El debate en el Congreso nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad reactivó una discusión que atraviesa desde hace años al sistema penal argentino.
En ese contexto, el abogado penalista Marco Molero, en contacto con Radio Natagalá, analizó el alcance del proyecto que comenzará a tratarse y advirtió que, más allá de la legalidad formal de una eventual reforma, el verdadero problema radica en la falta de infraestructura y políticas integrales que acompañen cualquier modificación normativa.
Molero señaló que la discusión «se viene dando desde hace muchos años» y consideró que ahora «aparentemente sería tomada casi como política de Estado para consumar una baja en la edad a partir de la cual se respondería penalmente».
Sin embargo, aclaró que no se trata de una cuestión que pueda resolverse únicamente desde el derecho penal, sino también a las políticas educativas, sociales y de inclusión. La baja de la edad de imputabilidad aparece así como el punto visible de un problema más amplio, que, según advirtió Molero, difícilmente pueda resolverse únicamente con una reforma legal.
«En primer lugar, no somos los abogados quienes estamos en condiciones de dar esta respuesta, sino de generar ciertos interrogantes», sostuvo y explicó que la edad de imputabilidad debe analizarse en función de la madurez psicológica y social de los menores.
«No es lo mismo claramente la toma de decisión de una persona de 20 años, 18 años, que alguien de 12 o 13 años. Esto es una cuestión hasta lógica», afirmó.
Infraestructura
inexistente
Uno de los principales cuestionamientos del penalista se centró en la falta de previsión concreta sobre los lugares de detención y los dispositivos institucionales que deberían crearse si prospera la reforma.
Molero planteó como primer interrogante «dónde se cumplirían las potenciales detenciones o privaciones de la libertad», teniendo en cuenta que el proyecto fija la prisión como «última ratio», es decir, como última alternativa dentro del sistema de sanciones.
Según explicó, el texto prevé que los menores no podrían ser alojados en establecimientos penitenciarios de adultos, lo que implicaría necesariamente la creación de centros específicos. «Deberían crearse centros de detención de menores responsables penalmente tras la baja de la edad de imputabilidad», advirtió.
A su vez, sostuvo que debería reordenarse todo un sistema de socialización y formación educativa para los menores alcanzados por la nueva legislación. «Se debería reordenar acerca de unos métodos o sistemas de socialización a través de métodos educativos del menor sujeto a los estándares de criminalización. Recién cuando tengamos toda esa infraestructura coadyuvante uno podrá analizar si funciona o no el sistema», indicó.
Para el abogado, sin esa estructura previa, la reforma podría transformarse en una medida meramente simbólica.
No toda ley tiene
un efecto positivo
Consultado sobre si sería legal aplicar «pena de adulto» a menores en caso de modificarse la normativa, Molero fue categórico: «Si se modifica la ley, sí; hoy no». Sin embargo, agregó una advertencia central: «No toda ley tiene un efecto positivo».
El letrado sostuvo que la respuesta punitiva frente al delito juvenil suele estar atravesada por el impacto social de hechos graves. «Hoy en día se reclama, casi como a suerte de clamor social, que se reduzca la imputabilidad para que aquel menor que robó, que apretó un gatillo, que cometió un delito hoy reservado en responsabilidad penal para mayor edad, purgue una condena y responda penalmente», señaló.
No obstante, planteó un escenario que consideró preocupante: «Imagínese lo siguiente: si por un delito de robo, incluso con un arma, responde un menor de 13 años y fue condenado, por dar un número, a 5 años de prisión. Así como antes se ingresaría al sistema punitivo, también antes, o muy joven, se egresaría del sistema punitivo».
En ese sentido, advirtió que el sistema podría terminar generando jóvenes que hayan pasado su adolescencia en instituciones de encierro y recuperen la libertad a edades tempranas, pero con mayor nivel de estigmatización.
«Dentro de pocos años vamos a tener el producido puesto a circular en la sociedad de gente que ingresó muy joven al sistema punitivo. Y va a ser muy joven nuevamente en libertad», afirmó.
«un posgrado en delito
Molero utilizó una expresión gráfica para describir el posible efecto no deseado de una baja sin políticas complementarias: «Mañana va a tener una persona que hizo un posgrado en delito y que a su vez está estigmatizado».
