La Cámara de Diputados de la Nación comienza hoy una instancia decisiva en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, con audiencias públicas, la de hoy presencial, que reúnen a más de 50 mil personas inscriptas, en un contexto de fuerte debate sobre la protección de los recursos hídricos y el desarrollo productivo.
La magnitud de la convocatoria, inédita para este tipo de mecanismos, encendió alertas entre especialistas, quienes advirtieron sobre la necesidad de garantizar efectivamente el «derecho a ser oído» de cada participante.
La discusión, que continuará mañana en modalidad virtual, se desarrolla en el Congreso en medio de posiciones encontradas entre sectores que promueven una flexibilización de la normativa principalmente vinculados a la actividad minera y gobiernos provinciales y organizaciones ambientales y científicas que alertan sobre posibles daños irreversibles a las reservas de agua dulce.
En ese escenario, la directora de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Mirta Gladis Sotelo de Andreau, sostuvo que las audiencias públicas deben ser mucho más que una formalidad institucional. «El derecho a ser oído no implica solamente que vos puedas expresar tu opinión, sino que sea verdaderamente escuchada, que el organismo recepte tu opinión, la evalúe y la considere», afirmó.
La especialista advirtió que, con un número tan elevado de participantes y tiempos acotados de exposición, existe el riesgo de que el proceso pierda su sentido. «Si no se instrumentan los procedimientos adecuados, la audiencia puede convertirse en una mera ilusión», señaló, en referencia a la imposibilidad material de procesar miles de intervenciones en profundidad.
El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares adquiere especial relevancia por su impacto directo en la preservación de ecosistemas estratégicos. La normativa vigente establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas fundamentales de agua dulce.
El proyecto en discusión propone, entre otros puntos, otorgar mayores facultades a las provincias en la delimitación y regulación de estas áreas.
La importancia de las audiencias
Según explicó Sotelo de Andreau, este tipo de instancias participativas son claves para el «buen gobierno y la buena administración», ya que permiten incorporar múltiples miradas antes de la toma de decisiones.
En ese sentido, destacó que las audiencias públicas se rigen por principios como la igualdad, la publicidad, la oralidad, la informalidad y la gratuidad, lo que garantiza que cualquier ciudadano pueda intervenir sin restricciones.
Sin embargo, la académica puso el foco en las dificultades prácticas que presenta la implementación del mecanismo en este caso. La convocatoria original estimaba alrededor de 200 participantes, pero la cifra fue ampliamente superada. Hoy, con más de 50 mil inscriptos, el esquema previsto -de apenas 5 minutos por expositor- resulta insuficiente.
«Se ve complicado por la cantidad de personas que están inscriptas y los plazos que tienen para exponer», sostuvo, al tiempo que insistió en que las intervenciones deben ser «evaluadas correctamente» para que puedan incidir en el informe final que elaborarán las comisiones legislativas.
La preocupación central radica en que la participación ciudadana, lejos de convertirse en una herramienta efectiva de incidencia, termine reducida a un cumplimiento formal. «No tiene que ser solo una declaración o un deseo, sino que verdaderamente se cumpla», remarcó.
El marco legal que sustenta estas audiencias se apoya en el Acuerdo de Escazú, tratado regional ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566, que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
A nivel local, también intervienen normas como la Ley General del Ambiente y la Ley Yolanda, que promueven decisiones basadas en evidencia científica y en la intervención de la sociedad civil.
En ese sentido, Sotelo de Andreau subrayó que el derecho a la participación está íntimamente ligado al debido proceso. «Esa es una de nuestras garantías principales a las que tenemos derecho», afirmó y advirtió que su vulneración podría derivar en cuestionamientos legales sobre la validez del procedimiento.
El trasfondo del debate expone una tensión estructural entre intereses productivos y ambientales. Por un lado, el gobierno nacional y varias provincias con potencial minero impulsan modificaciones que permitan dinamizar inversiones y otorguen mayor claridad en la delimitación de áreas protegidas.
Por otro, organizaciones como Greenpeace, Aves Argentinas y la Asociación de Abogados Ambientalistas, junto a sectores científicos, advierten sobre los riesgos de flexibilizar la protección de los glaciares.
