El diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, en declaraciones a LA VOZ DEL CHACO, se refirió a la discusión parlamentaria en torno al régimen penal juvenil y ratificó la postura del bloque oficial frente a la iniciativa que propone modificar la edad de imputabilidad.
El legislador encuadró el debate en un contexto de conmoción social y política, marcado por hechos recientes que reavivaron la demanda de reformas en materia de responsabilidad penal de menores.
«Respecto a la posición, un poco creo que todos estamos en cuanto al régimen penal juvenil consternado por el Jeremías Monzón», sostuvo Almirón al introducir el tema, aludiendo al adolescente (15), víctima de un plan macabro ejecutado por otros tres menores en Santa Fe.
En ese marco, precisó con claridad la definición adoptada por el bloque oficial: «La posición del bloque es delito de adulto, pena de adulto».
Almirón indicó que, más allá de las posiciones en debate, el proyecto implica un avance sustantivo en su tratamiento parlamentario.
Según explicó, si bien la iniciativa establece la fijación de la edad de imputabilidad en 14 años, el punto se encuentra «zanjado» en el marco de la discusión técnica y política desarrollada hasta el momento.
ALCANCES DEL PROYECTO Y RÉGIMEN ESPECIAL
No obstante, el legislador detalló que la propuesta no se limita a la reducción de la edad de imputabilidad, sino que incorpora una serie de institutos específicos destinados a regular el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal.
«Si bien la discusión ya está zanjada porque el proyecto con dictamen de mayoría fija en 14 años hay un montón de institutos incorporados al tratamiento que va a llevar adelante frente a este tipo de delitos el menor fija un régimen especial es un régimen especial», afirmó.
En ese sentido, explicó que el esquema previsto contempla un régimen diferenciado para adolescentes, con procedimientos y dispositivos acordes a su condición etaria, aun cuando habilite la imposición de condenas.
El objetivo, remarcó, es combinar la responsabilidad penal con un marco normativo específico que distinga la situación de los menores respecto del régimen general de adultos.
Almirón subrayó que el proyecto «no solamente que ya permite la condena del menor», sino que también busca establecer pautas claras frente a delitos de particular gravedad.
Esta posibilidad de condena, señaló, responde al deber de dotar al sistema judicial de herramientas que, a su entender, resultan hoy insuficientes ante determinados hechos.
El diputado destacó que el texto contempla estos aspectos como parte integral de la reforma, más allá de la cuestión puntual de la edad.
RECLUTAMIENTO DE MENORES Y CRIMEN ORGANIZADO
Almirón subrayó que otro de los puntos centrales es la preocupación por el uso de menores por parte de organizaciones delictivas. «Actualmente vemos con preocupación el reclutamiento de menores para trabajar en delitos específicos, entre ellos el narcotráfico», manifestó describiendo la problemática.
El diputado indicó que la participación de adolescentes en estructuras criminales no responde a hechos aislados, sino a una modalidad que aprovecha las limitaciones del régimen vigente.
En particular, mencionó que muchos menores son utilizados como «soldados del crimen organizado», en referencia a tareas de logística, distribución o vigilancia dentro de redes vinculadas al narcotráfico.
El legislador consideró que este fenómeno se ve favorecido por lo que definió como una situación de impunidad relativa.
Al respecto, señaló que existe «esa impunidad de ser soldados del crimen organizado y de alguna manera no tener ningún tipo de límites en cuanto a la detención y al manejo de esta situación», descripción que apunta a las restricciones actuales del sistema penal juvenil.
Por otro lado, enfatizó que faltan herramientas legales adecuadas genera un incentivo para que las organizaciones criminales incorporen menores a sus estructuras, sabiendo que las consecuencias penales pueden ser más limitadas.
En ese sentido, subrayó que la reforma busca cerrar ese margen y reducir el atractivo del reclutamiento juvenil para fines delictivos.
Contexto internacional
Almirón, además, situó el debate argentino en un marco comparado, al señalar que la problemática trasciende las fronteras nacionales.
Sostuvo que «no solamente el país, sino que son muchos los países que han endurecido las penas y han bajado la imputabilidad», en alusión a reformas adoptadas en distintas jurisdicciones frente a fenómenos similares.
El diputado nacional remarcó que la revisión del régimen penal juvenil no constituye un hecho aislado, sino parte de una tendencia observada en otros sistemas jurídicos.
En ese sentido, subrayó que el endurecimiento de penas y la reducción de la edad de imputabilidad han sido objeto de debates en diversos países, especialmente ante el incremento de la participación de menores en delitos graves, subrayando que la postura del bloque oficial se inscribe en una línea que prioriza la respuesta penal como herramienta de disuasión y control.
DEBATE LEGISLATIVO Y PROYECCIÓN
DE LA REFORMA
El diputado subrayó que la fijación de la edad en 14 años y la incorporación de un régimen especial constituyen los ejes centrales de una discusión que involucra aspectos jurídicos, sociales y de política criminal.
Almirón dejó en claro que, para La Libertad Avanza, la prioridad es establecer un principio de responsabilidad acorde a la gravedad del delito cometido.
«Delito de adulto, pena de adulto», remarcó, sintetizando esa orientación, que plantea la equiparación entre el hecho y la sanción, dentro de los límites previstos por el nuevo régimen.
Cómo se alinearon los bloques en la votación clave
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorgó media sanción al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil con 149 votos afirmativos y 100 negativos, en una votación que exhibió un marcado alineamiento político.
Acompañaron la iniciativa el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados legislativos, entre ellos Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Producción y Trabajo, que consolidaron la mayoría necesaria para avanzar con la propuesta.
En contraposición, votaron en contra los legisladores de Unión por la Patria, junto a bloques de izquierda y expresiones provinciales como Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba, configurando el núcleo opositor que rechazó la baja de la edad de imputabilidad incluida en el texto aprobado en general.