La Cámara de Diputados de la Nación Argentina llevará adelante esta semana dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte polémica por las restricciones impuestas a la participación ciudadana. De los más de 100 mil inscriptos, solo 400 podrán exponer de manera oral, ya sea en forma presencial o virtual.
El esquema fue definido por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, que estableció que las audiencias se realizarán en dos jornadas: una presencial y otra virtual. El resto de los participantes deberá enviar sus opiniones por escrito o mediante videos breves, lo que generó críticas por parte de sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas.
Entre las voces que cuestionaron la medida se encuentra Greenpeace, que presentó una cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. La causa quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, quien deberá definir si se amplía el esquema de audiencias.
El proyecto en discusión propone modificar la actual normativa para permitir actividades económicas en zonas periglaciares bajo evaluación de impacto ambiental, además de otorgar mayor poder a las provincias en la definición de áreas protegidas. Mientras algunos gobernadores impulsan la iniciativa para atraer inversiones, sectores opositores advierten sobre posibles riesgos ambientales.