En una resolución que marca un punto de inflexión en la causa conocida como «narcopolicías», la Sala Única de Revisión Penal Federal de Resistencia asestó un duro golpe a las estrategias de las defensas de los efectivos policiales.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, el juez de Cámara, Enrique Jorge Bosch, declaró «mal concedidas» las impugnaciones presentadas, ratificando así la plena validez de los operativos y secuestros realizados durante la investigación.
Las defensas de los imputados Gustavo Andrés Quizama, Néstor Urne Canteros, Juan Almirón Núñez, Gustavo Acosta, Franco Ramírez y César Alegre habían planteado una serie de nulidades buscando derribar las pruebas recolectadas en la etapa preliminar.
El único que no se sumó a los planteos fue Lucas Exequiel Martínez, recientemente beneficiado con la prisión domiciliaria.
LOS ARGUMENTOS
Los defensores mencionaron varias cuestiones. En primer lugar, señalaron que las requisas y secuestros se realizaron sin orden judicial previa. También cuestionaron las pruebas fílmicas incorporadas a la causa, poniendo en tela de juicio la cadena de custodia y la falta de «huella digital» de los dispositivos utilizados para filmar.
A su vez, objetaron los documentos vinculados a la incineración e inventario de la droga y efectos secuestrados.
Estos planteos ya habían sido rechazados en primera instancia por la Jueza de Garantías 1, Zunilda Niremperger, quien no advirtió perjuicios concretos ni violaciones a las garantías constitucionales. Aún así, la magistrada había concedido el recurso de los defensores.
MÁS DETALLES
El juez Bosch fue contundente. Señaló que el pedido de revisión de las defensas era inadmisible.
Según el magistrado, el Código Procesal Penal Federal (CPPF) se rige por un principio de taxatividad, lo que significa que solo se pueden impugnar las decisiones que la ley permite expresamente.
«El legislador contempló un sistema acotado de impugnaciones (…) cuya razón de ser es el evidente cambio de paradigma en materia de plazos razonables y la dinámica propia de las investigaciones», sostuvo el magistrado en su fallo.
Entendió que no existe un «vacío legal» ni una «omisión» que permita a los acusados apelar el rechazo de nulidades en esta etapa, ya que el sistema acusatorio busca evitar que el proceso se detenga por planteos que pueden ser discutidos más adelante.
«La mera disconformidad de las defensas con la solución adoptada o la invocación genérica de garantías constitucionales no basta, por sí sola, para configurar un supuesto de arbitrariedad ni para habilitar una revisión no prevista por el legislador», sostuvo Bosch.
Para el magistrado, los presuntos narcopolicías no sufren un daño que no pueda ser reparado a posteriori.
El fallo aclara que la defensa tendrá su «ámbito natural» para discutir el valor de la prueba durante el juicio oral.
Además, se recordó que existe una etapa posterior para decidir sobre la admisibilidad de la prueba (artículo 280 – CPPF); la validez de las actas se puede suplir con el testimonio de quienes participaron en los actos y que la evidencia digital tiene instancias de control técnico para verificar su integridad. Con esta decisión, la causa avanza firmemente hacia el debate oral.
Aquel sonado escándalo
Por este caso, están imputados el comisario César Alegre, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el subcomisario Andrés Franco Ramírez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Quizama, y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas.
Están imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir este tipo de delitos, además de peculado, todo en concurso real.
Los siete fueron detenidos el 18 de diciembre pasado, cuando funcionarios de la Justicia Federal detectaron una maniobra irregular durante la incineración judicial de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína.
Según la investigación, se habría intentado sustraer parte de la cocaína unos 9 kilos, valuados en aproximadamente $225 millones, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero.
El hecho generó un fuerte impacto institucional, ya que el operativo se realizaba en presencia del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía, Fernando Romero; el juez federal Ricardo Mianovich, y medios de comunicación que cubrían la quema.
La maniobra fue advertida por secretarios judiciales antes de que pudiera concretarse.