El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina, reemplazando al sistema anterior que la establecía en 16 años.
La normativa fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, luego de haber sido aprobada por el Senado de la Nación Argentina durante el período de sesiones extraordinarias. El proyecto fue sancionado en la Cámara alta con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Un nuevo régimen penal juvenil
La ley introduce cambios en el tratamiento penal de los adolescentes que cometen delitos y establece un sistema de sanciones que varía según la edad del menor y las circunstancias del hecho.
Entre sus principios centrales se establece que el régimen deberá priorizar la educación, la resocialización y la reintegración social del adolescente, con el objetivo de reducir la reincidencia. En ese marco, la privación de la libertad deberá aplicarse como último recurso y por el tiempo más breve posible.
Además, la norma prohíbe la imposición de penas perpetuas o de duración indefinida a menores de edad, así como la generación de antecedentes penales permanentes.
Condiciones de detención y procesos judiciales
La legislación también establece que, en caso de ser necesaria la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y bajo supervisión de personal capacitado, quedando prohibido su alojamiento junto a personas adultas.
Asimismo, el texto prevé que los procesos judiciales en materia penal juvenil se tramiten con mayor rapidez, especialmente cuando el imputado se encuentre detenido. En caso de demoras injustificadas, los magistrados intervinientes podrían enfrentar sanciones disciplinarias.
Derechos de las víctimas
Otro de los puntos destacados es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas. La normativa garantiza que puedan ser informadas sobre el avance de las causas, participar en distintas etapas del proceso y solicitar medidas de protección.
También se habilita la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los padres o responsables legales de los menores cuando se produzcan daños.
Además, la ley contempla instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte de manera libre y que el tipo de delito lo permita, con el objetivo de promover soluciones restaurativas en determinados conflictos.