Comparó la trayectoria de esos jóvenes con la de otros adolescentes que continúan su formación en el sistema educativo. «Mientras otros jóvenes estuvieron en colegio secundario, estos estuvieron en instituto carcelario o instituto privativo de libertad. Entonces, ¿qué vamos a enfrentar el día de mañana?», se preguntó.
A su criterio, la respuesta puramente punitiva podría convertirse en una reacción «espasmódica» frente al impacto social del delito. «Hoy, como respuesta punitiva, es casi un clamor social: pongamos al autor del delito preso. Quizás pueda ser, porque no, si así lo dice la ley.
Pero pienso: ya que se lo pone preso, ¿cuáles son los institutos que nos van a impedir que ese joven el día de mañana no tenga herramientas sociales suficientes y prácticamente nos aseguremos que vuelva a cometer un delito y aún más grave?», reflexionó.
derechos internacionales
El abogado también advirtió que el proyecto podría generar tensiones con estándares internacionales en materia de derechos del niño si no se acompaña de garantías adecuadas. «Si se somete por sí misma una privación de libertad al autor del delito sin toda la estructura coadyuvante: formación educativa, formación sociológica, combatir la causa y no el efecto, por supuesto que sí», respondió al ser consultado sobre una eventual afectación de derechos.
No obstante, reconoció que existen países con edades de imputabilidad más bajas. Mencionó el caso de Brasil, donde la responsabilidad penal puede iniciarse a edades menores para determinados delitos. Sin embargo, aclaró que el eje no debería centrarse exclusivamente en el número de años.
«Entiendo muy modestamente que el problema no es reducir a 13, 14, 10 años. El punto es qué institutos extrapenales permiten al niño captado por el sistema penal poder resocializarse», explicó.
el debate de fondo
Molero introdujo además una crítica a la aparente contradicción entre la intención de crear institutos de encierro con fines educativos y la situación general del sistema educativo. «Muy interesante que se creen estos institutos. Y muchos de esos ya existen: se llaman escuela, se llaman sistemas educativos.
Entonces, mientras se atenta contra la educación en general, queremos creer que se propone criminalizar menores y formar institutos educativos para el menor captado por el sistema», sostuvo.
Para el penalista, la discusión debería ampliarse hacia las causas estructurales del delito juvenil. «Será momento de trabajar sociológicamente, no desde lo jurídico necesariamente, las causas que generaron que un niño menor de 12, 13, 14 o 15 años haya salido a delinquir, cuando en líneas generales hubiera optado, de poder elegir, por no hacerlo», planteó.
En esa línea, insistió en la necesidad de «atacar la causa y no el efecto». «Podrá decirse que mientras tanto se ataque el efecto, muy bien, pero con estructuras, ya no pensando solo en el niño para resocializarlo, sino en nosotros como justiciables, para que dentro de poco tiempo esta persona, cuando recupere la libertad, no esté casi en la necesidad de volver a delinquir», expresó.
El antecedente
de Inglaterra
Como ejemplo comparativo, Molero recordó un caso ocurrido en Inglaterra en la década del 90, en el que dos niños fueron condenados por un homicidio. Señaló que, más allá de la severidad de la pena, el sistema contempló un entramado de medidas reeducativas paralelas.
«En paralelo, con todo un plexo de legislación, fueron cumpliendo ciertas pautas reeducativas y cuando recuperaron la libertad ni siquiera tenían el mismo nombre que cuando habían sido condenados. Esto es para que se pueda reinsertar y pueda ser una persona distinta de la que ingresó al sistema», relató.
A su entender, ese tipo de dispositivos hoy no están previstos de manera clara en el proyecto que se debatirá en el Congreso. «Todos esos institutos paralelos hoy no están en sí mismos previstos y es lo que me permite dudar de los efectos positivos», afirmó.
Un debate abierto
Molero aclaró en reiteradas oportunidades que no pretende ofrecer una respuesta definitiva, sino plantear interrogantes. «No tengo ninguna respuesta y esperemos que no sea simplemente un proyecto más para satisfacer una reacción espasmódica, una reacción pasional, ante un flagelo problemático realmente, que es que el menor cometa un delito», concluyó.
Para el abogado, la oportunidad que abre el debate parlamentario podría ser valiosa si se amplía la discusión. «Sería aún más interesante que paralelamente discutamos por qué menores están delinquiendo cada vez más y ataquemos no solo la fiebre sino la causa que causa ese síntoma. Ataquemos la infección social», cerró.