En el marco de la sesión legislativa desarrollada este miércoles, el bloque de La Libertad Avanza manifestó su rechazo al proyecto orientado a regular los honorarios profesionales de abogados, al considerar que la iniciativa introduce distorsiones en el acceso al sistema judicial.
La postura fue expuesta durante el tratamiento parlamentario, donde los representantes del espacio argumentaron que la propuesta “afecta directamente a los ciudadanos y encarece el acceso a la justicia”, planteando un eje de discusión centrado en las consecuencias económicas y sociales de la regulación propuesta.
La diputada Mayra “Pili” Jarenko tomó la palabra para precisar que la objeción del bloque no radica en la legitimidad de la retribución profesional, sino en los mecanismos previstos para su fijación.
En ese sentido, expresó: “Nadie discute que todo trabajo debe ser remunerado. El problema es que el Estado puede imponer por ley cuánto vale un servicio privado, limitar la competencia y trasladar ese costo a toda la sociedad. Por esa razón rechazamos”.
Su intervención introdujo una crítica directa al rol del Estado en la determinación de valores dentro de un ámbito que definió como propio de la actividad privada.
En la misma línea argumental, Jarenko cuestionó los efectos de establecer honorarios mínimos obligatorios, señalando que ello restringe la libertad de contratación entre las partes. “Cuando se fijan precios mínimos, lo que desaparece no es el problema, desaparecen las opciones. Esto va a dejar afuera a muchas personas que hoy pueden acceder a un abogado y mañana ya no van a poder hacerlo”, advirtió, al tiempo que vinculó la medida con una potencial reducción de alternativas para los usuarios del sistema legal.
IMPACTO SOCIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA
Durante su exposición, la legisladora puso especial énfasis en el impacto que la normativa podría tener sobre los sectores más vulnerables, al advertir que el encarecimiento de los servicios legales podría profundizar desigualdades preexistentes. “El que tiene recursos va a seguir litigando. Pero el trabajador, el jubilado, una madre que necesita reclamar alimentos o un pequeño comerciante van a encontrar una barrera más alta para acceder a sus derechos”, remarcó, delineando un escenario en el que el acceso a la justicia se vería condicionado por la capacidad económica de los ciudadanos.
En ese contexto, el bloque sostuvo que la fijación de honorarios mínimos obligatorios implicaría un incremento generalizado de costos, lo que, a su entender, afectaría de manera desproporcionada a quienes dependen de servicios legales para la defensa de derechos básicos. La argumentación se apoyó en la premisa de que la regulación rígida de precios puede traducirse en una exclusión indirecta, al reducir la posibilidad de acordar honorarios acordes a cada situación particular.
Asimismo, se planteó que la iniciativa podría generar un efecto adverso en la dinámica del mercado profesional, al limitar la competencia entre abogados y establecer condiciones uniformes que no contemplan las diferencias de trayectoria, especialización o capacidad económica de los clientes. En este sentido, se señaló que la diversidad de situaciones existentes en el ejercicio profesional quedaría subsumida bajo un esquema homogéneo que no reflejaría las particularidades de cada caso.
CRÍTICAS A LA REGULACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
Por su parte, el diputado Adrián “Junior” Zukiewicz profundizó las críticas al proyecto al calificarlo como una propuesta de carácter “corporativa”, al considerar que prioriza los intereses del sector profesional por sobre los de los ciudadanos. “Se otorgan privilegios, se presume que toda actuación es útil y se limita el control sobre los honorarios. Incluso se obliga a los jueces a respetar mínimos aunque el caso no lo justifique. ¿Dónde queda el equilibrio?”, cuestionó, poniendo en discusión los criterios de equidad que, a su juicio, deberían regir la normativa.
El legislador también objetó la intervención estatal en la fijación de precios dentro del ámbito de los servicios legales, señalando que ello implica una restricción a la autonomía de las partes para negociar condiciones. “Se avanza sobre la libertad de las partes de acordar, negociar y elegir. No es lo mismo un gran estudio que un abogado que recién empieza, ni un cliente con recursos que uno que apenas llega a fin de mes. Sin embargo, esta ley los mete a todos en el mismo esquema rígido”, explicó, al subrayar la heterogeneidad del mercado y de las relaciones contractuales involucradas.
Finalmente, Zukiewicz sostuvo que la iniciativa no resolvería los problemas que busca abordar, sino que podría generar nuevas desigualdades en el acceso al sistema judicial. “La verdadera injusticia no es que un profesional cobre distinto según el caso, sino que haya personas que directamente no puedan acceder a la justicia. Defender la justicia también es defender el acceso a la justicia, y eso se logra con más libertad, más competencia y más opciones, no con precios fijados ni estructuras cerradas”, concluyó, sintetizando la posición del bloque frente al proyecto en debate.