El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, solicitó en nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, la intervención de la representación consular argentina en el caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil acusada de racismo.
El texto, ingresado este viernes, solicita que la Cancillería efectúe gestiones para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la compatriota sometida a un proceso penal en la ciudad de Rio de Janeiro.
En la misiva, Gil Lavedra afirmó que «pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas; es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país».
El presidente del CPACF recordó que «la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos». Por ello, pidió que se arbitren los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete las garantías judiciales internacionales.
La solicitud de Gil Lavedra recibió el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, donde se encuentra matriculada Páez.
El titular del CPACF también remitió una carta a la presidenta de la Orden de Abogados de Brasil Sección Río de Janeiro. En ese texto, solicitó la colaboración de la entidad brasileña para asegurar que «el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia».
Agostina Páez prepara su defensa en Brasil
La letrada santiagueña fue recibida por el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, junto a sus abogados. El funcionario explicó que el encuentro sirvió para «pulir la defensa» y que le recomendó a la familia la posibilidad de contratar un abogado particular local, ya que un defensor de oficio podría haber «estirado los plazos» del proceso.
Por su parte, Páez señaló que el gesto que originó la denuncia fue una «reacción emocional» y describió el impacto personal que tuvo el episodio. «Nunca me imaginé la gravedad que podría implicar, así como no haber podido salir a la calle, vivir con miedo de que me hagan algo. Me tuve que mudar muy lejos porque ya se filtraba mi dirección», relató, en diálogo con TN.
La abogada argentina se mostró arrepentida de la situación pero a su vez, dijo estar preocupada por su caso ya que recibió malos tratos de parte de un policía que está con ella desde que la detuvieron. Si bien no dio detalles porque teme que sus declaraciones entorpezcan la investigación, Agostina sostuvo: «La mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer todo este tiempo».
En la actualidad, está con tobillera electrónica y sin la posibilidad de salir del estado, imputada por el delito de injuria racial. No obstante, tuvo que mudarse más lejos porque se filtró la dirección del domicilio donde se encontraba anteriormente. La defensa de Páez planteó además que existe una construcción errónea de su imagen, potenciada por la mediatización del caso y de la campaña en Brasil donde se la condena por un delito que aún no se comprobó.