El diputado nacional por el Chaco, Guillermo Agüero, defendió su voto afirmativo a la reforma laboral y sostuvo que la iniciativa apunta a «actualizar un sistema con más de 50 años» y generar condiciones para promover el empleo registrado.
En declaraciones a Radio Libertad, el legislador relató que la jornada parlamentaria fue particularmente extensa y estuvo atravesada por momentos de fuerte tensión.
«Fue largo. Después de la sesión tuvimos que reunirnos con la gente de nuestro bloque y terminó casi amaneciendo. Fue una sesión realmente extensa», señaló.
Agüero reconoció que el debate dejó preocupación en varios tramos, no por el contenido en sí mismo, sino por el tono que adquirieron algunas intervenciones.
«Uno entiende que cuando se tratan leyes tan importantes como las que impactan en el mundo del trabajo -y que afectan a un universo muy grande de trabajadores, pymes y empresas- siempre hay posiciones encontradas y argumentos fuertes. El énfasis en el debate es parte del juego democrático», afirmó.
Sin embargo, marcó un límite: «El problema es cuando se pasa a la descalificación o a conductas que deslegitiman el debate frente a la sociedad. Eso genera vergüenza ajena y termina poniendo a todos en la misma vara, cuando somos muchos los legisladores que trabajamos con seriedad».
En ese sentido, destacó el trabajo previo en comisiones y reuniones con distintos sectores: «Venimos trabajando en silencio, recibiendo entidades, escuchando posiciones y analizando técnicamente cada punto.
Pero desde afuera muchas veces se ve otra cosa. Anoche y hoy recibí muchísimos mensajes cuestionando algunos momentos de la sesión. Y no todos somos iguales».
El diputado admitió que tenía previsto hacer uso de la palabra, tal como lo había hecho días atrás al defender el acuerdo Mercosur–Unión Europea, pero decidió no intervenir.
«Un grupo importante de legisladores decidimos bajarnos de hablar porque los ánimos estaban caldeados y la sesión iba a prolongarse indefinidamente repitiendo argumentos. Optamos por retirar las mociones y someter el tema a votación para definirlo», explicó.
El artículo 44
y la marcha atrás
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 44, incorporado en el Senado, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.
Agüero confirmó que estuvo de acuerdo con eliminar ese apartado. «Sí, es el famoso artículo 44 que modificaba el artículo 208 sobre enfermedades inculpables.
Desde el sábado estuvimos trabajando con nuestro bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), dentro del interbloque con el PRO y otros espacios, y planteamos que no estábamos de acuerdo con esa redacción», sostuvo.
Según relató, mantuvieron contacto con autoridades del gobierno nacional para expresar su posición: «Ellos también reconocieron que la redacción no era la adecuada y que la iban a dar de baja. Eso nos dio tranquilidad porque nosotros proponíamos eliminarlo y, en todo caso, tratar la cuestión en una ley complementaria».
El legislador explicó que el objetivo era evitar que, ante la intención de corregir abusos puntuales, se terminara afectando derechos legítimos.
«Es cierto que existen casos de certificados truchos que generan un daño enorme a pymes muy pequeñas. Si una empresa tiene cuatro empleados y uno presenta certificados irregulares, el costo es altísimo. Eso hay que regularlo.
Pero no era justo afectar al universo de trabajadores que realmente atraviesan una enfermedad. Por eso era preferible retirarlo y analizarlo con mayor profundidad», indicó.
«Una ley con más de 50 años necesita actualización»
Respecto de su voto afirmativo, Agüero sostuvo que la legislación laboral vigente requiere modernización.
«La normativa que regula las relaciones laborales es de 1974 y los convenios colectivos sectoriales son de 1975. Tienen más de 50 años.
El mundo cambió drásticamente, sobre todo en los últimos diez años con el impacto de la tecnología, las nuevas modalidades de trabajo y los cambios culturales y productivos», argumentó.
