El secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, se refirió al fallo judicial que ordena al gobierno provincial cumplir con el pago de la cláusula gatillo para los docentes.
Según explicó el dirigente gremial, la resolución fue dictada por la Cámara Laboral meses atrás y estableció que el mecanismo de actualización salarial constituye un «derecho adquirido», por lo que debe aplicarse nuevamente en los salarios del sector.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, Mijno detalló que el plazo otorgado por la Justicia para cumplir con la sentencia ya venció y que el tribunal intimó al Ejecutivo provincial a acatar el fallo en un lapso de 48 horas, bajo apercibimiento de sanciones.
la cláusula gatillo como
derecho adquirido
El dirigente sindical recordó que la resolución judicial se originó a partir de un planteo realizado por el gremio docente luego de que el gobierno provincial decidiera suspender la aplicación de la cláusula gatillo, un mecanismo que actualizaba automáticamente los salarios de acuerdo con la inflación.
«La Cámara Laboral resolvió en noviembre a favor de la cláusula gatillo y la estableció como un derecho adquirido», explicó Mijno, al referirse a la sentencia que dio lugar al actual conflicto.
De acuerdo con el secretario general de Federación Sitech, el tribunal fijó un plazo de 60 días hábiles para que el gobierno provincial cumpliera con la medida judicial. «La Cámara estableció un plazo de 60 días para su cumplimiento. Ese plazo ya se venció y ahora el tribunal está intimando al Ejecutivo para que cumpla con la sentencia que oportunamente fue dictada», indicó.
El dirigente explicó que el tiempo otorgado por la Justicia incluyó el período de feria judicial, lo que extendió el plazo hasta las últimas semanas.
Sin embargo, ante la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo, el tribunal decidió avanzar con una nueva intimación. «El viernes se notificó al Gobierno y se le dio un plazo de 48 horas para cumplir con la sentencia», precisó.
La apelación del Gobierno
y la intervención del STJ
Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para intentar revertir el fallo de la Cámara Laboral.
Según explicó Mijno, la apelación fue presentada hace tiempo y ahora se encuentra en manos del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que aún no se expidió. «Ellos apelaron hace rato, la apelación ya está presentada. Inclusive fuimos al procurador general, quien dio a entender que iba a haber una posición contraria al planteo docente, pero hasta ahora el Superior Tribunal no se expidió», sostuvo.
El dirigente gremial señaló que la decisión que adopte el máximo tribunal provincial será clave para definir el futuro del conflicto. «Existe la posibilidad de que haya un salvataje por parte del STJ y que se expida en este momento para evitar la intimación que pesa sobre el gobernador», advirtió.
En ese sentido, explicó que el plazo fijado por la Cámara Laboral vence el martes, lo que podría derivar en sanciones si el Gobierno continúa sin cumplir con el fallo.
Posibles multas por incumplimiento
Uno de los aspectos más sensibles del proceso judicial es la posibilidad de que la Justicia aplique sanciones económicas en caso de incumplimiento de la sentencia.
Según explicó el dirigente, la multa no recaería sobre el Estado provincial como institución, sino directamente sobre el funcionario responsable. «No se trata de una multa a la institución, sino a la persona responsable del incumplimiento de la sentencia», señaló.
Asimismo, indicó que el principal responsable sería el gobernador. «La multa sería directamente al gobernador, por no cumplir con una sentencia judicial», afirmó.
Sin embargo, el dirigente sindical también planteó la posibilidad de que el Ejecutivo opte por asumir el costo de la sanción mientras espera una definición del Superior Tribunal. «Es probable que decidan pagar la multa y esperar el resultado del Superior Tribunal. Podría ser una maniobra para dilatar la situación», sostuvo.
El argumento del Gobierno
falta de recursos
Para el titular de Federación Sitech, el argumento central que utilizó el gobierno provincial para suspender la cláusula gatillo fue la falta de recursos económicos.
Por otro lado, el dirigente cuestionó esa postura y remarcó que la medida afecta un derecho que se aplicó durante varios años. «El único argumento que tuvo el Gobierno es decir que no tiene plata. Pero no se puede quitar un derecho después de siete años de aplicación simplemente diciendo que no hay recursos», sostuvo.
En ese sentido, advirtió que aceptar ese criterio abriría la puerta a la eliminación de otros derechos laborales. «Si se acepta ese argumento, entonces también se podría quitar el sueldo o cualquier otro derecho con la excusa de que no hay dinero», afirmó.
Preocupación por la obra
social del sector
Otro de los temas mencionados por Mijno fue la situación del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep), la obra social que cubre a los trabajadores estatales de la provincia. El dirigente aseguró que el organismo atraviesa una situación crítica. «La obra social está prácticamente vaciada», afirmó.
Además, planteó la preocupación del sector sindical por una eventual transferencia del sistema a la órbita nacional. «Existe la posibilidad de que intenten llevar la obra social y la caja a la Nación, y nosotros estamos muy atentos ante esa posibilidad», advirtió.
Convocatoria a una movilización multisectorial
En paralelo al proceso judicial, los gremios provinciales comenzaron a organizar medidas de protesta. Según explicó Mijno, distintas organizaciones sindicales acordaron realizar una movilización conjunta.
La convocatoria incluirá tanto a sindicatos del sector público como del ámbito privado. «Se acordó una actividad en un marco mucho más amplio que la CGT. Participarán gremios docentes, sindicatos estatales y también sindicatos privados», explicó.
La protesta está prevista para el jueves próximo y se realizará en las calles de la provincia. «Habrá una movilización de todos los sindicatos, tanto privados como estatales», indicó.
El dirigente remarcó que esta manifestación forma parte de un reclamo más amplio vinculado con la situación económica y laboral en la provincia.
Críticas a medidas del Gobierno
en el ámbito educativo
Durante la entrevista, el secretario general de Federación Sitech también cuestionó algunas decisiones recientes del Gobierno provincial en materia educativa, especialmente aquellas relacionadas con las suplencias docentes y las licencias gremiales.
Según sostuvo, estas medidas forman parte de una estrategia para debilitar la representación sindical. «Hay varios ataques. Uno está dirigido directamente a los docentes con el tema de las suplencias y otro tiene que ver con las licencias gremiales», relató.
Para el dirigente, la intención del Ejecutivo sería limitar la actividad sindical. «Pretenden eliminar la representación gremial. Es un ataque a los sindicatos y también a los docentes», concluyó.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
Más allá del conflicto judicial, Mijno también se refirió a la situación económica que atraviesan los docentes de la provincia. Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo es uno de los factores que profundizan el malestar en el sector. «Hoy los docentes están por debajo de la línea de pobreza», aseguró.
De acuerdo con el dirigente gremial, la eliminación de la cláusula gatillo generó una fuerte caída del poder de compra de los salarios. «Se ha perdido más de un 35% del poder adquisitivo y lo único que ofrecen es un aumento del 3%», indicó.
Para Mijno, esta diferencia explica la continuidad del conflicto salarial. «Comparar un 3% con una pérdida del 35% muestra claramente por qué el conflicto está planteado y por qué va a seguir», remarcó.
En cuanto al nivel de ingresos, precisó que un docente de nivel primario en Resistencia percibe actualmente alrededor de $800 mil mensuales. «Un docente de primaria en Resistencia está cobrando aproximadamente $800 mil en mano», detalló.