La Justicia Federal formalizó la investigación contra cuatro personas en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de $357.210.000 ocultos dentro de un vehículo que había salido desde Resistencia, interceptado por Gendarmería Nacional en marzo de 2025 en la zona rural de Avellaneda, en el norte de Santa Fe.
La investigación es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con la intervención del auxiliar fiscal Bruno Ojeda. En una audiencia realizada el 27 de febrero, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Además, el magistrado dispuso un embargo cautelar por $2.000 millones sobre los imputados y autorizó una serie de medidas patrimoniales y personales solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
El operativo en ruta
El caso se originó el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina realizaban un control de rutina sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en cercanías de Avellaneda.
Durante la inspección de un Toyota Corolla Cross, los agentes detectaron irregularidades en el interior del vehículo, especialmente en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, que presentaban signos de haber sido manipulados.
Ante las sospechas, se solicitó autorización judicial para requisar el automóvil. En ese momento, el conductor —identificado como F.E.V.— manifestó a los gendarmes: “por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”.
Al desmontar las piezas del tablero, quedaron al descubierto compartimientos ocultos donde se encontraban fajos de dinero distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante, la guantera y en el sector de la palanca de cambios.
En total, los efectivos secuestraron $357.210.000.
Sospecha de una maniobra organizada
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía durante la audiencia, el traslado del dinero no habría sido un hecho aislado, sino parte de un circuito organizado y reiterado.
Según los investigadores, el conductor formaba parte de una estructura en la que también participaban dos socios de una sociedad por acciones simplificada dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia, además de un cuarto implicado.
El vehículo utilizado para el traslado del dinero pertenecía a uno de los socios de la firma y había sido acondicionado con compartimientos ocultos para evitar su detección durante controles en ruta.
La fiscalía también señaló que el conductor llevaba un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, con certificación notarial fechada el 20 de marzo de 2025, que justificaba el traslado de hasta $800 millones.
Para los investigadores, ese documento funcionaba como una especie de respaldo ante la posibilidad de que el dinero fuera descubierto durante un control de seguridad.
Investigación en Resistencia
Durante el avance de la causa, el Ministerio Público Fiscal también detectó una frecuencia inusual de viajes del vehículo cada dos días hacia las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movimientos que no se correspondían con las actividades comerciales declaradas por la empresa.
En ese contexto, el 18 de febrero de este año se realizó un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia. Allí se secuestraron $8 millones, dos máquinas contadoras de billetes con detector, seis llaves de distintos vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares.
Para la fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de que en el lugar se desarrollaba intermediación financiera no autorizada, consistente en la compra y venta de divisas sin autorización del Banco Central de la República Argentina, bajo la fachada del comercio de repuestos.
Medidas judiciales
El conductor del vehículo y los dos socios de la empresa fueron imputados como coautores de lavado de activos por receptación e intermediación financiera no autorizada, mientras que un cuarto acusado enfrenta cargos como coautor del delito de lavado de activos.
Además, la fiscalía avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa por ambos delitos.
Entre las medidas dispuestas por el juez se encuentran:
- Prohibición de salida del país sin autorización judicial.
- Presentaciones mensuales ante Gendarmería según el domicilio de los imputados.
- Congelamiento de cuentas bancarias por 180 días.
- Interdicción de cajas de seguridad por 90 días.
- Embargo por $2.000 millones para garantizar eventuales decomisos, multas e indemnizaciones.
Debido a la complejidad del caso y a la multiplicidad de jurisdicciones involucradas, el magistrado otorgó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación.