El abogado y socio fundador de la Bolsa de Comercio, Víctor Ruiz Díaz, confirmó en declaraciones a Radio Libertad que presentó una denuncia ante la Justicia Federal con el objetivo de que se investiguen los hechos que tomaron estado público en torno a la institución, en un contexto que, según indicó, ha generado preocupación entre sus integrantes.
La presentación buscará poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal una serie de situaciones que, por su naturaleza y alcance, podrían configurar delitos de persecución pública y que, de comprobarse, tendrían impacto directo sobre el funcionamiento institucional.
De acuerdo con lo expresado por el letrado, su decisión estuvo motivada por «el daño reputacional que se está causando a la Bolsa» y por la ausencia de una respuesta institucional que, a su entender, debió haber sido «más sólida» frente a los acontecimientos.
En ese sentido, explicó que su planteo apunta a que se active el mecanismo judicial correspondiente para esclarecer los hechos denunciados en lugar de sostener interpretaciones basadas en información fragmentaria o versiones no verificadas.
«En lugar de estar leyendo información muchas veces inexacta o imprecisa, pedí que se inicie una investigación penal preparatoria en averiguación de delito», señaló Ruiz Díaz al referirse al alcance inicial de su presentación, que procura determinar con precisión las circunstancias que rodearon los episodios difundidos públicamente y establecer si existe o no una conducta penalmente relevante.
Asimismo, indicó que solicitó expresamente que se determine si los hechos podrían constituir ilícitos comprendidos dentro de la competencia federal, particularmente en el supuesto de que existieran infracciones a la Ley de Mercado de Capitales, situación que habilitaría la intervención del fuero federal en el tratamiento de la causa.
En este marco, aclaró que existe «mucha confusión» respecto de la competencia jurisdiccional, dado que si se tratara de una estafa común, prevista en el artículo 174 del Código Penal, el expediente debería tramitar ante la justicia ordinaria provincial; mientras que la eventual presencia de materia federal suficiente tornaría procedente la actuación de la justicia federal.
«Que se averigüe el acaecimiento real de los hechos y si lo sucedido es materia delictiva federal o no», resumió el abogado, al subrayar la necesidad de una determinación judicial que permita encuadrar correctamente los acontecimientos dentro del marco normativo vigente.
CONSTITUCIÓN COMO QUERELLANTE
Ruiz Díaz explicó que la presentación inicial tuvo como finalidad poner en conocimiento de la Fiscalía Federal hechos de amplia difusión pública, aunque posteriormente decidió ampliar su intervención en el proceso judicial mediante su constitución como damnificado directo.
«Voy a presentarme como damnificado porque el daño reputacional que sufre la institución lo sufrimos los socios», afirmó, al tiempo que recordó su participación en la entidad desde su fundación. En esa condición, adelantó que solicitará ser tenido como querellante particular con el propósito de impulsar la investigación y acompañar el eventual proceso penal que pudiera derivarse de las actuaciones.
«No quiero que esto quede en la impunidad», sostuvo, al referirse a la necesidad de que se determinen las responsabilidades que eventualmente pudieran surgir a partir de la investigación judicial en curso.
En paralelo, el letrado formuló cuestionamientos respecto del accionar del Consejo Directivo, al considerar que la reacción institucional frente a los hechos fue «tibia y tardía», lo que, según indicó, contribuyó a profundizar el escenario de incertidumbre entre los asociados.