El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio oral y público de Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, considerando que la instrucción se encuentra completa y existen pruebas suficientes para llevar el caso a debate.
La pareja de comerciantes chaqueños está acusada de integrar una compleja estructura de lavado de dinero proveniente del contrabando de importación, con un patrimonio injustificado que incluye vehículos de alta gama, inmuebles, criptomonedas y una embarcación.
El requerimiento fiscal, presentado ante el Juzgado Federal 1 de Resistencia, imputa a Obregón y Vargas Vispo los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad en concurso real con lavado de activos también agravado por habitualidad.
La investigación, que se extendió por varios meses, reveló un entramado económico que incluye la adquisición de más de una docena de vehículos, entre ellos una camioneta RAM, un BMW 2025 valuado en más de $64 millones y dos motocicletas de alta gama, además de una lancha con motor Yamaha, registrada a nombre del imputado y su padre.
El análisis patrimonial realizado por los investigadores detectó, además, importantes inversiones inmobiliarias. Obregón es titular registral de un inmueble adquirido en 2023 por $9 millones, mientras que en la vivienda que ocupa la pareja en calle Cangallo 2020 se constataron mejoras edilicias de gran envergadura, incluyendo la construcción de una piscina y una ampliación de dos plantas que elevan el valor del inmueble a más de $217 millones, según la tasación oficial. Otro inmueble en construcción, ubicado en calle Falucho 1020, demandó una inversión superior a los $54 millones.
Uno de los ejes centrales de la acusación es el uso intensivo de criptomonedas para canalizar fondos ilícitos. La investigación sobre la plataforma Binance reveló que Obregón operó con una cuenta que registró ingresos por más de USD1.4 millones en moneda estable USDT mediante el sistema peer to peer entre 2022 y 2025, realizando transferencias salientes por más de USD2.3 millones.
Los fondos fueron dirigidos a seis direcciones de autocustodia que, según el fiscal, podrían corresponder a financieras que operan como rampa de salida del ecosistema cripto para obtener dinero en efectivo.
Los allanamientos realizados en agosto de 2025 permitieron secuestrar abundante mercadería sin aval aduanero en los locales comerciales vinculados a los imputados, incluyendo el conocido local Cebra Phone de calle Vedia y otro local de Capitán Giachino donde se comercializaba indumentaria y artículos deportivos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero valoró la mercadería incautada en más de $209 millones, superando ampliamente el mínimo legal para configurar el delito aduanero. También se secuestraron más de USD30 mil, $2.5 millones, teléfonos celulares de última generación y documentación contable de interés.
La investigación detectó, además, facturación apócrifa proveniente de empresas declaradas como «contribuyentes no confiables» por la Afip, por montos millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada de los imputados.
Conversaciones de WhatsApp secuestradas en el estudio contable de Ana Karina Riedmaier revelaron la mecánica de «compra de IVA» y la utilización de facturas con CAI para dificultar su rastreo, en una maniobra destinada a dar apariencia de legalidad a fondos de origen espurio.
Los informes migratorios y el monitoreo de redes sociales dieron cuenta de un alto nivel de vida, con viajes internacionales a Punta Cana, Camboriú, San Andrés y México, así como viajes a Bariloche y visitas frecuentes a Buenos Aires y Córdoba. Este despliegue económico contrasta con el perfil fiscal de los imputados, que hasta 2023 eran monotributistas y registraban facturaciones mínimas, con un salto abrupto en 2024 basado en comprobantes de dudosa legitimidad.
Ambos imputados fueron indagados y permanecieron detenidos, aunque en el caso de Obregón la prisión preventiva se convirtió en arresto domiciliario por decisión judicial, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.
La defensa técnica intentó recurrir en casación, pero el recurso fue declarado inadmisible. Ahora, con el requerimiento de elevación a juicio, el caso quedará en manos del tribunal oral que deberá realizar el debate público y dictar sentencia definitiva.
