Desde el viernes pasado, cuatro policías comenzaron a ser juzgados en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña por una brutal agresión contra una familia de empresarios madereros de Machagai ocurrida en mayo de 2022. Una de las víctimas sufrió lesiones permanentes tras el ataque.
«Somos gente trabajadora, nunca pisamos una comisaría, ni para sacar un certificado. El daño que nos causaron es algo inhumano», expresó Daniel Vergara, empresario maderero de Machagai, quien recordó así lo que fue la brutal golpiza que sufrió junto su familia en medio de un violento operativo policial ocurrido hace casi cuatro años.
Por este hecho, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, comenzaron a ser jugados el viernes cuatro efectivos policiales acusados de golpear, gasear y amenazar a una familia de comerciantes madereros.
La jueza del caso es Fanny Zamateo, publicó el portal judicial Litigio.
En tanto que las partes están integradas por: el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la fiscal Especial adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar; la querella, a cargo de Ramiro Cabaña y Leandro Fioravanti, por la defensa de los imputados.
LAS DECLARACIONES
Durante la primera jornada, declararon todos los testigos, con dos excepciones: una persona que se encuentra en el sur y no pudo llegar a la audiencia y otra que está fallecida.
En este último caso, se aceptó la incorporación por acta de su testimonial durante la instrucción. Se fijó la próxima audiencia para el 6 de abril próximo.
EL INCIDENTE
El caso tiene como víctimas a integrantes de la familia Vergara, dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera.
Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, cerca de las 23, enviaron un cargamento desde Machagai con destino a Santa Fe. El camión era conducido por Brian Vergara (20), acompañado por dos ayudantes.
Cuando circulaban por la ruta nacional 16, a la altura de Colonia Aborigen, fueron interceptados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai.
Tras solicitar la documentación, Brian exhibió la guía de transporte, pero explicó que no contaban con ticket de balanza, debido a que en Presidencia de la Plaza -localidad de origen de la guía- no funcionaba una balanza habilitada. Aclaró, además, que la documentación era legal y válida.
Lejos de aceptar la explicación, los policías les informaron que serían demorados, que el cargamento quedaría retenido y que debían ser escoltados hasta la comisaría. Durante el trayecto, el vehículo comenzó a recalentarse.
Ante la posibilidad de una avería mayor, Brian pidió detenerse y avisó que recibiría auxilio mecánico. Los agentes accedieron, aunque le advirtieron que la situación debía «arreglarse» con el comisario.
Minutos después llegó al lugar Daniel Vergara, padre del conductor, quien luego se convertiría en la principal víctima del hecho.
Poco después arribó otra camioneta policial con varios efectivos, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo.
Al descender, uno de los policías lanzó una frase intimidante: «¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?».
EXTREMA VIOLENCIA
Lo que siguió fue – según la acusación – una secuencia de extrema violencia. De acuerdo a lo que relataron las víctimas, intentaron esposarlos sin motivo, los arrojaron al suelo y los alinearon boca abajo.
Siete personas fueron reducidas, rociadas con gas pimienta y golpeadas durante más de media hora.
Daniel Vergara recibió culatazos, golpes de puño y patadas que le provocaron la fractura de una muñeca, lesión por la que debió ser operado y que le dejó una incapacidad permanente.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda.
Recién varias horas después, ya de madrugada, el comisario Báez los llamó uno por uno y, según consta en la causa, les ofreció la libertad a cambio de que no denunciaran lo ocurrido. La advertencia fue explícita: «El pueblo es chico y nos podemos encontrar».
La fiscala Sluzar elevó la causa a juicio al considerar probados los apremios ilegales.
En su dictamen sostuvo que «no existen dudas sobre la responsabilidad de los imputados en la producción del hecho criminoso», por lo que deberán responder penalmente.
El comisario Báez y el subcomisario Fernández están imputados de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor.
En tanto, el sargento Gerzel y el cabo Villalobo enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.