La operación se realizó en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de su ascenso como jefe de Gabinete. Ahora, que salió a la luz la propiedad, las mujeres que le habrían prestado plata negaron conocer al jefe de Gabinete.
La compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito volvió a colocar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica política y judicial. Esta vez, las dos mujeres que figuran en la escritura como acreedoras de la hipoteca privada por US$ 200.000 negaron conocer al funcionario o haber mantenido algún vínculo con él, lo que profundizó las sospechas sobre la operación inmobiliaria.
Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti, un departamento de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicado sobre la calle Miró al 500, por un valor de US$ 230.000. La operación se concretó en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de su designación al frente de la Jefatura de Gabinete.
Lo que disparó nuevas dudas fue la modalidad de financiamiento: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas personas que vendieron el inmueble. En la documentación aparecen Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, como acreedoras de US$ 100.000 cada una. Sin embargo, al ser consultadas por periodistas, ambas aseguraron no conocer al funcionario. Una de ellas respondió de manera tajante: “No, la verdad que no”.
El caso se da en un contexto sensible para el funcionario nacional, que ya se encuentra imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y bajo análisis del juez Ariel Lijo. La investigación busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y la evolución de su patrimonio, especialmente tras la adquisición de este inmueble y otras propiedades atribuidas a su entorno familiar.
Desde el entorno del jefe de Gabinete insistieron en que no existe ninguna irregularidad y sostuvieron que todos sus bienes fueron obtenidos durante sus años de actividad privada, antes de desembarcar en la función pública. No obstante, la aparición de prestamistas que desconocen la operación suma un nuevo elemento a una causa que sigue creciendo en repercusión política.
Con información de Clarín