El Senado de la Nación comenzará en la segunda quincena de este mes el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción el 13 de febrero.
La revisión se proyecta para iniciarse en comisiones alrededor del 18 de febrero, con el objetivo de alcanzar la aprobación definitiva hacia finales de mes o principios de marzo, en lo que constituye la última instancia legislativa nacional para la ratificación del tratado firmado el 17 de enero.
El expediente será girado a comisiones como la de Relaciones Exteriores y Culto, ámbito natural para el análisis de instrumentos internacionales de esta magnitud, antes de llegar al recinto.
Dado su carácter de tratado internacional, el texto se votará en su totalidad y previsiblemente sin modificaciones sustanciales, conforme a la práctica parlamentaria en este tipo de acuerdos, lo que concentra el debate en la conveniencia política y económica de su ratificación.
El gobierno nacional impulsa un cronograma ágil de tratamiento con la intención de posicionar a la Argentina como el primer país del bloque en convalidar el entendimiento. Esta estrategia busca acelerar los tiempos internos para que el país quede en condiciones de implementar los compromisos comerciales una vez que el instrumento entre en vigor en el plano internacional.
La revisión en el Senado adquiere especial relevancia en un contexto regional en el que la ratificación aún no ha sido completada por los demás Estados parte del Mercosur. La eventual aprobación convertiría a la Argentina en la primera economía del bloque en incorporar formalmente el acuerdo a su ordenamiento jurídico, reforzando su perfil de apertura comercial en el escenario birregional.
En términos institucionales, la aprobación legislativa resulta necesaria en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional, que exige la intervención del Congreso para la incorporación de tratados internacionales al derecho interno. Sin ese paso, el acuerdo no puede adquirir plena vigencia jurídica en el ámbito nacional ni habilitar su aplicación interna.
EL PASO POR DIPUTADOS Y EL CONTEXTO POLÍTICO
La Cámara de Diputados dio luz verde al tratado comercial con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, en una sesión realizada en el marco del período de extraordinarias. El respaldo incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la mayoría de los bloques provinciales, mientras que el bloque Unión por la Patria exhibió una fractura interna, ya que 47 de sus integrantes acompañaron la iniciativa, desmarcándose de la postura mayoritaria del espacio.
Durante el debate en la Cámara baja, el acuerdo fue votado en su totalidad sin posibilidad de modificaciones, en atención a su carácter de instrumento internacional ya suscripto.
Con esa media sanción, el expediente fue remitido al Senado para su revisión final, consolidando un apoyo transversal aunque no exento de tensiones políticas.
En paralelo, mientras la parte política del tratado permanece frenada en Europa a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la faz económica podría comenzar a negociarse de forma unilateral.
Este escenario abre la posibilidad de que la Argentina acceda anticipadamente a determinadas cuotas de exportación, como las de carne, antes que sus socios regionales, en caso de completar su ratificación interna.
Alcances
El proyecto sometido a consideración legislativa aprueba el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), suscripto el 6 de diciembre de 2024, como instrumento jurídico internacional que regula compromisos comerciales específicos entre ambas partes.
Su carácter «interino» responde a su función transitoria dentro de un proceso más amplio de asociación estratégica birregional, permitiendo adelantar beneficios comerciales mientras se completan los procedimientos del acuerdo integral.
El texto se concentra exclusivamente en el pilar comercial del futuro Acuerdo de Asociación, dejando fuera los capítulos políticos y de cooperación.
De este modo, delimita su alcance a cuestiones vinculadas al intercambio de bienes y servicios, reglas de mercado y disciplinas comerciales, con el propósito de ampliar y mejorar el acceso a mercados para las exportaciones de ambas regiones.
La creación de una zona de libre comercio constituye el núcleo estructural del entendimiento, estableciendo un esquema de liberalización recíproca del intercambio. El cronograma de eliminación o reducción de aranceles abarca un universo amplio de bienes industriales y agroindustriales, con compromisos graduales de desgravación que buscan incrementar los flujos comerciales de manera sostenida.
En materia de facilitación del comercio, el acuerdo promueve la simplificación de trámites aduaneros, mayor transparencia normativa y cooperación administrativa.
Asimismo, incorpora disciplinas relativas a obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, estableciendo parámetros de cooperación y reconocimiento regulatorio destinados a garantizar estándares de calidad sin constituir barreras encubiertas.
Impacto económico
El acuerdo abre oportunidades en un espacio económico que supera los 700 millones de consumidores, integrando las economías sudamericanas del Mercosur con el mercado europeo.
Para la Argentina, el acceso ampliado a uno de los mercados más desarrollados del mundo podría fortalecer la competitividad de sus exportaciones mediante la reducción de aranceles y obstáculos técnicos.
En términos sectoriales, los productos agroindustriales, las economías regionales y determinados bienes industriales se perfilan como potenciales beneficiarios de la desgravación arancelaria progresiva. La posibilidad de acceder a cuotas de exportación, como las de carne, antes que otros socios del bloque, constituye un incentivo adicional en el corto plazo.
Para el Norte Argentino, donde las economías regionales tienen un peso significativo en la estructura productiva, la ampliación de mercados podría traducirse en mayores volúmenes de exportación y en la necesidad de mejorar estándares sanitarios, logísticos y de calidad.
La simplificación de trámites aduaneros y la cooperación regulatoria podrían reducir costos y tiempos, factores clave para provincias alejadas de los principales puertos.