El gobierno nacional convocó a una nueva licitación pública nacional e internacional correspondiente a la etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, según lo establecido por la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, publicada en el Boletín Oficial con fecha de ayer.
La medida se inscribe en una política de reorganización del sistema de infraestructura vial bajo gestión estatal, orientada a incorporar capital y administración privada en distintos corredores estratégicos del país, con el objetivo de garantizar mayores niveles de inversión, eficiencia operativa y previsibilidad en el mantenimiento de la red nacional.
La resolución oficial establece la convocatoria a empresas y consorcios nacionales e internacionales interesados en asumir la concesión de tramos específicos, bajo un esquema que contempla la explotación y administración integral de los corredores, conforme a los pliegos técnicos y contractuales elaborados para esta etapa del proceso.
La etapa III de la Red Federal de Concesiones forma parte de un cronograma progresivo que busca transferir a operadores privados distintos segmentos de la red vial nacional, en continuidad con las fases anteriores del programa de privatización de Corredores Viales SA, empresa estatal que hasta el momento tenía a su cargo la gestión de numerosos tramos estratégicos.
Desde el Ministerio de Economía se formalizó así un nuevo paso administrativo que habilita la competencia pública para la adjudicación de contratos de concesión, bajo parámetros de alcance federal y con participación abierta a oferentes locales y extranjeros.
CORREDORES INCLUIDOS Y ALCANCE TERRITORIAL
Entre los corredores incluidos en esta etapa se encuentran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral y Noreste, que forman parte de una red estratégica para el desarrollo productivo y el transporte de mercancías, articulando regiones de alta actividad agrícola, industrial y comercial.
Asimismo, la convocatoria incorpora segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016, además de corredores pertenecientes a la región Centro y Mesopotámica de la red vial nacional, ampliando el alcance territorial del proceso licitatorio.
Las rutas nacionales 11 y 16, en particular, resultan de especial relevancia para el noreste argentino, dado que vinculan zonas productivas con puertos y centros urbanos estratégicos, constituyendo ejes fundamentales para la circulación de bienes, insumos y pasajeros.
La inclusión de estos tramos responde a criterios técnicos vinculados con el flujo vehicular, el estado de la infraestructura existente y la necesidad de inversiones para su modernización, ampliación o adecuación a estándares actuales de seguridad y capacidad operativa.
MODALIDAD DE CONCESIÓN Y OBLIGACIONES
La iniciativa contempla la participación de operadores privados en la gestión de diversos tramos de la red vial federal, incluyendo tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario.
Bajo el esquema previsto, los adjudicatarios asumirán responsabilidades integrales sobre los corredores asignados, lo que implica no solo el mantenimiento ordinario, sino también la ejecución de obras de mejora y ampliación que permitan optimizar la infraestructura existente.
El modelo de concesión apunta a establecer compromisos contractuales claros en materia de inversión, estándares de calidad y niveles de servicio, con mecanismos de control y fiscalización por parte del Estado nacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
El objetivo declarado es optimizar la infraestructura existente y fortalecer la conectividad en distintos puntos del país, promoviendo una red vial más eficiente y segura, acorde con las demandas del transporte moderno y la expansión de las economías regionales.
En ese marco, la transferencia de gestión a operadores privados se presenta como una herramienta para dinamizar la ejecución de obras y asegurar la sostenibilidad financiera de los corredores, mediante esquemas de explotación que contemplen peajes u otras fuentes de financiamiento previstas en los pliegos.