El debate oral por la causa conocida como Sueños Compartidos comenzó formalmente con la lectura de las acusaciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, dando inicio a un proceso judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
La causa analiza la utilización de más de $200 millones que habrían sido desviados de su finalidad original en el marco de un programa habitacional impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la década pasada.
Entre los principales imputados figuran el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y los ex apoderados de la fundación, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender. Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas al delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque con diferentes grados de responsabilidad dentro de la presunta maniobra investigada.
La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo del fiscal general Diego Velasco, titular de la Fiscalía General 6 ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, quien interviene junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet.
El tribunal que conduce el debate está integrado por los magistrados Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg.
ACUSACIONES Y SITUACIÓN
DE LOS IMPUTADOS
En el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal federal Paloma Ochoa, se sostuvo que nueve personas habrían intervenido en distintos niveles dentro de una estructura destinada a desviar fondos públicos destinados a obras de vivienda.
Según el planteo de la fiscalía, la maniobra habría constituido una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con roles diferenciados entre los acusados.
De acuerdo con la acusación, Julio De Vido, José López y el exsubsecretario Abel Fatala fueron señalados como coautores del delito investigado.
En tanto, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra que habría permitido el desvío de los recursos.
En el mismo expediente también se encuentran imputados Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, quienes fueron señalados como partícipes secundarios en la presunta operatoria fraudulenta. La fiscalía sostiene que estas personas habrían colaborado en distintos tramos de la operatoria financiera y administrativa vinculada al manejo de los fondos públicos.
Tras la resolución de las cuestiones preliminares del debate oral, varios de los acusados optaron por no prestar declaración en esta etapa inicial del juicio. En el caso del exministro Julio De Vido, el imputado manifestó que negaba «total y categóricamente los hechos» que se le atribuyen y señaló que se remitía a la declaración indagatoria que había brindado durante la etapa de instrucción de la causa.
El cronograma judicial prevé que el debate continúe el próximo miércoles 11 de agosto, cuando está prevista la indagatoria del imputado Daniel Freidin.
A partir de ese momento comenzará el desarrollo de las declaraciones de los acusados y la presentación de pruebas que permitirán avanzar en la reconstrucción de los hechos investigados.
LA INVESTIGACIÓN SOBRE
EL DESVÍO DE FONDOS
La investigación judicial sostiene que entre 2005 y 2011 se habría conformado una estructura destinada a cometer diversos hechos ilícitos vinculados con la administración de fondos públicos destinados a programas de vivienda social.
El juicio se concentra en el tramo de la maniobra que habría permitido canalizar recursos del Estado hacia la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante mecanismos de adjudicación irregular.
Según la hipótesis presentada por la fiscalía, la Secretaría de Obras Públicas transfirió un total de $748.719.414,64 para la ejecución de diferentes proyectos habitacionales. Esos fondos debían financiar la construcción de viviendas sociales en distintas jurisdicciones del país en el marco de un programa destinado a atender la demanda habitacional de sectores vulnerables.
Sin embargo, la investigación determinó que una parte significativa de esos recursos no habría sido aplicada a su finalidad específica. De acuerdo con el cálculo realizado por los investigadores, $206.438.454,05 -equivalentes al 23,54 por ciento del total de la financiación- habrían sido sustraídos de su destino original para generar beneficios patrimoniales indebidos para los involucrados y para terceros vinculados a la operatoria.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el sistema de adjudicación habría estado basado en un esquema institucional donde el Ministerio de Planificación aportaba el financiamiento para las obras, mientras que los gobiernos provinciales y municipales quedaban relegados a una función secundaria de fiscalización técnica.
La fiscalía también señaló la existencia de numerosas irregularidades en el desarrollo de los proyectos habitacionales. Entre ellas se mencionó la ausencia de controles adecuados y la debilidad de las inspecciones realizadas por las unidades ejecutoras tanto a nivel nacional como local, lo que habría facilitado la continuidad de la presunta maniobra.