El diputado nacional Guillermo Agüero, en declaraciones a «La mañana de Radio Natagalá», confirmó que en mayo se iniciará el proceso licitatorio para la reparación de rutas nacionales que atraviesan el Chaco, tras la publicación de la resolución 174 en el Boletín Oficial.
Asimismo, precisó que la apertura de sobres se realizará el 18 de mayo de 2026 y señaló que la medida constituye una respuesta a los reclamos efectuados por el gobierno provincial ante autoridades nacionales para acelerar los plazos de intervención en los corredores viales.
El legislador encuadró el llamado a licitación como resultado de gestiones encabezadas por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por equipos técnicos de las áreas de economía, infraestructura y vialidad provincial. Indicó que la preocupación por el deterioro de los tramos llevaba años y que se intensificó ante el agravamiento de las condiciones de transitabilidad en vías estratégicas para la provincia y la región.
Según detalló, la confirmación oficial fue recibida tras comunicaciones previas con autoridades nacionales. Agüero sostuvo que se trata de una reparación histórica en dos ejes troncales que vinculan al Mercosur con el norte y el sur del país, y que concentran el tránsito de producción y de usuarios particulares, tanto chaqueños como de otras jurisdicciones.
Las obras abarcarán el tramo de la ruta nacional 16 comprendido entre el puente General Belgrano y Avia Terai, señalado como el sector más deteriorado, y el tramo de la ruta nacional 11 hasta Nelson, Santa Fe, pasando por Basail. Se trata de aproximadamente 80 kilómetros en territorio chaqueño sobre la ruta 11 y entre 220 y 230 kilómetros de la ruta 16.
Agüero remarcó que podrán participar empresas que cumplan con las condiciones económicas y financieras requeridas para una licitación pública nacional e internacional.
Indicó que las firmas interesadas deberán adquirir los pliegos y evaluar su presentación, y consideró positivo que empresas locales se integren, eventualmente, a través de uniones transitorias, lo que permitiría potenciar el impacto económico regional.
IMPACTO ECONÓMICO
Y SEGURIDAD VIAL
El diputado destacó que la mejora de los corredores tendrá efectos en la producción y en la seguridad vial, al tratarse de rutas que canalizan el transporte de bienes y personas a nivel nacional. Subrayó que la intervención contribuirá a reducir riesgos y a fortalecer la conectividad en una provincia atravesada por flujos logísticos estratégicos.
Sostuvo que, una vez cumplidas las etapas de adjudicación y firma de los contratos de concesión, los trabajos comenzarían en la segunda mitad del año. Ese cronograma prevé que, tras la apertura de sobres en mayo, se inicien los procesos administrativos correspondientes hasta la puesta en marcha efectiva de las obras.
En relación con la participación empresaria, Agüero explicó que la estructura de este tipo de procesos suele habilitar la conformación de uniones transitorias de empresas, modalidad habitual en proyectos de envergadura. Señaló que la incorporación de firmas chaqueñas representaría un beneficio adicional en términos de empleo y actividad económica.
El legislador insistió en que la prioridad es garantizar la ejecución de las obras tras más de dos décadas sin intervenciones de fondo en algunos tramos.
En ese marco, valoró el avance del proceso licitatorio como un paso decisivo para revertir el deterioro acumulado.
GESTIÓN PROVINCIAL
Y DEUDA PÚBLICA
Consultado sobre su transición desde la Subsecretaría de Economía provincial al Congreso, Agüero afirmó que continúa involucrado en la agenda financiera del Chaco, especialmente en gestiones vinculadas al financiamiento y a la sostenibilidad de la caja provincial. Mencionó las emisiones de letras de tesorería y títulos públicos, así como el cumplimiento de compromisos externos.
En particular, informó que la provincia abonó recientemente USD36 millones correspondientes a la quinta cuota de un bono internacional emitido en 2016 y reestructurado entre 2020 y 2021, lo que eleva a unos USD200 millones el total ya cancelado. Indicó que estos pagos generan tensiones en las finanzas provinciales, pero que no existían condiciones para dejar de cumplir.
Agüero sostuvo que algunas voces de la oposición plantearon la posibilidad de no pagar o refinanciar en otras condiciones, postura que calificó como improcedente dado el contexto internacional.
Asimismo, explicó que la provincia no contaba con margen para una nueva reestructuración, aunque señaló que actualmente se evalúa una ventana para avanzar en una renegociación en tramos iniciales.
En el plano legislativo, señaló que integra el bloque radical y el interbloque con el PRO, el Mide y Adelante Buenos Aires. Indicó que acompañó iniciativas como el presupuesto, el régimen penal juvenil, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la ley de modernización laboral, entendiendo que forman parte de un esquema de reformas orientadas a la apertura y a la generación de condiciones de crecimiento.
Modernización laboral y empleo
Respecto de la ley de modernización laboral, Agüero la definió como «una herramienta más» dentro de un conjunto de medidas necesarias para enfrentar la informalidad. Recordó que desde 2011 no se crea empleo registrado neto y que el 43% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, lo que implica que alrededor de 9 millones de personas carecen de obra social y aportes jubilatorios.
Señaló que esta situación afecta tanto a los trabajadores como al sistema previsional, al reducir la base de aportantes. Sostuvo que la normativa incorpora institutos que buscan facilitar la contratación formal, especialmente para pequeñas y medianas empresas, en un contexto regulatorio que, a su juicio, data de hace más de cinco décadas.
Agüero subrayó que la generación de empleo requiere además estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, mejoras en la competitividad, apertura comercial con criterios de protección a sectores vulnerables y desregulación para eliminar trabas a la inversión. Enfatizó la necesidad de fortalecer el rol del pequeño emprendedor en la estructura productiva.
Consideró que el proceso demandará tiempo y que no es posible revertir en dos años un deterioro acumulado durante décadas.
En ese sentido, planteó que la modernización laboral debe complementarse con otras políticas para promover empleo formal, arraigo territorial y desarrollo de economías regionales.
Régimen penal juvenil y enfoque multicasual
En relación con el régimen penal juvenil, Agüero sostuvo que no deben adoptarse planteos simplistas y que la reforma constituye un paso dentro de un abordaje más amplio. Explicó que el nuevo esquema reemplaza el paradigma tutelar por uno que reconoce derechos, garantiza defensa y establece separación de menores y mayores, con un fuerte componente de resocialización.
Indicó que la edad de imputabilidad propuesta se encuentra en consonancia con estándares de países latinoamericanos y que un menor de 14 años comprende la criminalidad de sus actos.
Sin embargo, aclaró que la reforma no resuelve por sí sola el problema de la criminalidad, al que definió como multicausal.
Señaló que inciden factores educativos, económicos, culturales y vinculados a la marginalidad y al fenómeno de la droga. En ese marco, sostuvo que es necesario abordar la problemática desde distintos ámbitos y con estudios técnicos, evitando descalificaciones automáticas de las herramientas legislativas.
Finalmente, explicó que la ley sancionada recopiló 15 iniciativas de distintos bloques y equipos técnicos, que el dictamen fue firmado en 2024 y que se adoptaron mejores prácticas internacionales.
Consideró que el texto fue ampliamente estudiado y que apunta a ofrecer un marco más adecuado para el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal.