Juan Martín Alfonso trazó un diagnóstico preocupante sobre la actualidad del sector comercial, al que definió como «muy estancado» y sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo. En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el dirigente analizó el impacto del contexto económico, la falta de financiamiento accesible y el crecimiento de la informalidad.
Al ser consultado sobre la situación actual del comercio, Alfonso fue contundente: «La verdad que es una situación difícil y que encima no vemos por ahí un escenario más prometedor o un futuro que a uno le pueda decir que viene una mejora para este año».
En ese sentido, explicó que si bien el sector comprende la necesidad de ordenar la macroeconomía, ese proceso aún no se traduce en beneficios concretos para la actividad cotidiana: «Entendemos que la macroeconomía se debía a un fuerte reordenamiento y que es muy necesario para proyectar un montón de otras cuestiones, pero en algún momento eso tiene que empezar a derramar hacia la microeconomía y vemos que no es algo que, al menos en el corto o mediano plazo, esté en los planes».
El dirigente insistió en que esa falta de «derrame» impacta directamente en el comercio minorista: «Hoy vemos una actividad comercial realmente muy estancada, muy planchada y que no tiene signos de repuntar».
Reclamo por
un Estado «facilitador»
Alfonso aclaró que desde el sector no se promueven políticas de asistencia indiscriminada, pero sí un rol activo del Estado para acompañar a las pymes: «No proponemos volver a formas de gestión anteriores, pero sí creemos que un Estado presente es un Estado facilitador.
No un Estado de dádivas, sino uno que permita a una pyme acceder a una máquina, a insumos o a capital de trabajo en condiciones razonables».
En esa línea, remarcó la necesidad de financiamiento accesible: «Se necesita poder comprar y pagar a tasas que estén dentro de las posibilidades reales de una pyme. A partir de ahí se puede pensar en un verdadero plan productivo».
Sin un plan productivo y con pymes al límite
El titular de la Cámara también advirtió sobre la ausencia de políticas de largo plazo orientadas al entramado productivo: «Hoy no hay un horizonte de un plan productivo o industrial para más del 90% de las empresas argentinas, que son pymes, y que además generan más del 70% del empleo privado».
Asimismo, sostuvo que el sector ya realizó los ajustes posibles en un contexto de alta exigencia:
«Los esfuerzos que se le podían pedir al comercio chico y a la sociedad en general ya no tienen mucho más lugar. Ordenamos costos, dejamos de depender de la inflación como herramienta de corrección y hoy tenemos que ser eficientes».
Y agregó: «Nuestros márgenes ya no pueden bajar más. Es momento de tener una señal que, por lo pronto, no 04 Foto 41aparece».
Crédito, importaciones y contrabando
Consultado sobre los factores que afectan al sector, Alfonso señaló que se trata de un «ecosistema» complejo: «No es algo tan lineal como decir apertura de importaciones igual a cierre de empresas. Condiciona, sí, pero no necesariamente determina una quiebra».
Sin embargo, subrayó otros factores críticos: «El acceso al crédito es clave, pero tiene que ser realmente posible de afrontar. Y también hay problemas como el ingreso ilegal de mercadería, que genera una competencia desleal muy fuerte».
En relación al contrabando, fue enfático: «No solo perjudica al comerciante que está en regla, sino también al Estado, que deja de recaudar. Es un daño muy grande a todo el entramado productivo».
Cierres, informalidad
y aumento de
la mora
En cuanto al movimiento del sector, Alfonso confirmó que se registran cierres de comercios, aunque aclaró que no siempre implican la desaparición total de la actividad: «Muchas veces no es que la empresa cierra definitivamente, sino que el comerciante se ve obligado a volcarse a la informalidad para poder sostenerse y no dejar sin trabajo a sus empleados».
Asimismo, alertó sobre el deterioro de la situación financiera tanto de las familias como del sistema: «Hay una tendencia negativa en el empleo y también en la mora.
La mora del sistema financiero está en torno al 10%, cuando históricamente había sido del 7%, y sigue en aumento».
Y aclaró con un dato preocupante: «En el caso de las familias, estamos cerca del 40% de mora. Es realmente una situación muy difícil».
Controles en bares y boliches del consumo de estupefacientes
En otra parte del diálogo, Alfonso se refirió a la iniciativa de reforzar los controles en bares, restaurantes y boliches nocturnos respecto al consumo de estupefacientes, y aclaró que la medida no apunta únicamente a la marihuana, sino a todo tipo de sustancias.
«Es el consumo de todo tipo de estupefacientes, no solo de marihuana», explicó el dirigente, quien detalló que uno de los aspectos que motivan la intervención es la «ostensibilidad» del consumo, particularmente en el caso del cannabis.
«La marihuana tiene como particularidad el olor que trasciende a terceros cuando se está consumiendo, algo que puede resultar molesto para otras personas», indicó.
En ese contexto, Alfonso señaló que desde la entidad comercial no se oponen a la aplicación de la ley, pero sí solicitaron a las autoridades judiciales y policiales un plazo razonable para que los comerciantes puedan adaptarse.
«Si la ley se va a aplicar, lo entendemos, pero pedimos un tiempo prudencial para informar a nuestros asociados, capacitar al personal y adecuar los espacios con cartelería preventiva», sostuvo.
Evitar sanciones, no perseguir consumidores
El titular de la Cámara remarcó que el objetivo principal es prevenir sanciones a los comerciantes y no perseguir a los consumidores. «Esto no es en contra del que consume ni busca desalentar la actividad comercial. Todo lo contrario: se trata de evitarle un problema al dueño del negocio», afirmó.
En ese sentido, explicó que la normativa vigente pone el foco en la responsabilidad del titular del local. «Acá no es una cuestión de quién está consumiendo, sino de quién está facilitando el lugar para que eso ocurra. Es decir, el problema es el comerciante que lo permite», subrayó.
Alfonso también aclaró que, aun en casos de consumo con fines medicinales, la legislación establece límites claros. «Más allá de las libertades individuales, el Reprocann no habilita a fumar en espacios públicos o de acceso público, como lo es un local comercial. Eso es importante entenderlo», indicó.
Marco legal y posibles sanciones
El dirigente hizo referencia al marco normativo vigente, en particular a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y su adhesión provincial, que contemplan sanciones para quienes faciliten el consumo en determinados ámbitos.
«Las penas pueden ir desde multas y clausuras hasta la inhabilitación del local. En casos extremos, incluso puede haber penas de prisión de entre 3 y 12 años, aunque eso requiere un nivel de connivencia mucho mayor», explicó.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que podría implicar una sanción de este tipo: «No es poca cosa en este contexto. A la clausura se suma el estigma social y toda la burocracia para volver a habilitar el negocio».