En esa línea, aseguró que la reforma busca adecuar el marco normativo a la realidad actual. «Tenemos más de nueve millones de argentinos en la informalidad.
Desde 2011 prácticamente no se crea empleo privado registrado. Eso significa trabajadores sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin previsibilidad para su futuro. Es un problema estructural que debemos enfrentar», afirmó.
Según el diputado, los altos costos laborales y la incertidumbre jurídica desalientan la contratación formal, especialmente en el sector pyme.
«La normativa actual y la litigiosidad generan temor en muchas empresas a la hora de crecer. Hay quienes prefieren no incorporar personal porque un conflicto judicial puede terminar quebrando a una pequeña empresa», sostuvo.
Incentivos y reducción de litigiosidad
Agüero destacó que la reforma introduce «reglas claras» en materia indemnizatoria y reduce márgenes de discrecionalidad.
«Se establecen esquemas más previsibles en los cálculos indemnizatorios, especialmente en materia de intereses. Las actualizaciones se darán por IPC más 3%, y se corrigen prácticas que fomentaban la litigiosidad», explicó.
Entre los puntos que consideró centrales, mencionó el régimen de promoción del empleo registrado.
«Se crea una suerte de moratoria para que empleadores que hoy tienen trabajadores en la informalidad puedan regularizarlos con una condonación del 70% de multas y sanciones, y con suspensión de la acción penal. Es una herramienta muy fuerte para blanquear empleo», detalló.
Además, resaltó el régimen de incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo. «Las empresas que incorporen empleados por encima de su planta actual tendrán una reducción del 85% en las contribuciones patronales por 48 meses.
Es un incentivo claro para crecer, ganar mercados e incluso proyectarse a la exportación», sostuvo.
Finalmente, Agüero subrayó que la reforma no es una solución aislada, sino parte de un conjunto de medidas.
«No es la única herramienta para generar empleo. También es clave la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación para dar previsibilidad.
Pero esta ley es un paso fundamental para que, cuando haya crecimiento, las empresas se animen a incorporar trabajadores formales. Eso beneficia al empleado, a la empresa y a la sociedad en su conjunto», explicó.
Reducción del costo financiero para las empresas
Agüero sostuvo que uno de los principales problemas del esquema actual es el alto costo financiero que enfrentan las empresas cuando deben afrontar una indemnización. «Hoy el costo de la desvinculación para una empresa es enorme. Muchas veces tiene que salir a tomar un crédito para poder pagarla», afirmó.
Con el FAL, en cambio, «mes a mes se va constituyendo una especie de ahorro del 2,5% de la masa salarial, administrado bajo una ley y controlado por la Comisión Nacional de Valores, que permite no descapitalizarse ni desfinanciarse en el momento de una desvinculación», relató.
«Ni más ni menos es eso: un mecanismo de previsión financiera para que el empleador no tenga que afrontar de golpe un costo que muchas veces pone en riesgo la continuidad de la empresa», resumió.
El impacto en el sistema previsional
Consultado sobre la preocupación respecto al posible desfinanciamiento del sistema jubilatorio -dado que parte de esos aportes se redireccionan- el diputado reconoció que fue uno de los puntos más discutidos en el recinto.
«Ese es un tema que se planteó muchísimo durante el debate», admitió.
Sin embargo, aseguró que el esquema contempla una compensación indirecta a través de la generación de empleo formal. «Lo que busca esta ley es generar más empleo registrado. Y al generar más empleo registrado se va a incrementar el universo de personas que aportan al régimen jubilatorio», argumentó.
En esa línea, sostuvo que el aumento en la cantidad de trabajadores formales implicará «un mayor monto global de aportes jubilatorios, que va a compensar lo que pueda verse afectado por el redireccionamiento de una parte de las contribuciones».
«En definitiva, apostamos a que el crecimiento del empleo formal fortalezca el sistema previsional en el mediano y largo plazo», concluyó Agüero.