividades.
Desde primeras horas de la mañana no circularon unidades en el Gran Resistencia, generando complicaciones en la movilidad urbana y obligando a muchos ciudadanos a recurrir a medios alternativos o a reorganizar sus rutinas.
«El paro lo estamos haciendo por un tema estrictamente nuestro, por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de enero. Las empresas tenían que haber abonado el sueldo completo el cuarto día hábil, pagaron un 50% y estamos esperando el otro 50%», explicó Abraham en declaraciones a radio Facundo Quiroga.
El dirigente sostuvo que la medida no estuvo vinculada a la conciliación obligatoria dictada en el marco de la discusión paritaria nacional, sino que respondió exclusivamente a la situación salarial local. «No hay servicio de colectivos. Estamos esperando el transcurso del día para ver si tenemos alguna respuesta por parte del empresario», afirmó el secretario general de la UTA Chaco.
En ese sentido, advirtió que el gremio evaluaría junto a los delegados la continuidad o no del paro en función de las respuestas que pudieran surgir. «Si dicen que la plata aparece y que pagan el jueves o el viernes, y tenemos un compromiso serio, podemos comenzar a trabajar al día siguiente. Pero si no hay respuesta, eso es lo que preocupa», señaló.
Abraham remarcó que el salario tiene carácter alimentario y que la situación generó malestar entre los trabajadores. «Hay bronca de parte de los muchachos con total razón, porque se está reteniendo un salario que tienen ganado. Se trata estrictamente de algo alimentario», expresó.
Un conflicto
que se repite
El paro volvió a poner en evidencia la fragilidad estructural del sistema de transporte público en la provincia del Chaco, atravesado desde hace meses por demoras en los pagos, reclamos empresariales por subsidios y advertencias sobre posibles crisis financieras.
«Este conflicto se repite mes a mes y lamentablemente es por la falta de interés en encontrar una solución», opinó Abraham. El dirigente apuntó directamente a la responsabilidad del gobierno provincial y cuestionó la ausencia de instancias de diálogo institucional. «Sería interesante y saludable que el Gobierno convoque, que nos haga ver la situación y ver si se puede solucionar o no. Si piensan en la gente, en el usuario, creo que podríamos haber arreglado tranquilamente», sostuvo.
En ese marco, negó que la postura del gremio tuviera motivaciones políticas. «No tiene absolutamente nada que ver el color político. Cuando hacen bien las cosas hay que felicitarlos y cuando hacen mal las cosas lo vamos a criticar. Lo mismo ocurrió con el gobierno anterior», afirmó.
El secretario general describió el momento actual como uno de los más críticos que atravesó el sistema. «Esto nunca pasó, es la peor época», aseguró, en referencia a la acumulación de conflictos financieros y salariales.
La situación
de las empresas
Uno de los puntos centrales del conflicto fue la situación de las empresas que operan el servicio en el área metropolitana. Abraham detalló que algunas firmas se encuentran en escenarios financieros delicados, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de trabajadores.
«TSM viene desde septiembre del año pasado con un procedimiento preventivo de crisis y ahora está en concurso de acreedores. Eso significa que estamos a un paso de la quiebra», explicó, ya que según indicó, esa empresa emplea a alrededor de 220 trabajadores.
En cuanto a Ersa, otra de las compañías que presta servicio en la región, el dirigente recordó que había advertido en el pasado sobre la posibilidad de que empresas foráneas abandonaran la plaza si no lograban sostener la rentabilidad. «Cuando Ersa presentó una nota al gobernador donde decía que si no le daban lo que solicitaban podían levantar e irse de Resistencia, estábamos hablando de 240 trabajadores», afirmó.
Abraham comparó la situación con lo ocurrido en otras provincias. «En Formosa pasó algo similar, se fueron y quedaron más de 200 trabajadores en la calle. Después la Municipalidad se hizo cargo, pero no con la cantidad de colectivos necesaria y con trabajadores como monotributistas, no como empleados. Eso es lo que no queremos que ocurra acá», sostuvo.
Para el dirigente sindical, la solución requiere una mesa de diálogo amplia. «Si hay voluntad política y nos sentamos todos en una mesa, podemos encontrar una solución que sea beneficiosa para todos, no para un sector en particular. Pero lamentablemente no hay esa voluntad», expresó.
Subsidios y tarifas en debate
El trasfondo del conflicto volvió a girar en torno al esquema de subsidios al transporte y la actualización de la tarifa del boleto. Las empresas justificaron el incumplimiento salarial en la demora o insuficiencia de los fondos que reciben para sostener la prestación.
Abraham cuestionó declaraciones públicas del gobernador en relación al financiamiento del sistema. «Se dijo que no se le iba a dar más plata al transporte porque también habría que ayudar al comerciante o al kiosquero. Pero no es lo mismo un comercio que un transporte público», argumentó.
En ese sentido, explicó que mientras los comerciantes pueden trasladar de inmediato los aumentos de costos a los precios de sus productos, las empresas de transporte dependen de audiencias públicas y decisiones administrativas para modificar el valor del boleto. «No pueden aumentar la tarifa automáticamente. Tiene que convocarse a una audiencia pública para que se determine si se aumenta o no el boleto», señaló.
El dirigente insistió en que el transporte público cumple una función social esencial y que la discusión no puede limitarse a una lógica estrictamente comercial. «Estamos hablando de un servicio público que utilizan miles de personas todos los días. No es un negocio cualquiera», subrayó.
Impacto en
los usuarios
La jornada sin colectivos generó complicaciones en distintos puntos del área metropolitana. Trabajadores, estudiantes y personas mayores se vieron obligados a caminar largas distancias, compartir vehículos particulares o recurrir a servicios de transporte alternativos con costos superiores.
«El conflicto volvió a evidenciar la dependencia que tiene la población del servicio urbano y suburbano de pasajeros, especialmente en sectores donde el colectivo constituye el único medio de movilidad accesible.
Desde la UTA reconocieron el impacto que provoca la medida, pero insistieron en que se trató de una decisión forzada por la falta de pago. «No hacemos un paro porque nos gusta o porque queremos. Nunca tuvimos esa intención», afirmó Abraham.
El gremio aguardaba durante la tarde del miércoles una señal concreta por parte de las empresas respecto al pago del saldo adeudado. De no mediar una solución, no se descartaba la continuidad de la medida por tiempo indefinido.