En medio de la polémica por las presuntas inversiones de alto riesgo realizadas con fondos municipales, el secretario de Gobierno de Sáenz Peña, Diego Landriscina, uno de los principales responsables de la maniobra, solicitó licencia en su cargo. La decisión se conoció este domingo, a través de una nota formal dirigida al intendente Bruno Cipolini, que también se encuentra en el ojo de la tormenta.
En el escrito, Landriscina señaló que su apartamiento transitorio responde a la necesidad de «preservar la institucionalidad y aportar claridad ante los hechos que han tomado estado público, evitando que cualquier circunstancia pueda interpretarse como interferencia o condicionamiento en los ámbitos administrativos o judiciales que correspondan».
El funciionario sostuvo además que desempeñó su responsabilidad «con convicción, compromiso y buena fe», y consideró que dar «un paso al costado de manera transitoria constituye un acto de responsabilidad política e institucional». También dejó constancia de que quedará a disposición para colaborar con cualquier instancia que lo requiera.
PÉREZ PONS: «NO ALCANZA NI LA RENUNCIA»
Tras el sorpresivo pedido de licencia de Landriscina, el diputado provincial Santiago Pérez Pons, impulsor de la denuncia que desenmascaró la timba financiera del municipio de Sáenz Peña, cuestionó la maniobra del funcionario municipal y la caratuló de «una tomada de pelo».
«Lo que sucedió no es un hecho aislado. Se produce inmediatamente después de mi denuncia penal, que acompañamos con documentación, pruebas y elementos probatorios que exponen cómo el Municipio operó con recursos públicos en inversiones financieras de alto riesgo, sin autorización, generando pérdidas de aproximadamente 1.500 millones de pesos», explicó el legislador que recordó que no se trata de «errores administrativos menores», sino que se trata de fondos de todos los saenzpeñenses que fueron colocados en la Bolsa «sin garantías suficientes y sin la debida previsión presupuestaria ni autorización normativa».
«Esto confirma la gravedad institucional del caso. Cuando hay pruebas documentales, movimientos financieros verificables y responsabilidades funcionales claras, las consecuencias políticas empiezan a aparecer», añadió.
Por otra parte, aclaró que la responsabilidad no se agota solo en un secretario, sino que alcanza también al intendente Bruno Cipolini. «La conducción política del municipio tiene nombre y apellido. El intendente no puede alegar desconocimiento cuando se trata de operaciones por montos millonarios realizadas con fondos públicos. En cualquier escenario, existe responsabilidad», denunció.
En este contexto, Pérez Pons solicitó a la Justicia que actúe con celeridad, que disponga de inmediato las medidas necesarias para preservar la prueba, asegurar la documentación, proteger los registros digitales y contables y avanzar en la determinación de responsabilidades penales.
«La sociedad merece justicia. Cuando se pierde dinero público, no pierde un gobierno: pierde la gente», concluyó.