El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, encabezó ayer un acto oficial en el que reconoció públicamente el trabajo realizado por efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que participaron en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, causa que culminó con la condena a prisión perpetua de los integrantes del denominado clan Sena, cuyas sentencias fueron leídas el pasado 10 de febrero.
La actividad se desarrolló en un marco institucional orientado a destacar el desempeño de las fuerzas de seguridad a lo largo de un proceso que tuvo amplia repercusión social y mediática.
El reconocimiento se realizó por decisión del gobernador Leandro Zdero, quien estableció como eje de su gestión la lucha contra las mafias y el fin de la impunidad en la provincia. Según se informó, la iniciativa buscó poner en valor el trabajo sostenido de las áreas operativas y técnicas que intervinieron desde el inicio de la causa hasta su resolución judicial.
Del encuentro participaron el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; la jefa del SPP, alcaide general Erica Maidana; subsecretarios de la cartera de Seguridad; personal policial en actividad y retiro; y agentes que intervinieron directamente en la investigación, desde oficiales superiores hasta personal subalterno de ambas instituciones.
La convocatoria incluyó a quienes desempeñaron funciones en distintas etapas del proceso, tanto en la faz investigativa como en el resguardo institucional durante el juicio.
El acto comenzó con un mensaje de respeto hacia la familia de la víctima, destacando su fortaleza en la búsqueda de verdad y justicia, y con un agradecimiento a vecinos y medios de comunicación que acompañaron y mantuvieron visible el caso ante la sociedad. En ese marco, se subrayó el rol de la comunidad en el sostenimiento de la demanda pública de esclarecimiento.
Durante su discurso, Matkovich señaló que «se cerró un ciclo que la sociedad esperaba con ansias» y afirmó que el resultado fue fruto de «una decisión institucional de dejar trabajar a la justicia y de una Policía que actuó con profesionalismo».
El ministro remarcó que el desenlace judicial respondió a un proceso articulado entre las distintas áreas del Estado.
LA INVESTIGACIÓN
Y EL TRABAJO OPERATIVO
El titular de la cartera de Seguridad destacó el compromiso del personal interviniente desde el inicio de la investigación. «Hubo hombres y mujeres que resistieron presiones, que avanzaron con apego a los procedimientos y que pusieron por delante la búsqueda de la verdad. Ese trabajo hoy es reconocido por toda la comunidad», expresó, al referirse a la labor desarrollada en un contexto de alta exposición pública.
En el acto se valoró especialmente el accionar coordinado de las distintas unidades policiales, las primeras medidas investigativas adoptadas tras la denuncia, y la recolección de elementos probatorios que resultaron determinantes para el avance del expediente.
Se mencionó como aspecto central la articulación entre áreas técnicas y operativas, que permitió sostener la línea investigativa hasta su consolidación en el juicio.
Entre los aportes destacados se señaló la intervención del Departamento Canes, cuya labor permitió la detección de rastros biológicos considerados relevantes para la causa.
Asimismo, se ponderó el trabajo de las áreas de investigaciones complejas, que profundizaron el análisis de pruebas y testimonios en el marco de un proceso judicial de alta complejidad.
También se reconoció el desempeño del personal encargado de garantizar la seguridad durante todo el proceso judicial, incluyendo las audiencias del juicio por jurados. La logística de custodia y control fue considerada un componente esencial para el desarrollo ordenado de las instancias procesales.
El ministro enfatizó que la actuación profesional y el apego a los procedimientos fueron elementos centrales para alcanzar el resultado judicial. En ese sentido, se remarcó que la investigación se desarrolló respetando los marcos legales vigentes y bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF).
ARTICULACIÓN CON LA JUSTICIA PROVINCIAL
Matkovich hizo extensivo el reconocimiento a la Justicia provincial y al MPF, destacando la labor de los funcionarios judiciales que intervinieron en distintas etapas del proceso. En particular, mencionó al fiscal de Género, Jorge Cáceres Olivera, quien inició la investigación tras conocerse la denuncia.
Asimismo, se destacó la actuación de los fiscales Martín Bogado y Nelia Velázquez, quienes intervinieron en el juicio por jurados y sostuvieron la acusación durante el debate oral.
El desempeño del equipo fiscal fue considerado clave para la presentación y defensa de las pruebas reunidas durante la instrucción.
La jueza técnica Dolly Fernández también fue mencionada en el reconocimiento institucional, en tanto tuvo a su cargo la conducción técnica del juicio por jurados, instancia que culminó con la lectura de las condenas a prisión perpetua el pasado 10.
«La articulación entre la justicia y las fuerzas de seguridad permitió alcanzar un resultado histórico para la provincia», afirmó el ministro, al poner de relieve la coordinación interinstitucional como factor determinante en el desenlace del proceso.
El caso, que generó una amplia repercusión a nivel provincial y nacional, se convirtió en uno de los procesos judiciales más significativos de los últimos años en el Chaco, tanto por la gravedad del hecho investigado como por la trascendencia social que adquirió desde sus primeras etapas.
Condena y repercusión social
La lectura de las sentencias el pasado 10 marcó el cierre formal de la etapa de juicio, con la imposición de la pena de prisión perpetua a los integrantes del denominado clan Sena. La decisión judicial fue seguida con atención por la opinión pública y constituyó el desenlace de un proceso que mantuvo en vilo a la sociedad chaqueña.
Desde el Ejecutivo provincial se interpretó el resultado como una señal institucional vinculada a la lucha contra la impunidad y las organizaciones delictivas.
En ese marco, el reconocimiento a las fuerzas de seguridad se inscribió en una narrativa oficial que prioriza la consolidación de políticas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones.
El ministro sostuvo que el cierre del proceso respondió a una política clara de respaldo a la labor judicial y policial, subrayando que la investigación se desarrolló en un contexto de presión social y mediática que exigió rigor técnico y prudencia institucional.
La causa también evidenció la centralidad del juicio por jurados como mecanismo de participación ciudadana en la administración de justicia, modalidad que permitió que un grupo de ciudadanos evaluara las pruebas y emitiera un veredicto conforme al marco legal vigente.
Traslado a cárceles federales
En la parte final del acto, Matkovich firmó el pedido de traslado de los condenados a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La solicitud se fundamentó en el alto perfil público de los internos, la repercusión nacional del caso y la existencia de causas pendientes en el ámbito federal.
El planteo contempla que los condenados cumplan su pena en establecimientos federales que, según se indicó, resultan acordes a las características del caso y a las condiciones de seguridad requeridas. La medida será tramitada ante las autoridades competentes para su evaluación y eventual concreción.
«Buscamos que cumplan su condena en un ámbito acorde a las características del caso, garantizando seguridad y el correcto cumplimiento de la pena», concluyó el ministro, al sintetizar los fundamentos del pedido formalizado.
El traslado a cárceles federales, en caso de concretarse, implicaría el cambio de jurisdicción penitenciaria de los condenados, bajo la órbita del SPF, organismo dependiente del Estado nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial procuró cerrar institucionalmente el proceso judicial, combinando el reconocimiento a las fuerzas intervinientes con medidas orientadas a garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas impuestas.