En la primera sesión ordinaria 2026 del consejo superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual -en la voz de su directora, Erika Sánchez- se presentó la actualización del Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de discriminación y violencias de género, reafirmando el compromiso institucional de la alta casa de estudios con la construcción de espacios académicos y laborales libres de desigualdades.
La actualización responde a la necesidad de operativizar la perspectiva de género, buscando fortalecer la respuesta institucional ante situaciones tanto explícitas como implícitas de desigualdad y contemplando -a la vez- la actualización de normativas nacionales e internacionales.
Entre las actualizaciones más relevantes, se encuentra la incorporación expresa de la violencia digital o telemática, en consonancia con la denominada Ley Olimpia (Ley 27.736), que amplía la protección frente a agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.
El protocolo integra además, los lineamientos de la Ley Micaela (Ley 27.499), que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en el Estado.
La revisión de este instrumento legal institucional -originalmente aprobado por resolución 1098/18- responde a la evolución del marco jurídico argentino en materia de derechos humanos, igualdad y erradicación de las violencias.
«Es que en los últimos años, el país incorporó nuevas leyes y amplió derechos, lo que demandaba una adecuación normativa que garantice intervenciones más claras, efectivas y acordes a los desafíos actuales», enfatizó la directora de Políticas de Género de la Unne, Erika Sánchez, en charla con Unne Medios.
Herramienta integral, con perspectiva de derechos
El nuevo texto actualizado, consolida principios rectores que orientan toda intervención institucional dentro de la Unne en materia de discriminación y violencias de género, como ser: autonomía de la persona afectada, gratuidad del asesoramiento, confidencialidad y reserva de las actuaciones, no revictimización, celeridad, imparcialidad y prohibición de instancias de mediación en casos de violencia de género.
Además, refuerza la obligación de actuar con perspectiva de género, salud mental, interculturalidad e interseccionalidad, reconociendo que las desigualdades responden a sistemas históricos y culturales que afectan de manera diferenciada a mujeres y diversidades.
El renovado protocolo de la Unne establece con mayor claridad las vías de recepción de situaciones -consulta, manifiesto o denuncia- y los pasos a seguir en cada caso. Se incluye además, la elaboración de un Informe de Evaluación de Riesgo en un plazo de 48 horas cuando la situación lo requiera.
Estructura operativa fortalecida
Esta actualización normativa que incorpora la Unne, reafirma el rol de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual (resolución 4447/22) y de las Referentes de Género como autoridad de aplicación de la reglamentación institucional vigente, trabajando de manera articulada en cada Unidad Académica según el caso.
El equipo interdisciplinario tendrá a su cargo la escucha inicial, el acompañamiento, la evaluación de riesgo y la recomendación de medidas de protección, garantizando siempre el derecho a ser oído de todas las partes y el debido proceso.
Asimismo, se establece la obligación de registrar las actuaciones en legajos confidenciales y de realizar informes periódicos que permitan construir estadísticas institucionales anónimas, con el objetivo de mejorar las estrategias de prevención.
Un entorno universitario más seguro y equitativo
La universidad, declarada institución libre de discriminación por género u orientación sexual mediante resolución 823/16, profundiza con esta última actualización de la normativa, una política pública universitaria promovida por la gestión del rector Omar Larroza, que busca no solo intervenir ante situaciones de violencia, sino también prevenirlas mediante acciones permanentes de formación, sensibilización y comunicación institucional.
La actualización del protocolo no es solo un ajuste normativo: es una reafirmación del