Para estos últimos, cualquier alteración de los ecosistemas glaciares puede tener consecuencias irreversibles sobre el abastecimiento de agua dulce, especialmente en un contexto de crisis climática.
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana no solo es un derecho, sino una herramienta clave para evitar decisiones que puedan afectar a generaciones futuras.
En este contexto, la especialista de la Unne planteó la necesidad de avanzar hacia una lógica de cogestión entre el Estado y la ciudadanía. «Que los recursos naturales no sean modificados o destruidos sin el conocimiento y la participación de quienes serán afectados por estas decisiones», expresó.
El desafío, sin embargo, es operativo y político al mismo tiempo. Si se otorgaran cinco minutos a cada uno de los más de 50 mil inscriptos, la audiencia se extendería durante meses, lo que evidencia la necesidad de mecanismos alternativos para sistematizar y procesar la información.
Frente a este escenario, la Cámara de Diputados habilitó nuevas instancias de participación, entre ellas la posibilidad de intervenir a través de su canal oficial de YouTube. Esta modalidad busca ampliar el acceso y ordenar el flujo de aportes, aunque no resuelve por completo el problema de fondo: cómo garantizar que cada voz sea efectivamente considerada.
Las audiencias
Las audiencias se desarrollan en la Sala 2 del Anexo C del Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La jornada presencial de hoy marca el inicio de un proceso que continuará de forma virtual el día siguiente, con exposiciones previstas entre las 10 y las 19.
Más allá de los detalles operativos, lo que está en juego es la calidad del proceso democrático en la toma de decisiones ambientales. La masiva participación refleja un alto nivel de interés social en el tema, pero también pone a prueba la capacidad del Estado para canalizar esa demanda de manera efectiva.
Sotelo de Andreau insistió en que el éxito de las audiencias no debe medirse por la cantidad de intervenciones, sino por su impacto real. «Que el organismo recepte, evalúe y considere, ya sea aceptando o rechazando», reiteró, como condición indispensable para cumplir con el mandato constitucional.
Reformas contrarias al sistema de derecho ambiental
Por su parte, la titular de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Unne, Haraví Eloisa Ruiz, advirtió que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares representa un «retroceso en materia ambiental» y podría acarrear consecuencias graves para la protección de los recursos hídricos en el país.
En declaraciones a Unne Medios, sostuvo que la iniciativa, presentada como una norma «aclaratoria», en realidad introduce modificaciones sustanciales al régimen vigente desde 2010.
Uno de los principales cuestionamientos radica en el mayor poder que la reforma otorgaría a las provincias para definir qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser protegidos. Según explicó, esto implicaría un debilitamiento del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que pasaría a tener una función meramente registral, sin capacidad técnica decisoria.
«Esto es gravísimo», señaló, al advertir que se perdería un criterio científico unificado y se pondría en riesgo la protección homogénea del ambiente en todo el territorio nacional. La especialista también alertó sobre el riesgo de que las jurisdicciones, en particular aquellas con fuerte actividad minera, definan los niveles de protección en función de intereses económicos.
«Podría llevar a una desprotección justamente en las zonas donde más abundan estos recursos», sostuvo, y remarcó que la propuesta vulneraría el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido en la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.
En esa línea, Ruiz consideró que la reforma podría ser inconstitucional y violar el principio de no regresión ambiental, consagrado en el derecho internacional y reforzado por el Acuerdo de Escazú. Advirtió que una eventual disminución en la protección de glaciares -reservorios estratégicos de agua dulce- tendría impactos ecológicos y productivos de gran escala, afectando cuencas hídricas, economías regionales y el abastecimiento de agua.
Pese a este escenario, la académica planteó que existen herramientas jurídicas para frenar la aplicación de la norma en caso de avanzar en el Congreso. Señaló que podrían impulsarse acciones judiciales para cuestionar su constitucionalidad o la eventual violación de compromisos internacionales, y consideró que la intervención de actores sociales y del sistema judicial será clave para resguardar el esquema actual de protección ambiental.