La Corte Suprema de Justicia presentó el «proyecto de reglamento de concursos para la selección de magistrados», que establece concursos anticipados y especiales, inscripción continua y pública mediante un sistema digital unificado, legajo personal intransferible obligatorio y pruebas de oposición en dos etapas con corrección automatizada. Además, establece anonimato garantizado por medios informáticos, entrevistas públicas a los seis mejores candidatos transmitidas por medios audiovisuales y dictamen final de la terna con puntajes para reforzar mérito, transparencia y trazabilidad en la selección de jueces.
La Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto integral destinado a reformar los concursos del Consejo de la Magistratura, con el propósito de reducir la discrecionalidad en la designación de jueces y fortalecer los criterios de mérito, transparencia y trazabilidad.
La iniciativa, aprobada mediante la acordada 4/2026, fue encabezada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se centra en optimizar los procesos de selección de magistrados tanto a nivel federal como provincial.
La presentación del proyecto se realizó en un acto que congregó a autoridades judiciales, consejeros del Consejo de la Magistratura, representantes del Ministerio Público, legisladores, académicos y organizaciones sociales.
El encuentro buscó subrayar la importancia de garantizar un procedimiento claro, objetivo y abierto, capaz de generar confianza en la ciudadanía respecto al nombramiento de jueces en el país.
Rosenkrantz destacó durante la exposición que la propuesta responde a la «necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento» y enfatizó que el objetivo central es «identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad». Su intervención insistió en la relevancia de establecer normas claras que impidan arbitrariedades en la selección de magistrados.
Por su parte, Lorenzetti alertó sobre un «déficit estructural» en los procesos de selección judiciales y señaló que en varias jurisdicciones se observa una creciente partidización en la designación de jueces. Subrayó que la reforma pretende evitar que estas designaciones respondan a intereses coyunturales, arbitrarios u oscuros, reafirmando la independencia del Poder Judicial frente a influencias externas.
La acordada 4/2026 propone una reorganización integral del sistema de concursos, manteniendo como resultado final la terna de candidatos que el Consejo de la Magistratura envía al Poder Ejecutivo.
Este mecanismo busca garantizar continuidad institucional, mientras refuerza criterios de transparencia y objetividad en la evaluación de postulantes.
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y REFERENTES
En la presentación participaron consejeros del Consejo de la Magistratura, entre ellos Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.
También estuvieron presentes exconsejeros como Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participó acompañado de sus antecesores Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo. Su presencia destacó la coordinación institucional entre los distintos niveles del sistema judicial y el Poder Ejecutivo en la implementación de reformas normativas.
Entre las autoridades judiciales presentes se contaron la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el ministro Daniel Soria, la presidenta del Tribunal Superior de la Ciudad, Inés Weinberg, y los jueces Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi. También asistieron Javier Raidan, presidente del Superior Tribunal de Chubut, y Federico Otaola, titular de la Suprema Corte de Jujuy.
El proyecto fue recibido como un esfuerzo por fortalecer la idoneidad y previsibilidad del sistema judicial. Los ministros resaltaron que la reforma busca incrementar la confianza pública en uno de los procesos institucionales más sensibles, garantizando que la selección de jueces se base en criterios objetivos y trazables.